Eduardo Ramírez Aguilar: Yo propuse las reformas a la Constitución

Chiapas, Carta Magna discriminatoria, demagógica, deformada, oscura, repetitiva y contradictoria

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Eduardo Ramírez Aguilar. Autopaternidad

Con gran despliegue publicitario, el diputado presidente de la mesa directiva del Congreso del estado de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, se atribuyó la paternidad de las reformas constitucionales al Código Político local.  Ufano, diría: “Yo propuse las reformas a la Constitución”.

Con mayor énfasis, aseguró: “Tenemos una Constitución ciudadana; evita redacciones rebuscadas para establecer derechos claros que la gente entiende y, sobre todo, pueda hacer valer (…); regula el principio de no discriminación  (…); no desaparece ni restringe ningún derecho humano (…) y es una de las más avanzadas y modernas del país (…).

Con esas aseveraciones se advierte que el diputado Ramírez Aguilar no leyó la Constitución deformada (sic) o, de plano, se refiere a otra entidad federativa, ya que sus reformas constitucionales sí son discriminatorias.  Cuando habla de que no restringe ningún derecho humano habría que recordarle que los derechos humanos son universales y que ningún organismo nacional, internacional o supranacional puede cancelar derecho humano alguno como para atribuirse la facultad de velar por la vigencia de todos esos derechos.  Por hoy rescato únicamente dos actos discriminatorios graves y violatorios de los derechos humanos en la Constitución, que nada tiene de avanzada, y menos de moderna, para después continuar con el análisis de los otros adjetivos que he endilgado a la hoy presumida Constitución de Chiapas.

El primero  se refiere a la designación de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Al respecto, el artículo 76 establece para ocupar el cargo de magistrado del Poder Judicial “ser ciudadano chiapaneco, mexicano por nacimiento (…), y tener, cuando menos, 35 años cumplidos el día de la designación, y hasta 75 como edad máxima”.

La discriminación es doble.  Exigir la ciudadanía chiapaneca (después expondremos que sólo hay una ciudadanía: La mexicana); niega la posibilidad de que un abogado reputado, nativo de otro estado, pueda aspirar al ejercicio de la judicatura.

Sin embargo, la parte más discriminatoria se da cuando dentro de las reformas a la Constitución propuestas por el diputado Ramírez Aguilar se establece como edad máxima 75 años, y con esa sola circunstancia califica a los magistrados incapacitados física y mentalmente para continuar en el cargo.

Decretar, por un solo acto legislativo irresponsable, que, por edad, un magistrado no puede continuar en funciones es un atentado grave a la dignidad de las personas.  Declarar a alguien sin capacidad para el ejercicio de una función judicial solamente puede determinarse por un profesional de la medicina y después de serios y prolongados estudios.

Habría que recomendarle al diputado Ramírez Aguilar asomarse por el artículo primero, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, inserto en el capítulo “De los derechos y sus garantías”, para darse cuenta de su error: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad (…), o cualquier otro que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Ese párrafo evidencia que el artículo 76 de la nueva Constitución de Chiapas es violatorio del artículo primero de la Carta Magna, y todavía más cuando ordena que “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos (…)”, exactamente lo contrario de lo pregonado por el diputado Ramírez Aguilar.

El texto original del artículo 95 de la Constitución de 1917 establecía como edad máxima para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la de 65 años en una época en que de derechos humanos poco o nada se sabía en México.  Sin embargo, el Congreso de la Unión modificó esa disposición constitucional para quedar solamente la edad mínima de 35 años y disponer, en el artículo 94, que los ministros durarán en su encargo 15 años.

El desastre constitucional del Poder Judicial en Chiapas es evidente. En observancia del pacto federal, contenido en el artículo 116, fracción III, de la Carta Magna, debería de respetarse el principio establecido para el nombramiento de magistrados de los tribunales superiores de justicia de los estados: “Los magistrados integrantes de los poderes judiciales locales deberán reunir los mismos requisitos que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señalados por las fracciones I a V del artículo 95”.

Lo destacable de este precepto constitucional es que en la fracción II se establece como edad mínima la de 35 años, pero desaparece el límite de edad para continuar como ministro una vez asumido el cargo. Así, las reformas propuestas por el diputado Ramírez Aguilar son violatorias de dos párrafos del artículo primero y de los artículos 94 y 95 de la Constitución federal.

Lo curioso, y hasta chusco, es que el diputado Ramírez Aguilar viola derechos humanos con restricciones a la edad, pero a cambio, con la complicidad del Poder Judicial, nombra consejeros del Consejo de la Judicatura y magistrados aun cuando no cumplan los requisitos de la   Constitución local y de la Carta Magna.

El próximo año, tres magistrados estarán en el linde de los 75 años y sus vacantes serán muy apetecibles para imponer incondicionales, aunque nada sepan de derecho.  Lo esperado es que promuevan un amparo para alegar la inconstitucionalidad del artículo 76 de la Constitución de Chiapas, violatoria de sus derechos humanos.  Y van a ganar, igual que los tres magistrados  a los que, por torpezas jurídicas oficiales, el Poder Judicial federal ordenó su inmediata instalación y ratificación.

Por espacio, la otra discriminación grave, propuesta por el diputado Ramírez Aguilar, se comentará en próxima entrega, con dos advertencias: Las aberraciones expuestas en el artículo 52, respecto de los requisitos para ser gobernador y el mandato previsto en la fracción XVII, del artículo 45, como facultad exclusiva del Congreso del estado: “Autorizar al Ejecutivo para que celebre arreglos sobre los límites del estado (…) previamente a que sean sometidos a la aprobación del Congreso de la Unión”.

Sólo que el artículo 76, fracción X, de la Constitución de la República establece como facultad exclusiva del Senado “autorizar, mediante decreto aprobado por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, los convenios amistosos que sobre sus respectivos límites celebren las entidades federativas”. Con ello, la fracción IV del artículo 73 quedó derogada.  Ampliaremos…

 

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