Crimen de Pasta de Conchos

Imperativo recrear tragedia para determinar responsabilidades; dramático, largo y doloroso trance de deudos no sólo requiere que les respeten el derecho de guardar luto

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El Grupo México de Germán Larrea Mota Velasco es el dueño de la mina de Pasta de Conchos en el municipio de Nueva Rosita Coahuila. El 19 de febrero de 2006 ocurrió el derrumbe del túnel de la mina de carbón y dejó sepultados a 65 trabajadores mineros que cumplían una jornada de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. Sólo 2 cadáveres fueron localizados en la cercanía de la boca del túnel de más de 2 kilómetros de extensión. El resto quedó sepultado irremediablemente porque sólo unos cien metros del inicio del túnel estaban ademados con vigas de madera y acero. Lo debido era que el total de la horadación horizontal tuviese la protección por la inminencia de desplomes en ese tipo de actividad. Tampoco por consiguiente, existía la llamada “cuerda de salvación” como se le conoce en la jerga de los mineros al cordón de grueso calibre que se adhiere con armellas en la pared lateral del túnel que al ocurrir una pérdida de iluminación, sirve a los trabajadores para guiarse sin golpearse hacia la salida de la mina.
La verdad de la tragedia ocurrida es que a pesar de los riesgos de esta actividad minera, que son considerados en la ley y reglamentos de seguridad de la especialidad, nunca los tomaron en serio en la empresa para proteger a sus trabajadores. En lo personal requerían casco, guantes, botines, ropa de alta resistencia y sobre todo la capacitación suficiente para enfrentar cualquier eventualidad. Indispensables también eran las lámparas móviles y en virtud de que con frecuencia puede darse alta densidad del gas metano y su inhalación debe evitarse a riesgo de desmayarse, es imprescindible la dotación de un equipo con tanque de oxígeno con la correspondiente mascarilla y goggles para proteger la vista.
En el acontecimiento ocurrido una de las hipótesis más probable fue que precisamente al oscurecerse el túnel por una falla eléctrica (que pudo deberse a un corto en una de las viejas plantas de soldar al interior que provocó una chispa) y la falta de equipo de emergencia como extintores y mascarillas para la disposición de oxígeno y la densidad del gas grisú, hubiera causado asfixia y pánico proseguido de una explosión que cerró la posibilidad de escapatoria tomándose de la cuerda de salvación. Esta versión nace de lo expresado por otros mineros que no estaban en el turno de trabajo pero que conocían el terreno y el estado de abandono del equipo eléctrico interior.
El mismo día en la mañana estuvo el obispo de Saltillo y más tarde pude presentarme en el lugar de los hechos. De ahí supimos que desde el día 7 de febrero anterior se había realizado la obligada sesión de la Comisión de Higiene y Seguridad que reiteró lo que en ocasiones anteriores ya se había consignado. Era el que las condiciones reglamentarias de seguridad y equipo de protección adecuado para los trabajadores no se habían cumplido. El Sindicato, la Secretaría del Trabajo y la empresa comparten por igual la responsabilidad del crimen industrial.
Se supo además que por un absurdo concepto de ahorro el capataz de la mina no protegía el túnel con las vigas que requiere el ademe para contener deslaves y sólo las colocaba en la entrada y en el tramo más próximo al del último sitio donde se estaba excavando, dejando la mayor parte del túnel al descubierto y por lo mismo, la explosión ocurrida provocó el tapón que impidió cualquier salida para los trabajadores al igual que el flujo de aire para su supervivencia. La mayoría de los trabajadores eran mineros de edad que habían sufrido alguna incapacidad parcial permanente y que eran contratados por una empresa outsourcing denominada General de Hulla S. A. de C.V., que ni siquiera los tenía inscritos en el IMSS aunque sí le pagaban las cuotas al Sindicato Minero para que se hiciera de la vista gorda.
Así contra lo que se dice que parece imposible que es recuperar los cuerpos, lo cierto es que sí se pueden localizar los restos y sobre todo se puede recrear el suceso para evaluar pericialmente lo ocurrido y determinar responsabilidades a quien corresponda toda vez que el dramático, largo y doloroso trance de los deudos no sólo requiere que les respeten el derecho de guardar el duelo para sus seres queridos sino que también se convierta en un precedente para salvar la dignidad de los mineros, causa que con tanto empeño persigue Cristina Auerbach y la Comisión de Derechos Humanos de la Diócesis de Saltillo para que en lo futuro no se exponga a los trabajadores a esta explotación.
Así los Secretarios del Trabajo Francisco Javier Salazar Sáenz, Javier Lozano Alarcón, el dueño de la empresa Grupo México México Germán Larrea Mota Velasco y el Sindicato Nacional de Mineros de Napoleón Gómez Urrutia todos son al menos culposamente responsables del crimen de 65 trabajadores de Nueva Rosita que fueron sacrificados para generar utilidades de los negocios y comprar a las autoridades competentes para que permitiera esta grave tragedia irreparable. El rescate que se ha propuesto ha sido triunfo de las Familias Unidas de Pasta de Conchos que no han dejado de exigir el respeto a su derecho a recobrar a sus trabajadores caídos. Triunfará la Justicia cuando junto con los restos restituidos, se aplique sin contemplaciones, la ley a los autores intelectuales del homicidio.

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