> A este dúo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes canceló, el 23 de agosto pasado, la concesión del ferrocarril conocido como ‘La Bestia’

> Lo que toca investigar, ahora, a los nuevos responsables de la PGR es si el contrato entre ex servidores públicos del calderonismo y Paulo DÍez incluyó montar los equipos de espionaje inexistentes en la oficina del  titular de la SCT

Un nuevo giro, escandaloso, al estilo del empresario defraudador Pedro Topete y su abogado, socio y publirrelacionista, Paulo Díez, involucró la credibilidad del periódico Reforma en el conflicto que mantienen con el secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, por la autopista “Los Remedios-Ecatepec” y la cancelación de la concesión del ferrocarril conocido como “La Bestia”.

Reforma publicó el viernes que “la SCT había emprendido una revisión especial luego de que se detectaran equipos de grabación en su sede central, ubicada en la Colonia Narvarte de la Ciudad de México”.

Especialistas habrían recibido la orden de barrer plafones, muros de tablaroca, contactos eléctricos, apagadores, telefónicos fijos, muebles, alfombras, lámparas, y hasta computadoras, para analizar virus de intrusión, a fin de evitar pantallas espejo monitoreadas desde puntos remotos.

La nota no dice si los peritos en espionaje  revisaron la ropa del secretario y de su oficial mayor, Rodrigo Ramírez Reyes, y el GPS de sus automóviles, y teléfonos móviles, para determinar si no les fueron colocados también artilugios para identificar sus movimientos cotidianos y poder seguir sus pasos y encuentros, uno a uno.

La sensacional nota fue la principal de la portada del diario, lo que indica la importancia que los editores dieron al informante del “Staff” de Reforma. No era para menos; no todos los días se revela que un miembro del gabinete Peña Nieto descubre que sus palabras y las de sus principales colaboradores y visitantes son escuchadas, a distancia remota, por oídos ajenos a sus interlocutores.

Un día después ocurrió un hecho singular: El secretario de Comunicaciones, que no  acostumbra  hacer alusiones a botepronto de las noticias en torno a su dependencia, reaccionó de inmediato, mediante carta a Reforma, negando que servidores públicos de su entorno realizaran investigaciones sobre un presunto espionaje en diversas áreas de la dependencia, incluida su propia oficina; y otro aún más singular: El diario publicó la misiva en su primera página, cuando la mayoría de las veces envía las aclaraciones a las planas interiores.

¿QUIÉN ENGAÑÓ A REFORMA?

A partir de estos dos hechos debemos concluir que alguien o algunos engañaron a Reforma con la publicación de una exclusiva sensacional, como lo es que un miembro del gabinete de Peña Nieto esté bajo observación de desconocidos interesados en lo que hace y dice en su propia oficina, y que la grosera involucración de la credibilidad del diario obligara a sus editores a otorgar a la aclaración de Ruiz Esparza poco menos del espacio concedido a la información sobre el supuesto espionaje, y casi en el mismo lugar de la primera página.

Pero ¿quién o quiénes pudieron burlar, de manera tan fácil, los estrictos principios de control de la información de los editores de Reforma? y ¿por qué el secretario Ruiz Esparza rompió su proverbial proclividad a capear con bajo perfil los temporales?

Es inadmisible suponer que el prestigioso diario, cuyas exclusivas suelen conmocionar a la opinión pública, se prestara, de manera consciente, a las estrategias de quienes se mueven en torno a eventos pasados de espionaje telefónico al propio secretario de Comunicaciones con directivos de la empresa española OHL, todos relacionados con la construcción del viaducto elevado Bicentenario, como sugiere el propio Reforma.

Entonces ¿qué debemos concluir o, por lo menos, especular?

Debemos suponer, sin duda, que en la reunión del “Staff” de Reforma para conceder el privilegiado espacio a la noticia sobre el espionaje que Ruiz Esparza niega estar sometido tuvo a su alcance elementos verosímiles como para decidir la inclusión de la filtración de uno o varios miembros de la Contraloría Interna de la SCT en su primera página, al lado de informaciones relevantes, como la crisis en el Trife, desatada por las reformas, y la mansión de Javier Duarte en Miami.

Nadie en periodismo, por lo menos el de esa casa editorial, se deja engañar de manera tan burda.

No obstante, suele ocurrir.

