Eficientar la recaudación fiscal con terror

El diablo está en los detalles; amén de no plantear políticas que sean sostenibles, gobierno continúa improvisando

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El gobierno federal apuesta por eficientar la recaudación fiscal a través del terror.

El presidente ha declarado que en los dos primeros años de su gobierno no se incrementarán impuestos y que no se generarán nuevos.

Sin embargo, el Paquete Económico para 2020 se basa, principalmente, en la recaudación.

La solución para este dilema son las reformas que Morena impulsó en el Senado y que equiparan la defraudación con delincuencia organizada y se suma como delito contra la seguridad nacional.

La finalidad es recaudar más; el problema es la ambigüedad de los textos reformados y la incertidumbre que generan las medidas.

Las modificaciones a la Ley Federal de Delincuencia Organizada tipifican y equiparan la defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada con la delincuencia organizada.

En la Ley General de Seguridad Nacional se adiciona una fracción XII al artículo 5 para que los actos ilícitos en contra del fisco federal, es decir, defraudación fiscal, se consideren como amenaza a la seguridad nacional.

En el Código Penal Federal se avaló aumentar las penas de cinco a ocho años de prisión al que por sí o por interpósita persona expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Las modificaciones anteriores, entre otras realizadas, parecen correctas a simple vista.

Todos estamos de acuerdo con que las personas o empresas que defraudan al fisco hacen lo propio con el país y la sociedad.

Sin embargo, el diablo está en los detalles.

En las modificaciones propuestas existe ambigüedad en las conductas y la participación que son consideradas como defraudación.

Un contribuyente, físico o moral, puede cometer un error, ser afectado por el mal desempeño de un contador o ser víctima de una empresa fantasma y ser considerado como un defraudador; por lo tanto, un criminal.

Estas medidas generan incertidumbre a los inversionistas y empresarios.

Y no porque éstos sean evasores y defraudadores.

Tampoco porque México sea el único país en endurecer las sanciones a estos hechos.

Lo son por la ambigüedad en las normas y por la corrupción como consecuencia de la complicación burocrática que se genera.

Por otra parte, porque el gobierno federal se centra en penalizar el sector social y empresarial que paga impuestos y contribuye con el desarrollo del país.

Es muy conocido que la base tributaria en México es pequeña.

Una causa de lo anterior es la falta de empleo formal.

En 2017, el 57.3% de la Población Ocupada se empleaba de manera informal, de acuerdo con datos de la OIT.

En suma, la creación de empleos formales está a la baja, con un crecimiento de 2.4% en junio de 2019, de acuerdo con los datos del IMSS.

En ese sentido, el gobierno federal prefiere presionar y aterrorizar a los contribuyentes actuales que ejercer políticas laborales que fomenten la generación de empleos formales y la recaudación a largo plazo.

Está claro que el gobierno continúa improvisando y que no plantea políticas que sean sostenibles.

 

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