El catedrático de la Universidad del Mar Alfredo Salazar López, representante legal de la Unión Nacional de Marineros de Veracruz, recordó en una reunión de trabajo celebrada en el Senado de la República, que existe una jurisprudencia aprobada por el pleno de la SCJN que en una sesión privada celebrada el 27 de marzo de 2002, donde acordó, con apoyo en su Acuerdo Número 4/1996 del 24 de agosto de 1996, limitar la participación de las Fuerzas Armadas en actos civiles, a sólo en casos de coordinación y excepción, por lo que el control de la Armada de México de las Capitanías de puerto, estaría fuera de la legalidad, no obstante el almirante Vidal Soberón explica la iniciativa a la Ley de Navegación y Comercio Marítimos con estas palabras:

“Estas capitanías de puerto pasarían a formar parte de la Subsecretaría de Marina, que es la parte civil de la Secretaría de Marina y pasarían a formar parte de la Secretaría de Marina con los mismos efectivos que están laborando actualmente los puertos. No es una militarización, sino simplemente lo que estamos tratando nosotros es de aumentar la seguridad en los puertos”.

Según el código de honor militar, habría que creer en la palabra del secretario de Marina, Vidal Soberón Sanz, de que mantendrá a civiles en las 113 capitanías de puertos del país, en caso de aprobarse la iniciativa de ley que transfiere el control de los puertos, actualmente en manos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Gerardo Ruiz Esparza, a la Semar, y que su sucesor -en menos de tres años- hará honor a esa palabra que no empeñó él.

El almirante convocó a una conferencia de prensa el jueves pasado para detallar el proyecto que envió el Ejecutivo al Senado, en el escenario un afable “Bienvenidos Fuente Informativa de Marina”.

El argumento a favor es el mismo desde que se desveló la iniciativa: la seguridad de los puertos ante el embate del crimen organizado y pone como ejemplo Manzanillo, Colima, y Lázaro Cárdenas, Michoacán.

El jueves pasado el senador Francisco Salvador López Brito, integrante de la Comisión de Pesca y Acuacultura, se pronunció en contra de la iniciativa al calificarla de contradictoria, poco transparente y contraria a los intereses de las industrias de empresas dedicadas al transporte marítimo, pesca comercial y al turismo náutico.

Agregó que de aprobarse dicha iniciativa “Representaría un grave retroceso pues se estaría militarizando a instituciones claves del país como lo son los puertos de México”, además de que en la redacción no se tomó en cuenta la palabra del Colegio de Marinos Mercantes.

Una carta de rechazo del Colegio de Marinos Mercantes de Veracruz publiqué en http://goo.gl/99Dpdb.

Sin embargo, no se escucha la voz del presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth, ni de los coordinadores parlamentarios Emilio Gamboa Patrón (PRI), Fernando Herrera Ávila (PAN) o Miguel Barbosa Huerta (PRD).

El subrayado en la campaña mediática de la Semar hace énfasis en que NO se trata de militarizar los puertos, contrario a la opinión del senador López Brito.

Los medios de comunicación han cuestionado muy poco al respecto. En el Congreso hacen mucho más ruido frivolidades como el otorgamiento de la medalla Belisario Domínguez que la entrega del control de puertos a manos militares.

Pasó antes con la Ley Televisa y la Electoral que resultaron en engendros con lamentables repercusiones.

El cambio es trascendental y riesgoso porque siempre se cuestionó la entrada del Ejército y la Marina en la lucha frontal contra el crimen organizado por la capacidad corruptora de la falange más letal: el narcotráfico.

Ahora no se trata de una labor policiaca sino administrativa, de contacto con las organizaciones simuladas como empresas que tratan de establecer vías de entrada y salida de todo tipo de material ilegal.

El propio almirante Vidal Soberón asegura que no se trata de militarizar, entonces se trata de operar y administrar, por lo tanto aumenta el riesgo de exposición directa a la fuerza corruptora de los cárteles internacionales.

Habrá que ver si no está detrás la voz consejera del gobierno de Estados Unidos.

En el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa esa voz reconoció en la Marina Armada como la institución más confiable de México en la lucha contra el crimen organizado, amén de que las corporaciones militares afines mantienen contactos muy estrechos a nivel internacional.

Basta recordar las filtraciones publicadas por WikiLeaks de los cables del ex embajador de EU en México, Carlos Pascual, al Departamento de Estado en el 2010.

Califica a la Sedena de Guillermo Galván Galván de “lenta” para actuar contra el crimen organizado, a pesar de la información proporcionada por funcionarios norteamericanos sobre capos del Cártel de Sinaloa; la compara contra la efectividad de la Semar de Francisco Saynez Mendoza que logró abatir a Arturo Beltrán Leyva en Cuernavaca, Morelos.

Entre los argumentos en el Congreso contra la irrupción de las Fuerzas Armadas para combatir el crimen es que si el poder corruptor llega a las instituciones castrenses, no habría otra instancia mayor capaz de ejercer autoridad.

Habrá de considerarse otro detalle que olvidó informar Vidal Soberón en la conferencia: muy pocas aduanas permiten la recepción y salida de productos químicos y material equivalente, que, en simulación con otros, transitan como precursores de drogas sintéticas o procesadas; es el caso de Lázaro Cárdenas y Manzanillo, por eso entre las 113 capitanías de puerto solamente se habla de la efectividad de la Marina en esas dos.

Desde esta perspectiva habría que reflexionar sobre la prudencia de tomar una decisión global a partir de ejemplos puntuales, y si este grado de superficialidad en el debate parlamentario no arriesga a un cambio estructural de mayores dimensiones.

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