¿Dónde se rompió el pacto social?

¿Qué es lo que ha fallado? ¿Qué nos hace enfrentar un calvario al que no se le ve contención, sino que, al contrario, se recrudece y aumenta con el tiempo?

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Arturo Durazo Moreno, uno de los hombres que más daño ha hecho al quehacer policiaco, una leyenda de corrupción y arbitrariedades ‘negras’, como su mote

Cuando no se es la víctima directa o indirecta, nada está produciendo más desasosiego, zozobra y miedo; como la difusión diaria y en forma sistemática en los medios de comunicación, principalmente los visuales; del flagelo que actualmente nos asola, vulnera y victimiza, como es la violencia.
Un azote presente y hasta cotidiano, cuya imagen está sustituyendo el imaginario, ante una ola delincuencial como nunca se había padecido; donde ya no se sabe si somos presa de la delincuencia organizada o malhechores que en bandas o en solitario han hecho de su sustento de vida atracos sin medida y consideración, donde lamentablemente es común que en sus actos de barbarie sesguen la vida de sus víctimas.
Una cotidianidad que está marcando a la sociedad mexicana, que se siente desprotegida y vulnerable, teniendo que modificar sus hábitos de conducta y acción, para no convertirse en víctimas.
Ante esta inacción de justicia, la pregunta que surge en el cotidiano es: ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Qué nos hace enfrentar un calvario al que no se le ve su contención, sino al contrario se recrudece y aumente con el tiempo?, un cuestionamiento al que no se tiene una respuesta en el presente.
Y en ese mar de cuestionamientos surge: ¿Dónde desapareció la coherencia y se traspasó el umbral de civilidad?, esa conducta del ser humano que nos hace recordar a los clásicos: “La agresividad es animal pero la violencia es humana”, una peculiaridad lejana de orgullecer.
Será por la corrupción, impunidad, la injusticia social, la pobreza. Un Estado fallido que ha dejado de desempeñar su papel pedagógico; lo cierto es que, todos los elementos y muchos más que habría que evaluar, conforman la descomposición de ese pacto social que nos permitía hasta hace poco vivir en paz.
Una descomposición que si no se contiene y se atiende en su forma y fondo, empezará a generar el resarcimiento de la especie sobre el espíritu, donde volviendo a citar a los clásicos: “Sólo la venganza cicatriza heridas abiertas para dejar de sangrar por dentro y fuera”, apareciendo los ya visibles “justicieros” o “linchamientos” de ciudadanos y comunidades agraviados y con hartazgo, que por su propia mano tratan de procurar justicia: algo opuesto a la civilización y el Estado de derecho que se ha construido.

SE MIDE, PERO NO SE CORRIGE
Se registran y se dispone de estadísticas, tendencias, identificaciones focalizadas del mal; se cambia de estrategias y se trasladan las culpas a sus antecesores, pero, las deficiencias no se corrigen y siguen escalando.
Ante todas estas eventualidades, nos estamos identificando como un país dominado por la violencia, donde se hace presente la desconfianza y falta de credibilidad hacia el poder público y toda intervención suya por la ineficiencia en sus resultados, donde la delincuencia llámese como se le llame, está dando paso a lo que acremente sentenció Isaac Asimov: “Es el último recurso de los incompetentes”, y este calificativo es el espejo de identificación de nuestras autoridades.
Aún con la premisa de que todos los pueblos son violentos y todos son educables, se está perdiendo la batalla, exhibiendo a un Estado que no es capaz de organizar y operar a un Ejército, a los sectores policiacos en sus diferentes modalidades y ámbito de actuación, de generar una justicia expedita preventiva y correctiva, una educación eficiente que pueda ser el garante presente y futuro de una nación apaciguada en los hechos no en el discurso.
Se requiere con urgencia un Estado-árbitro que imponga y haga respetar las leyes, porque ahora ya ni los policías son considerados por los delincuentes, los ignoran y hasta los golpean; siendo común la agresión a ciudadanos de la tercera edad; aún a personajes con discapacidad; en una operación criminal donde el 94 por ciento de los agravios son por robo, al grado de que la violencia familiar el último refugio de las pasiones humanas escapa a la intervención del Estado, obteniendo la indecorosa distinción de más muertes de infantes en la última década, según la Naciones Unidas, y una incontenible ola de feminicidios.

