El pueblo decidió: Jaime Bonilla Valdez

Amador Rodríguez, artífice de la usurpación popular

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Jaime Bonilla Valdez. Espectáculo circense no puede ser más arbitrario y grotesco

En un acto atentatorio a la Constitución, a la democracia y a las instituciones electorales, Jaime Bonilla Valdez, gobernador espurio anticipado de Baja California, se ufana de que el pueblo decidió y se propone ampliar su mandato “constitucional” de dos a cinco años.

El espectáculo circense no puede ser más arbitrario y grotesco. Según el gobernador electo Bonilla Valdez, el 84 por ciento de los participantes (que no electores) en consulta se pronunció porque permanezca en el cargo por tres años más.

Lo malo es que las irregularidades para imponerlo por un tiempo adicional, que no le corresponde, fueron burdas y evidentes: Electores que votaron hasta cuatro veces, la falta de tinta indeleble para evitar doble, triple y hasta cuádruple votación, la ausencia de un padrón para comprobar la identidad de quienes le ruegan su permanencia como gobernador y, desde luego, el acarreo masivo para asegurar que el “pueblo” se pronuncia a su favor.

Nada de lo que Bonilla, “El Cínico”, esgrime como voluntad popular tiene sustento. Por los resultados favorables de la “consulta popular” se advierte que detrás de todo ese operativo para legitimar una gubernatura espuria se encuentra el afamado mapache electoral Amador Rodríguez Lozano.

La bien ganada fama de Amador se fundamenta por su habilidad para alterar cualquier resultado electoral, aún en contra del candidato mejor posicionado. Hoy, Chiapas padece la herencia de pésimos gobiernos gracias a la tragedia y a las habilidades de Rodríguez Lozano para manipular el padrón electoral y el verdadero resultado ciudadano expresado en las urnas.

Aliado con el gobernador Pablo Salazar en el 2006, se convirtió  en artífice del “triunfo” de Juan Sabines, un muchacho incapacitado, física y mentalmente, para gobernar. Con severos problemas de personalidad, adicciones continuas para poder tomar decisiones y una corrupción galopante sin freno, Juan Sabines canceló el futuro de los chiapanecos para las próximas cinco, 10 o 20 generaciones.

Como recompensa, Rodríguez Lozano fue nombrado Ministro de Justicia, en una burla a la ley ideada por él mismo para sustituir a la Procuraduría General de Justicia en recompensa por los favores electorales.

El numerito se repitió en el 2012 al convertirse en el gran gurú del fallido gobernador Manuel Velasco para entronizar a Rutilio Escandón Cadenas, imposibilitado para ganar la gubernatura desde las urnas. Las huellas del tigre y la manipulación electoral de julio de 2012 no pueden ocultarse. Amador el alquimista (por desaparecer 2 toneladas de cocaína y convertirlas en lactosa) otra vez resultó premiado al concesionársele, sin ningún mérito académico y profesional, el Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas.

De nuevo, hoy, las transas electorales llevan a Amador Rodríguez Lozano al primer nivel de la política bajacaliforniana. A pulso se ha ganado el repudio de quienes lo conocen y la recompensa, desde las cañerías del poder, para retribuirlo, generosamente, por sus “valiosos servicios”. Propuesto, por anticipado, para la secretaría de Gobierno de Baja California, la consulta popular que intenta legitimar el despropósito de Bonilla Valdez lo ha consolidado como un personaje indispensable, para desgracia de los bajacalifornianos.

El intento permanente de asalto al poder por la dupla infernal Bonilla–Amador anuncia, desde hoy, lo que será el estilo de gobierno de una usurpación anticipada. La violación sistemática, reiterada y autoritaria de la ley. El uso faccioso del poder. El asalto a las instituciones democráticas. Los fraudes electorales. El atraco a los recursos públicos. Y, desde luego, la represión a todo intento de disidencia y oposición, algo que Rodríguez Lozano conoce a la perfección e indiscriminadamente aplicó en Chiapas con el beneplácito del bandido Juan Sabines.

Igual que en 1989, Baja California se convierte, hoy, en el centro de la antidemocracia mexicana. En aquél año se sacrificó a la candidata priísta Margarita Ortega de Villa para entregar al panista Ernesto Ruffo Appel la primera gubernatura de oposición después de 60 años del PRI.

Ese acto político calificado como democrático, en realidad, encubrió dos verdades y la antidemocracia. La primera, porque la entrega de la gubernatura al PAN fue un acto de simulación para legitimar al usurpador Carlos Salinas, derrotado por Cuauhtémoc Cárdenas en la elección presidencial de julio de 1988. Y la segunda escondió la traición del presidente del PAN, Luis H. Álvarez, al electorado mexicano, con tintes de traición a la patria, al negarle al Frente Democrático Nacional 10 votos panistas para anular la elección presidencial en el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados.

Así, en la “democrática” Baja California, el PAN, al lado de Morena, vuelve a ser actor privilegiado de la antidemocracia. Nueve diputados locales panistas bien retribuidos aprobaron el proyecto de ley para extender el mandato del prominente estafador electoral Jaime Bonilla.

A la farsa de la “Ley Bonilla” se sumó el Instituto Electoral de Baja California al aprobar un mandato que, en los hechos, es una reelección de facto, pero sin elección. La actitud inconstitucional del Congreso y del Instituto Electoral de Baja California la puso en evidencia el Tribunal Federal Electoral al revocar, por dos veces consecutivas, la “Ley Bonilla” por extemporánea y atentatoria de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con todo y la oposición nacional de medios, juristas, actores políticos, empresarios y varios etcéteras más, Bonilla sigue adelante con la farsa. Ello sólo tiene una explicación y un funesto mensaje: La anuencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por tradición histórica autoritaria bastaría una insinuación o una llamada telefónica al cuate Bonilla para desistirse en su intento de golpe de Estado.

Se advierte, entonces, que Baja California es el laboratorio para sopesar hasta dónde se estira la liga y aguanta la ciudadanía para trasladar la experiencia de violación constitucional al intento  de preparar la reelección presidencial para el 2024 y la centralización del poder, hasta apropiarse de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Actualmente, López Obrador tiene a su servicio tres ministros y, con la renuncia de Eduardo Medina Mora, un tercio de la corte quedará a su disposición, suficiente para bloquear o aprobar cualquier ley a satisfacción presidencial. En el caso específico para declarar inconstitucional la “Ley Bonilla” se requieren ocho de los 11 votos, y de no lograrse ese consenso no podrá revocarse. Inadmisible en un sistema democrático en ciernes para convertirse en un Estado autoritario. Exactamente lo que Andrés Manuel combatió, en 1988, al lado de Cuauhtémoc Cárdenas,  Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez.

El contubernio o el miedo de las instituciones nacionales hacia el poder pronto habrán de verse cuando se publique la “Ley Bonilla”. Están legitimados para interponer la acción de inconstitucionalidad el propio Presidente de la República, un tercio del Congreso de Baja California, los partidos políticos con registro nacional o estatal, la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

¿Alguna velará por el respeto al Estado de Derecho y las Garantías de los mexicanos? Pronto se sabrá. Ampliaremos…

 

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