Espionaje telefónico, delito grave: Porfirio Muñoz Ledo

Dos grandes equivocaciones del hoy comisionado para la Reforma Política de la Ciudad de México

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Como personaje de la política y la academia, la semana pasada Porfirio Muñoz Ledo estuvo como invitado en el programa que dirige la periodista Carmen Aristegui.

El tema, el espionaje telefónico en México y la procedencia de juicio político al Presidente de la República.

En su disertación, el ex secretario del Trabajo y ex secretario de Educación Pública, aseguró que el único con capacidad para espiar a disidentes, críticos y defensores de derechos humanos es el gobierno federal.

El argumento es de todos conocido: el programa  Pegassus solamente se vende a gobiernos como parte de la política de la empresa israelí NSO Group.

En lo que se equivocó el también ex presidente del PRI nacional es en la sanción prevista y la forma de aplicarla a quienes espían.

Según el además ex presidente del PRD nacional, el artículo 177 del Código Penal Federal dispone una sanción de seis a doce años de prisión a cualquiera que intervenga una comunicación privada sin mandato de la autoridad judicial federal.

Muñoz Ledo aseguró a la señora Aristegui que esa sanción, entre el mínimo y el máximo, da un promedio de nueve años, lo que hace, automáticamente, al delito de espionaje, una falta grave a la ley penal.

Su aserto lo sustentó en que cualquier delito cuyo promedio pasa de cinco años de prisión es considerado como grave.

Pero fue todavía más allá cuando en una deformada interpretación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Muñoz Ledo afirmó que con base en los artículos 108, 110 y 111 es posible instaurar  juicio político en contra del Presidente de la República por el delito de espionaje telefónico.

Las dos afirmaciones del ex embajador panista de México ante la Unión Europea carecen de todo sustento político y jurídico.

La fórmula matemática del promedio de los cinco años de prisión es una figura arcaica y en desuso, superada a partir de 1993 con la reforma hecha al Artículo 20 de la Carta Magna.

Desde el texto original de la Constitución de 1917, ese dispositivo Constitucional disponía: “Inmediatamente que lo solicite (el acusado) será puesto en libertad provisional bajo caución (…) siempre que dicho delito (…) merezca ser sancionado con pena cuyo término medio aritmético no sea mayor de cinco años de prisión (…)”.

De manera ambigua y difusa se incluyó por primera vez la denominación de delitos graves, pero sin precisarlos. Simplemente se mencionaba que el juzgador podía conceder a una persona el beneficio de la libertad provisional siempre que se tratara de delitos no graves.

En el año de 1998 hubo una reforma constitucional y penal en la que por primera vez se enumeraban los delitos graves.

En el Artículo 19 de la Constitución mexicana, de manera limitativa se incluyeron  como delitos graves los de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como los que sean contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Con mayor precisión el Código Federal de Procedimientos Penales, en su artículo 194, detalló más de 60 delitos considerados como graves, con lo que quedaba superada la imprecisión original de determinar la gravedad de la infracción, con base en una media aritmética de cinco años, a la cual Porfirio Muñoz Ledo indebidamente  toma como sustento para poder iniciar juicio político al Presidente de la República.

Finalmente, la media aritmética quedó en definitiva sepultada, cuando el 4 de marzo de 2014, se expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales y en cuyo artículo 167 quedaron definidos 11 delitos considerados como graves en el Código Penal Federal.

Según Muñoz Ledo esa media aritmética de cinco años es suficiente para iniciarle juicio político al Presidente de la República, por el delito de espionaje telefónico. Tampoco tiene sustento semejante afirmación. La Carta Magna no tiene previsto el juicio político para el Primer Mandatario de la Nación.

El precepto establecido en el Artículo 108 Constitucional es absolutamente claro: “El Presidente de la República durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”.

Esa disposición significa que mientras esté en el cargo, el Presidente goza de fuero-inmunidad respecto de cualquier delito oficial.

En el momento de la redacción de esta responsabilidad atribuida al Presidente de la República, no había precisión en cuanto a qué se entendía por delitos graves del orden común.

Esta omisión en la ley hacía que quedara a criterio del Congreso de la Unión qué se entendía por delitos graves. Y como nunca ha sucedido que en México se inicie declaración de procedencia para acusar penalmente a un Presidente de la República, jamás hubo criterio definido para saber qué se entendía y cómo se determinaban los delitos graves.

Sin embargo, ahora que con toda precisión el Código Federal de Procedimientos Penales y el Código Nacional de Procedimientos Penales hacen explícita la clasificación de los delitos graves, ya no hay lugar a dejar a criterio de las Cámaras federales de qué se entiende por los mismos.

Lo malo es que Muñoz Ledo otorga la calidad de grave a la intercepción telefónica cuando que no lo es, y además, motivo para iniciar juicio político al Presidente de la República, en términos del Artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior tampoco tiene sustento. El Artículo 111 Constitucional previene la declaración de procedencia en contra de todos los funcionarios federales y estatales, y no por lo que toca al Presidente de la República, quien sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos previstos del Artículo 110.

Si bien el Artículo 110 regula el juicio político para todos los funcionarios de la Federación y de los estados, de esta figura constitucional se excluye al Presidente de la República y no como erróneamente se pretende hacerlo sujeto de juicio político.

Para entender lo anterior hay que hacer la diferenciación entre el procedimiento penal instaurado en contra de los secretarios de Estado, diputados federales y senadores, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Presidente de la República.

A todos los altos servidores públicos de la Federación, basta con que la Cámara de Diputados, por mayoría absoluta, determine su responsabilidad penal para que queden separados del cargo y a disposición de la autoridad competente.

Por su alta investidura el caso del Presidente de la República es diferente y obliga a la intervención del Congreso de la Unión. La Cámara de Diputados por la mitad más uno de sus miembros presentes, al declarar que el Presidente es responsable penalmente procede acusarlo ante la Cámara de Senadores. Esta asume funciones judiciales, y por resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión, aplica la sanción correspondiente.

Así, el redactor de la Constitución de la Ciudad de México se equivocó. Ya no priva la media aritmética, la intercepción telefónica no es delito grave y la Constitución no considera  el juicio político para el Presidente de la República. Ampliaremos…

 

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