Apenas sucedió a uno de los columnistas políticos mejor informados de la capital de la República, y uno de los conductores de noticieros electrónicos más escuchados. Carlos Loret de Mola reveló que Orso Iván Gastélum, el individuo que fue capturado acompañando a “El Chapo” después de su escandalosa escapatoria del penal del Altiplano, estuvo a punto de salir del penal de Ciudad Juárez liberado por un juez que no le encontró méritos para estar recluido; para su desgracia, pero en beneficio del gobierno federal, pues el hecho habría constituido un bochornoso escándalo, el Ejército se habría percatado a tiempo de lo que ocurriría y, en coordinación con la SEIDO, obtuvo una orden de presentación. Fue así como el “Cholo” no alcanzó a estar un segundo en libertad.

Una exclusiva sensacional, sin duda, sobre todo porque ponía en entredicho, de nueva cuenta, al sistema carcelario federal, responsabilidad del secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong. Si eso hubiese sido cierto, el corte de cabezas no se habría limitado al nivel de Alejandro Monte Rubido (ahora Renato Sales), como ocurrió en la segunda escapatoria de Archibaldo Guzmán.

Sin embargo, al día siguiente, en quizás una de sus primeras acciones como nuevo procurador, Raúl Cervantes dispuso la publicación de un comunicado que precisaba que Orso Iván Gastelum nunca estuvo preso en el penal de Ciudad Juárez y, por lo tanto, nunca estuvo a punto de ser liberado por un juez ni el Ejército ni la SEIDO obtuvieron una orden de presentación para mantenerlo recluido.

Hasta hoy, nadie se ha dignado a explicar qué pasó con esa falsa exclusiva.

Igual ocurrirá, seguramente, con el supuesto espionaje a Ruiz Esparza.

DE RUTINA ESPIAR EN SCT

La aclaración de la SCT a Reforma deja en ridículo al prestigioso diario y la percepción de que las oficinas de Ruiz Esparza son inexpugnables.

En el sexenio pasado ocurrió un hecho escandaloso y peligroso porque el Presidente Felipe Calderón estuvo a punto de recibir de manos de la Subsecretaria de Comunicaciones, Purificación Carpinteyro, un disco compacto conteniendo grabaciones telefónicas obtenidas de manera ilegal y que supuestamente probaban la corrupción del secretario Luis Téllez.

La información de entonces fue difundida, profusamente, por IMPACTO a partir de lo confiado por las dos partes en conflicto, Carpinteyro y Téllez. El secretario me dijo, recuerdo: “Purificación me espiaba”.

En realidad, Carpinteyro recibió el disco del ex presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Héctor Osuna, a través del chofer de la Subsecretaria, que acudió a un café Starbucks a recibir el sobre que lo contenía.

A su vez, Purificación entregó el disco a Calderón en Los Pinos, en una reunión que sostenía con varios miembros del gabinete, entre ellos el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont. Este, a su vez, dio las grabaciones al procurador general de la República para evitar que el mandatario tuviese en sus manos el producto de un delito.

Como salta a la vista, no es tan difícil mantener sometido a vigilancia a un secretario de Comunicaciones. De hecho, le ha ocurrido, sistemáticamente, a Ruiz Esparza.

Supongo que ni el “Staff” de Reforma ni la PGR de Raúl Cervantes dejarán el tema en mera anécdota, como no ocurrió cuando Purificación Carpinteyro debió acudir ante un juez a responder por la denuncia de Téllez. Sus fotos en Tribunales, antes de declarar, son monumentales. No obstante, no se puede hacer mucho si Ruiz Esparza niega que ocurrió lo que funcionarios de la Contraloría Interna de la SCT filtraron al periódico.

Hay antecedentes suficientes para conceder verosimilitud a la información obtenida por los reporteros del diario.

Hasta donde es posible especular, las pistas de lo que puede considerarse, desde ahora, como el caso más grave de espionaje en contra del gobierno mexicano, si ocurrió, apuntaría, de necesidad, hacia Paulo Díez, el representante legal de la empresa Infraiber y socio de Pedro Topete, a quienes la SCT canceló, el 23 de agosto pasado, la concesión del ferrocarril conocido como “La Bestia”.

Ambos personajes han difundido, entre el 21 de abril de 2015 y el 15 de junio de 2016, una serie de llamadas telefónicas, obtenidas mediante espionaje, de funcionarios públicos con empleados de la empresa española OHL, que incluye una conversación en la que aparece la voz del secretario Ruiz Esparza.

La grabación corresponde a una llamada entre el funcionario federal y el directivo de OHL Pablo Wallentin, realizada a principios del mes de abril de 2015 y obtenida, ilegalmente, por medio de aparatos de espionaje. Fue difundida, el 7 de septiembre siguiente, como parte de una bien planteada estrategia de desgaste mediático de la imagen del gobierno y de la empresa española.

En el audio, visiblemente editado, se escucha a Ruiz Esparza comentar sobre el resultado de un encuentro sostenido entre el Presidente Peña Nieto y directivos del más alto nivel de OHL, lo que sirvió a efectos de la campaña negra mediática desatada por Paulo Díez y Pedro Topete contra la compañía española.

