Uno de los baluartes invaluables que dan sustento a la democracia en cualquier parte del mundo que se aprecia por transitar por este régimen es, incuestionablemente, la pluralidad social.

Una diversidad conformada por mayorías y minorías que, para poder ser escuchadas y atendidas, deben transitar por una plataforma de coexistencia, tolerancia y respeto, que se traduzca en la consolidación de la libertad, el respecto indiscutible de los derechos humanos.

En un mundo donde hay de todo y para todos, con la premisa de equilibrar los “valores” de todos, evitando que se contrapongan entre sus componentes.

Y el temido antagonismo se acaba de manifestar en pleno derecho de su libertad el 10 de septiembre pasado, cuando el Frente Nacional para la Familia congregó, según su vocera Miriam Garrido, un millón 140 mil 580 personas en 124 ciudades del país, en pro de la familia y contra la iniciativa presidencial del “matrimonio igualitario”, en un evento llamado por sus organizadores como un “acto de unidad nacional”.

Manifestación calificada por otras fuentes, en base a los diarios locales, con una participación de 400 mil personas quienes se congregaron en 8 de 32 entidades, y sólo 16 de las 2,400 urbes con que cuenta el país.

Identificando a las localidades que lograron mejor convocatoria son: Puebla (85 mil), Querétaro (80 mil), Tijuana (40 mil), León (35 mil), Guadalajara y Veracruz (30 mil), Ciudad Juárez (20 mil), Aguascalientes (18 mil), Cuernavaca, Mérida, Morelia y Toluca (10 mil), Ensenada y Orizaba (7 mil).

El resto de las poblaciones participantes no logró congregar, cada una, más de 3 mil manifestantes, retratando de esta manera el componente geográfico que delinea su mapa de influencia, con una equivalencia de: 0.33 por ciento de la población mexicana.

En este cruce por el resguardo de sus derechos, un día después organizaciones en defensa de los derechos de la Comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual (LGBTTTI) se manifestaron en el Centro de la Ciudad de México, exigiendo que la Iglesia saque las manos de la política.

Elevando su voz de reclamo a la Secretaría de Gobernación que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong, su omisión ante las acciones de la Iglesia que dañan el Estado Laico, centralizando su protesta frente a la Catedral Metropolitana, donde dieron lectura a una carta que enviarán al Papa Francisco, en la que solicitan la remoción del cardenal Norberto Rivera Carrera de la Arquidiócesis Primada de México, por considerarlo el principal promotor de esta embestida nacional contra la iniciativa presidencial, que les permita contraer matrimonio y adoptar niños en cualquier parte del país.

EL ORIGEN

La diversidad sexual aparece desde los tiempos inmemoriales, narrados en los diferentes textos que nos denotan la historia, casi siempre de una manera despectiva, excluyente y  represiva.

Comportamientos que están plenamente documentados con más precisión desde el México prehispánico, relatados lógicamente por los conquistadores españoles.

Conductas que siempre se manejaron en el anonimato, y bajo la severa reprobación de una sociedad conservadora, con una Iglesia Católica intolerante y represiva, convirtiéndola no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero, en una de las congregaciones de minorías que más ha luchado por su reconocimiento e integración, como parte componente de la sociedad.

Tal ha sido su lucha que, en la década de los setenta, descartaron de los manuales internacionales de psiquiatría que la homosexualidad sea una enfermedad, tras la comprobación científica de que un homosexual no es más neurótico, psicótico, psicópata, antisocial, depresivo o maniático, más desviado o delincuente que los identificados en el lado de las mayorías.

Ratificación de respaldo que se suscita en el año de 1990 por la Organización Mundial de la Salud, al sacar la homosexualidad de su catálogo de enfermedades psiquiátricas, derivando desde ese tiempo una influencia significativa, para que los tratados internacionales relativos a los derechos humanos combatan la discriminación persistente contra esta población.

El 21 de diciembre de 2009, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF)  aprueba el matrimonio homosexual, convirtiéndose en la primera ciudad de América Latina que permite este tipo de uniones.

En 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que los términos “maricón” y “puñal” son homofóbicos, discriminatorios y no van acorde con las leyes de un país plural y democrático, prohibiendo su uso.

La jurisprudencia de la SCJN en 2015 declaró constitucionalmente que el matrimonio sólo deba celebrase entre el hombre y mujer, otorgando validez jurídica a la unión entre personas del mismo sexo para toda la nación.

En marzo de 2016 el Presidente Enrique Peña Nieto emite una iniciativa para que se reconozca en la Constitución y el Código Civil el matrimonio entre personas del mismo sexo, “los matrimonios igualitarios”, como un derecho humano, para que las personas que se acojan a este beneficio no reciban discriminación alguna, con la finalidad de  construir un país más incluyente.

En la edificación de una nación tolerante, abierta, moderna y liberal, que acogen con la distinción de sus derechos inalienables a una población que oscila entre el 10 y 12  por ciento de la población nacional.

Adecuaciones legales en la búsqueda de un México que lo convierta en una democracia completa, donde nadie es discriminado por su género o su preferencia sexual, pretendiendo que haya una legislación federal acorde con lo que determinó la SCJN.

