El aparente callejón sin salida para AMLO

En su dilema de optar entre ley y justicia, el Presidente enfrenta un problema en torno a lo que él nombra ‘la mal llamada Reforma Educativa’

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Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, podría contar al Presidente López Obrador, chilaquiles de por medio, lo que ocurrió cuando Carlos Salinas intentó bajar el IVA del 15% al 10%...

El Presidente López Obrador vive en el eterno dilema de optar entre ley y justicia.
Al inclinarse por la justicia se ha metido en un problema nada semántico con pretexto de todo lo que ha ocurrido en torno a la “mal llamada Reforma Educativa” de Enrique Peña Nieto; conforme a la opinión generalizada podría rayar en la ilegalidad.
Por lo menos ha permitido a sus enemigos y críticos colocarlo como aspirante a gobernar al margen de la ley, con eufemismos que intentan ocultar el decreto, tan del gusto de los dictadores.
Problema mayor es que parece actuar en un callejón sin salida aparente y que, en la búsqueda de satisfacer a todos, olvidó la máxima de que quien pretende gobernar para todos no lo hace para nadie.
A nadie satisface con todo lo que ha ensayado para quitar de en medio la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, ni siquiera a los beneficiarios, como la CNTE, cuyos líderes quieren todo o nada, o a Elba Esther Gordillo, que en busca del liderazgo del SNTE calificó a su reforma de “reformita”, diciendo, además, que es la misma gata, pero “revolcadita” de la de su antecesor.

La Ley Educativa promulgada por Enrique Peña Nieto en 2013 ha metido en un dilema al ahora primer Presidente de Izquierda de México: Ni pa’ lla ni pa’ ca, sino todo lo contrario
Para acabarla, la maestra Elba Esther Gordillo dio el tiro de gracia a las negociaciones al calificar de ‘reformita’ y ‘la misma gata, pero revolcadita’, la contrarreforma de López Obrador

Así, se ha convertido en el negro de la feria al que todos tiran a placer, desde constitucionalistas, ex ministros de la Corte, legisladores, sus enemigos políticos y hasta los beneficiarios de las medias extremas a que lo ha obligado la insuficiencia de votos en el Congreso para reformar la Constitución e imponer su propuesta de reforma educativa.
Incluso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que el memorándum está al margen de la ley y le pidió dar marcha atrás porque es inconstitucional y vulnera el derecho de niños, niñas y adolescentes.
Peor aún, se ha colocado al mismo nivel de Carlos Salinas en tiempos en que con una medida catalogada como ilegal por las oposiciones de izquierda y derecha, pues ignoraba al Congreso, pretendió bajar el IVA de 15 por ciento a 10.

LA MEDIDA ADMINISTRATIVA
El viernes 12, por la tarde-noche, parecía haber encontrado la solución. Ordenó a su equipo en Palacio Nacional comunicar a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación su decisión de cumplir lo prometido en la campaña electoral de 2018 en materia de Reforma Educativa mediante una “medida administrativa”.
En la negociación se explicó a los líderes de Guerrero, Chiapas, Michoacán y Oaxaca, que el Estado mantendría el control de nóminas y de las plazas.
Sin embargo, al día siguiente, de gira en Campeche, el Presidente olvidó la “medida administrativa” y habló de abrogar y decretar, no obstante saber que sin los votos suficientes en el Congreso no se puede abrogar lo que manda la Constitución y que los Presidentes no tienen facultades para suspender por decreto los efectos de la Constitución ni de sus leyes.
Lo positivo del discurso en Campeche fue su negativa a entregar a los dirigentes sindicales el control de plazas y nóminas: “Me gusta decir las cosas por su nombre porque mi pecho no es bodega; lo único que no van a manejar los líderes sindicales es la administración de las plazas porque eso se acaba ya. El que quiera negociar plazas, negociar ese mercado de plazas, ya se acabó. La nómina se va a federalizar”.
De regreso en la Ciudad de México, el martes 16, el Presidente cambió el lenguaje; ya no habló de decreto ni de abrogar, sino de un “memorándum”, pero mantuvo lo del control de nóminas y plazas.
En su conferencia de prensa mañanera dijo que “en tanto se hace la reforma constitucional y la reforma a las leyes, el memorándum va dirigido a que no se apliquen las medidas de la mal llamada reforma educativa que afectaban a los maestros; que sea una especie de amparo con aplicación retroactiva”.
Más tarde, mediante un video, el país se enteró del contenido del “memorándum” enviado a los secretarios de Gobernación, Educación y Hacienda.
En vista de la falta de acuerdos en el Congreso y “diversos sectores del gremio” (la CNTE) para “derogar la llamada reforma educativa… impuesta desde el extranjero durante el periodo neoliberal”… y reemplazarla “por un marco legal satisfactorio, útil y funcional…” (su propuesta de reforma), “la administración pública requiere de lineamientos claros para seguir operando en el ámbito de la enseñanza pública”.
El escándalo arreció con “los lineamientos y directivas” enviadas a Olga Sánchez Cordero, Esteban Moctezuma y Carlos Urzúa: “Mientras el proceso de diálogo no culmine en un acuerdo, las otras instancias del Poder Ejecutivo Federal involucradas dejarán sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa”.
Este punto, no el único del memorándum, ha servido para asegurar que pretende gobernar a base de decretos.
Hay quien dice que no existen antecedentes recientes. Se equivoca.