PERENNE
Atrás, casi en el olvido, ha quedado ese estigma de los mexicanos del temor que les generaban los cuerpos policiacos; por su brutalidad y sus signos inherentes de corrupción: eran más temidos que los malhechores.
En esas historias irrepetibles, cómo contribuyó la actuación de Arturo Durazo Moreno, jefe del Departamento de Policía y Tránsito en el sexenio de José López Portillo, uno de los hombres que según analistas, más daño ha hecho al quehacer policiaco en la Ciudad de México, una leyenda de corrupción y arbitrariedades negras como su mote.
En el borrón y cuenta nueva de cada sexenio, los logros y desaciertos que también deben ser considerados, en el olvido queda la Secretaría de Seguridad Pública de Felipe Calderón Hinojosa, encomendada a Genaro García Luna, que elevó ocho veces la fuerza de la Policía Federal, edificando una plataforma tecnológica reconocida en el mundo; creando un sistema único de información criminal vital para el combate a delincuentes, proveedora de insumos para tareas de inteligencia.
En el abandono sexenal, quedó el Consejo Nacional de Seguridad con cinco coordinaciones regionales y la creación de la Gendarmería, rama especializada de la Policía Federal, con la que Enrique Peña Nieto y su Plan Nacional de Seguridad Pública planeaba acercar al país al estándar internacional de tasas de homicidios doloso de un solo dígito, en su llamado: México en paz.
Persisten aun en su proceso de fortalecimiento los juicios orales, confeccionados para eliminar la injusticia vía la transparencia, que en sus inicios ha dejado en libertad a muchos infractores que ha reincidido en sus hábitos de delinquir, elevando el costo de la inseguridad y violencia para la ciudadanía que ya duda de la famosa reinserción.
La estrategia de seguridad del gobierno federal en los últimos tres lustros no ha funcionado, sus objetivos de fortalecer instituciones de procuración de justicia, reducir el consumo de enervantes, debilitar a las instituciones criminales y liberar espacios públicos de control criminal: han sido insuficientes.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el sexenio de Felipe Calderón dejó un total de 121, 683 muertes violentas, por 125 mil de Enrique Peña Nieto, cifras en ascenso por mandato y, de escándalo por su ineficiencia de contención y control.

EL PRESENTE
La violencia que padece México, no se le puede atribuir en sus efectos de presencia y descomposición al mandatario en turno, se vive una crisis estructural de seguridad que trasciende responsabilidades sexenales.
Es inevitable que se gobierna con una herencia de enormes aciertos y errores, de logros y omisiones, de instituciones eficaces e ineficaces, de programas inacabados, de proyectos en marcha y de políticas buenas y malas.
Gobernar, significa entre otras cosas perfeccionar, dar continuidad, corregir y crear instituciones a partir de las herencias recibidas, ese es el reto de Andrés Manuel López Obrador, que en sus primeros cinco meses a cargo, se ha recrudecido este mal.
Señalaba Aurelio Galfetti: “No se puede conservar una ruina si no se le reconstruye como ruina adecuada para su nuevo uso”, por aquello de que recibieron un país con una seguridad en ruinas, con niveles de violencia que no habíamos conocido en nuestro país desde la época de la Revolución, señalado por Alfonso Durazo Montaño, su titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de la Cuarta Transformación, responsable de apaciguar al país.
La Guardia Nacional su instrumento de combate que enfrenta y combatirá la delincuencia, no debe ser más un cambio de discurso, porque el deterioro social sigue avanzado y hoy se vive el año más violento de que se tiene registro.
López Obrador que le apuesta en gran medida a su figura política y moral, tendrá que combatir a la violencia propia de un país en guerra, como lo señaló la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Tendrá que resarcir la nada envidiable designación de contener a las cuatro de cinco ciudades más violentas del mundo.
De convencer a esa ciudadanía que ante los hechos de violencia que se padecen, prefiere la paz corrupta que el narcotraficante ofrece, a la guerra sin cuartel que el gobierno promueve, sucesos al menos detectables en lo sexenios anteriores.
De construir ese pacto social sustentado en el entendimiento de que la seguridad es un bien público que todos comparte y todos participan, con una sociedad unida, convencida y bien direccionada.
No podemos volver al pasado donde los hombres de las aldeas tenían que refugiarse todas las noches en su cava o en su granero para escapar de las bandas que asolaban las campiñas.
El pacto social con el nuevo gobierno es desalentar a los justicieros, desterrar la impunidad en la que se cobija la delincuencia, acabar con la corrupción policial, pero sobre todo, desterrar la debilidad y deficiencias del Estado, aquel donde la justicia política primero es política, pero nunca justicia.

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