FRENTE NACIONAL PARA LA FAMILIA

Salta al escenario público con mayor relevancia a raíz del este enfrentamiento reseñado y que muchos han calificado como la confrontación de la intolerancia frente a lo diverso, cuyo objetivo es la exclusión.

Una agrupación que se vincula a raíz de la iniciativa presidencial con más de mil instituciones de la sociedad civil, cuya esencia de actuación es la defensa de los valores que fortalezcan a la familia en todo el país.

Congregación que se vincula para dar respuesta a la iniciativa del Ejecutivo federal de modificar la Constitución y el Código Civil, para reconocer las uniones entre personas del mismo sexo, donde señalan que no respetar la institución del matrimonio conformado por un hombre y una mujer es sinónimo de miopía severa y no querer el progreso real de nuestra sociedad, asumiendo que la familia no puede ser aniquilada por pactos o estrategias políticas que sólo busca intereses personales y de poder, señalando que no permitirán que las familias sean víctimas de malos políticos, de políticos que responden a presiones y grupos internacionales que quieren imponer una agenda radical, teniendo como aliado principal a la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), máximo órgano de la Iglesia Católica, cuya actuación ha causado controversia en una sociedad plural y laica.

Participación que se escudriña en el marco legal.  Representación que no ha estado de acuerdo con esta disposición a la que denomina “antinatural”, promoviendo su respaldo incondicional al participar en esta movilización diversos representantes de su gremio, donde destacan los obispos: Luis Felipe Gallardo, de Veracruz; José Luis Dibildox, de Tampico; Ramón Castro, de Cuernavaca, y Francisco Chavolla, de Toluca; los auxiliares de Puebla, Eugenio Lira y Felipe Pozos, y los arzobispos: José Antonio Hernández, de Durango; Víctor Sánchez, de Puebla; Francisco Moreno Barrón, de Tijuana, y Faustino Armendáriz, de Querétaro.

Otro adherente a este movimiento es la participación de una organización ultraconservadora del Partido Acción Nacional (PAN),  a través de su brazo armado, el llamado “Yunque”, recibiendo adicionalmente apoyos económicos de un grupo de empresarios identificados con esta cruzada.

Uno de los principales líderes de este frente es  Rodrigo Iván Cortés Jiménez, quien fue diputado por el PAN, secretario de Relaciones Internacionales del CEN panista de 2009 a 2014 en las gestiones de Germán Martínez Cázares,  César Nava Vázquez y Gustavo Madero Muñoz.

POLARIZACIÓN DE LA SOCIEDAD

Es incompresible comprender que en el segundo decenio del siglo XXI, después de pasar una historia de rechazo severo, conciliación y reconocimiento, todavía se siga manifestando la intolerancia para la comunidad confrontada.

Movilizaciones que se siguen programando, en una lucha que se ha conformado como fraterna, donde su tarea principal no es contra los matrimonios igualitarios, sino contra la libertad y la igualdad.

Reivindican evitar que la familia sea destruida, cuando sólo están dispuestos a reconocer a una fracción de todas las familias que hay en México, mirando con desdén, que no ignorancia, que hoy no son mayoría las que están integradas por un matrimonio compuesto por papá, mamá e hijos, donde fe y conciencia parecen no coincidir y menos concertar.

Apreciándose expresiones de odio, desprecio, ofensas, muchas de ellas que llegan al agravio contra quienes no comparten sus creencias, donde queda de manifiesto que la jerarquía católica no puede imponer sus valores o creencias a un Estado Laico.

Un país en donde la moral no dicta las leyes y la religión no le debe ser permisible convocar marchas para rechazarlas.

Congregación religiosa que desconoce el posicionamiento de su máxima autoridad, el Papa Francisco, quien señaló que él no puede juzgar a las personas con preferencia homosexual, afirmando que dicha comunidad no debe ser marginada de ningún modo.

Donde una sociedad constituida con los cimientos de los valores de libertad y equidad, no puede detener su paso de trasformación, donde la democracia oprimida por las religiones salió victoriosa de estos enfrentamientos.

En un México donde hay lugar para toda su sociedad diversa, teniendo como principio elemental que todos somos iguales ante la ley, con los mismos derechos y obligaciones, sin discriminar entre mayorías y minorías, género o preferencia sexual, porque no hay cavidad para consentir segmentos que identifiquen a mexicanos de primera y de segunda clase.

Que el matrimonio es un contrato civil, regulado por leyes civiles, apostándoles a modificar una jurisprudencia que ya está constituida como ley. Que lo único que busca la reforma es eliminar el lenguaje discriminatorio que atenta contra la dignidad humana.

Como bien decía el poeta mexicano Alfonso Reyes Ochoa: “Mi respeto a la sociedad, y el de cada uno de sus miembros para los demás, es lo que hace posible la convivencia de los seres humanos”.

Convivencia que dista de conciliar, creándose una división social en la que no se avizora una aceptación de coexistencia y convivencia a corto plazo, siendo un factor de esta desavenencia los valores religiosos que excluyen, marginan y reprueban una conducta social, que está presente y ya es parte de la sociedad, que siempre tratamos de soslayar, y ahora emergen con sus derechos y obligaciones bien constituidos.

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