ENCINAS TIENE LA HISTORIA
Si el Presidente invita unos chilaquiles a Alejandro Encinas, quizás el subsecretario de Gobernación le platique lo ocurrido cuando el Presidente Carlos Salinas decidió por decreto una de las medidas más populares de su mandato, bajar el IVA de 15 a 10 por ciento, es decir, un 33 por ciento en términos reales.
Fue en junio de 1991 cuando, más allá del consabido punto de acuerdo propuesto por la oposición al PRI en la Cámara de Diputados para elevar una “respetuosa, pero enérgica, protesta ante el Poder Ejecutivo Federal” por lo que consideró una violación a la Constitución de parte de Salinas, el entonces diputado perredista Encinas explicó que el Presidente había violentado “el orden constitucional y las leyes fiscales expedidas por el Congreso de la Unión, (lo que) además representa una afrenta a la dignidad del Poder Legislativo, ya que el Ejecutivo Federal ha violado el principio de separación de poderes establecido en el artículo 49 constitucional”.
El ahora subsecretario de Gobernación y toda la izquierda y la derecha, excepto el PRI y sus satélites, no estaban en contra de la disminución del IVA, sino del procedimiento del recurso del Presidente, al que consideraron ilegal y arbitrario.
Dijo Encinas que al poner en práctica la diminución del IVA, Salinas estaba llevando a los secretarios de Estado inmiscuidos en el tema a violar la ley.
Lo dispuesto vía memorándum por López Obrador sobre la Reforma Educativa no se trata de un decreto, pero es parecido a lo que hizo Salinas con el IVA, con la diferencia de que dos días después del escándalo causado por su decisión unilateral, el ex Presidente envió al Congreso una iniciativa para reformar la ley sobre el IVA, como ocurrió, pues tenía la mayoría.
López Obrador lo hizo de manera correcta; primero envió su contrarreforma, el 18 de diciembre de 2018, a la “mal llamada Reforma Educativa”, sin embargo, como no ha logrado que pase de la Cámara de Diputados propuso, en su conferencia de prensa, abrogar la de Enrique Peña Nieto, pero como tampoco tiene los votos necesarios en el Congreso para hacerlo, ahora ordenó por escrito anularla a través del memorándum, contra el cual ya existe un amparo.
El lunes próximo, si no rompe sus vacaciones, será apenas normal que la conferencia mañanera la dedique a explicar que no se le puede comparar con los dictadores que gobiernan a base de decretos, que el memorándum no es sinónimo de decreto, que no está en su intención violar la Constitución, que no está orillando a los secretarios, por lo menos al de Educación, a brincarse la ley, etcétera.
Y su gente deberá afanarse en evitar más desaguisados y en encontrar la manera de conseguir los votos necesarios para que el Congreso apruebe la propuesta de reforma educativa de López Obrador, de lo contrario, irremediablemente, permanecerá vigente la de Peña Nieto.

 

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