Entre la austeridad y la discrecionalidad

¿Cuál será el alcance político del presidente en la reorientación de ahorros?; ¿se ocupará el dinero en proyectos que no cuentan con evaluaciones costo-beneficio?

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Evidente que titular del Ejecutivo federal está obstinado en cumplir sus proyectos a costa del ahorro en gasto gubernamental

El Senado de la República aprobó, en lo general y en lo particular, las modificaciones al proyecto de la Ley Federal de Austeridad Republicana.

Dicho documento tiene la finalidad de normar la política de austeridad, la cual inició con recortes de hasta el 30% y restructuraciones en todas las dependencias federales.

Las críticas a la ejecución coinciden en la forma abrupta de hacer los recortes.

El proyecto turnado a la Cámara de Diputados contempla realizar diagnósticos y evaluaciones a la política.

Todo parecía indicar que la improvisación en los ajustes desaparecería, pero las acciones de Presidencia contradicen la ley antes de ser decretada.

El Gobierno Federal, desde que tomó posesión, realiza acciones para reducir el gasto público.

El presidente ha girado documentos en los que se solicitan recortes de personal y desaparición de unidades, entre otras acciones.
Los recortes no han reconocido diferencias entre las necesidades en cada dependencia.

El caso más sobresaliente fue el impacto al Sector Salud; incluso provocó la renuncia del director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Las críticas a la austeridad se basan en la falta de diagnósticos para realizar los ajustes y la forma centralizada de la toma de decisiones.

El proyecto de ley que se encuentra en discusión en el Congreso de la Unión tiene la finalidad de regular y normar la política de austeridad, la cual también ha recibido críticas por la aceleración en los procesos, amén de que se ha cuestionado el contenido, como es el caso del artículo 61 de dicha ley, el cual otorga al presidente la facultad de decidir cómo se reorientarán los ahorros realizados por la política de austeridad.

Sin embargo, los artículos 7o y 27 plantean la realización de diagnósticos y evaluaciones de la política pública, lo que es positivo.
No obstante, la centralización en la toma de decisiones en la cuarta transformación es la realidad de este sexenio.
El 4 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador giró, nuevamente, un documento en el que se solicita un ajuste adicional, otro recorte del 30%.

Se contempla utilizar ese ahorro adicional para canalizar recursos a Pemex, empresa que ha sido cuestionada por su deuda y por la viabilidad de proyectos, como Dos Bocas.

Es evidente que el presidente está obstinado en cumplir sus proyectos a costa del ahorro en gasto gubernamental.
No esperó a que el decreto de ley fuera publicado.

Tal vez porque eso retrasaría el flujo de recursos para Pemex.

Esta muestra de toma de decisión centralizada que no acepta opiniones en contra y que no se detiene para hacer una planificación estratégica a partir de evidencia, y mucho menos tiene apego a la ley, despierta inquietud e interrogantes sobre la forma en la que el gobierno federal ocupará los recursos generados por la austeridad republicana.

¿Cuál será el alcance político del presidente en la reorientación de ahorros?

¿Se ocupará el dinero en proyectos que no cuentan con evaluaciones costo-beneficio?

¿La austeridad republicana será una forma discrecional del presidente para ejercer recursos a su conveniencia?

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