‘Daño moral’, recurso de represión

Torcer el derecho, nueva arma de poder contra la libertad de prensa y de expresión

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La mínima exigencia del principio de congruencia se refiere a la conexidad que debe haber, entre lo que se pide, y la causa o sustento de la petición. Nadie puede pedir que se le conceda volar por sí mismo, si no tiene alas para hacerlo no obstante que alguien crea que lo que imagina sea realidad. Lo mismo ocurre si alguien que se dice agraviado moralmente (desacreditación de la persona como inobservante de valores reconocidos, tales como honradez, honorabilidad, respetabilidad, etcétera). La moral, según la ley penal es el conjunto de sentimientos, efectos, creencias, decoro y reputación que son susceptibles de afectarse por otra persona con el propósito herirlo espiritualmente para provocarle un daño.

Así entonces, para producir un daño moral a alguien, no sólo es necesario quererlo libre y premeditadamente sino, además, que exista la persona a quien se infiere el daño y, por supuesto, el objeto del agravio que pueden ser sus sentimientos, afectos y creencias, que son imposibles de objetivizar pero que sí pueden ser objeto de ofensa si se hace escarnio o burla sobre ellos, lo que no significaría sino una falta, cuyo resarcimiento corresponde al mínimo de civilidad. Lo que pudiera ser distinto es el daño moral que pueda causarse a su reputación en tanto esta es un estatus social-moral que es un derecho humano inviolable.

En este orden de ideas, la dilucidación nos lleva entonces a cuestionarnos qué es lo que un juez debe probar y considerar, en el caso de que una conducta deba ser sancionada por incurrir en la comisión del delito de daño moral. Lo primero es el ámbito en el que interesa el valor de la reputación para la persona victimada. Ciertamente todos guardaremos nuestra reputación como una trinchera inviolable, pero, con mayor razón, cuando desplegamos una vida de servicio público y aceptamos por consiguiente someternos al juicio popular en nuestros actos. Aquí es obvio que todo ciudadano tiene derecho a compartir y verter opiniones de aceptación o censura sin lesionar al enjuiciado y mucho más, tratándose de periodistas que, salvo que los inspire en una intención desviada su misión es, precisamente, la de comunicar con rectitud su criterio, respecto a los asuntos de carácter público en los que actúa un servidor público.

La demanda por daño moral que presentó Humberto Moreira ex gobernador de Coahuila en contra del escritor, periodista e investigador social Sergio Aguayo, nos lleva inmediatamente a la misma demanda que hace casi 20 años presentara Jean Marie Córdova Montoya, a la sazón adlátere de Carlos Salinas de Gortari, contra Cuauhtémoc Cárdenas por daño moral. El juez de entonces como el de ahora, se prestó a dar curso a la demanda con claro propósito de intimidación porque, en rigor, ésta era inadmisible toda vez que el mínimo análisis, antes de la auto admisión, revelaba sin lugar a dudas, que el despido del empleo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que Jean Marie argumentaba como efecto de la declaración de Cuauhtémoc Cárdenas sobre su historial político había ocurrido antes del pronunciamiento publicado sobre el tema. La demanda debió haberse declarado como notoriamente improcedente, no obstante, se llegó al ridículo interrogatorio como el que ahora se pretende someter a Sergio Aguayo.

En el caso de Cuauhtémoc Cárdenas se trataba de obstaculizar su postulación presidencial mediante su posible sometimiento a un proceso judicial que le impidiera su registro. En el de Sergio Aguayo la intención apunta a intimidar no sólo al investigador, sino a cualquier periodista independiente, como se pretendió hacer antes con Carmen Aristegui, para evitar las críticas fundadas y los análisis periodísticos y denuncias documentadas de los latrocinios de servidores públicos. El ex presidente del PRI que postuló a Peña Nieto y dejó endeudado a su estado en manos de su hermano con créditos fraudulentos, quiso hacer el último esfuerzo para inmunizarse atacando a quien suponía se iba a reducir al silencio.

Quién puede ignorar que el expediente de Humberto Moreira fue congelado primero en la PGR y después en la Cámara de Diputados cuando, un grupo de coahuilenses pedimos se le sometiera a Juicio Político por las condiciones en que dejó el estado y las líneas de crédito de bancos privados obtenidos con documentos apócrifos. Fue evidente que el entonces secretario de la Cámara legislativa que estaba en ejercicio Guillermo Haro Bélchez cumplió la orden congelando el expediente para saltar la Legislatura pero, las constancias obran en la denuncia con documentales probatorios. El daño moral que el juez instruye con Moreira también adolece de la misma causa de improcedencia que el de Córdoba Montoya, sólo que ahora no por la ausencia de nexo causal en función del tiempo, sino por la sencilla razón de que una mala reputación notoria y de dominio público, no puede ser dañada porque ya estaba en tal estado que el periodista sólo añade lo que ello significa al interés público de los mexicanos, en el contexto de la epidemia de corrupción que asuela al país.

Es incuestionable que la interposición de una demanda de este tipo por daño moral a quien cumple la imprescindible tarea de denunciar los desvíos del uso de presupuesto público, constituye también, un acto adicional de corrupción porque sabe el influyente responsable del ilícito que con dinero puede al menos, en las instancias primeras, alargar el juicio y atormentar al demandado no habituado a litigar e incurrir en gastos y ocupación de tiempo por el interés de jueces que se prestan a alargar y hacer tramposos los procedimientos. Torcer el derecho es una nueva arma de poder contra la libertad de prensa y de expresión.

 

 

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