Por aquellos audios, 15 en total, directivos y empleados de Obrascón Huarte y Laín S. A., en México presentaron puntual denuncia en contra de quienes impulsaron la difusión ilegal de las conversaciones telefónicas; a consecuencia, Paulo Díez se encuentra sujeto a proceso por un juez penal que realiza las investigaciones pertinentes.

ATANDO CABOS

Las pruebas recolectadas por la PGR en un cateo a la empresa Infraiber, luego de la denuncia presentada por empleados de OHL, serían de mucha utilidad para discernir si el equipo tecnológico que según Ruiz Esparza no se descubrió en sus oficinas es similar al que permitió captar algunas de las grabaciones ilegales que difundió la dupla Díez-Topete en YouTube a través de una cuenta anónima.

Según investigaciones  de IMPACTO, La Revista, al año de que perdieron un contrato valuado en 4 mil millones de pesos para auditar el flujo de vehículos en autopistas del Estado de México, obtenido, graciosamente, sin concurso previo y con una empresa constituida apenas 3 meses antes, el dueño de Infraiber y su vocero mediático habrían activado una serie de contactos con ex servidores públicos del área de Seguridad Nacional en el gobierno de Felipe Calderón y llegaron a un arreglo para armar una red de espionaje enfocada, primeramente, a la empresa española y, luego, al propio gobierno mexicano.

Después de resolver cuestiones de logística económica, que para efectos de querer recuperar un contrato multimillonario era lo de menos, Topete y Díez lograron algo que los catapultó a las primeras planas de los periódicos, que les abrió mayores espacios en páginas de noticias digitales, en la radio y en la televisión: Información que se vende como pan caliente y que, además, puede ser editada y manipulada.

Las grabaciones fueron filtradas a medios de comunicación, aliados o antigobiernistas, quienes las validaron sin reparar en los “saltos” de las voces que, según todos los expertos, confirman que se trata de materiales manipulados.

Para amarrar las negociaciones con su proveedor de espionaje, Paulo Díez se entrevistó con un personaje llamado José Carreto Ortega en el Starbucks de Polanco el 20 de abril de 2014. En ese encuentro, el representante legal y socio de Pedro Topete le dio el nombre del “blanco” al operador de Genaro García Luna, el ex poderoso secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Calderón.

Según testimonios periodísticos recabados de fuentes bien informadas, Carreto Ortega hizo anotaciones en una libretita color café para consultarlas después con su jefe. En realidad, el nombre que anotó Carreto Ortega no era el de una persona; era de una empresa: OHL.

EL FACTOR GARCÍA LUNA

¿Quién es José Carreto Ortega? Fue subalterno de García Luna en la AFI; es su socio en la empresa que aquel creó en Estados Unidos a la salida del gobierno y es, además, el responsable de la oficina que la empresa International ConsultingIntelligence and Technology (ICIT)  tiene en Toluca, Estado de México.

La empresa ICIT es propiedad de otro de los socios del ex secretario de Seguridad Pública Mauricio Samuel Weinberg, uno de los “empresarios de seguridad” de confianza en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón a través de las empresas Teletron LTD, el propio Grupo ICIT y Gull de México.

Reportes publicados en prensa revelan que la amistad de Weinberg con  García Luna es tal que ICIT Security Group Holding LLC fue creada en Miami, Florida, el mismo día y en la misma dirección que una de las empresas familiares de García Luna, y comparten otra coincidencia: El agente registrador, Daniel DÍaz Sarmiento.

Semanas después, por medio de un teléfono encriptado que le fue entregado a Paulo Díez, éste recibió una llamada. Su interlocutor sólo le dijo “Vamos para adelante”. La operación para la intervención telefónica de ejecutivos de Obrascón Huarte y Laín S. A. de C.V., ya estaba en marcha. Fue el 14 de mayo de 2014.

Lo que toca investigar, ahora, a los nuevos responsables de la PGR es si el contrato entre ex servidores públicos del calderonismo y Paulo Díez incluyó montar los equipos de espionaje inexistentes en la oficina del  titular de la SCT.

Habrá que esperar el siguiente episodio de esta serie que podría llamarse “Espías con espuelas en conflicto” porque desechado el absurdo de que Reforma entrara al juego de Topete y Díez, el “Staff”, formado por Lázaro Ríos y René Delgado, tiene presente la máxima de Manuel Buendía: Todo periodista que se precie de serlo es como un buen pistolero que jamás dispara todos los tiros en el primer jalón del gatillo; siempre se guarda los que suelen ser letales.

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