Constituciones trascendentes

Manifiesto paralelismo histórico

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El paralelismo histórico constitucional es manifiesto. Hace precisamente un siglo, la Constitución de Querétaro rompió moldes y generó toda clase de elogios y censuras. La de hoy en la renovada Ciudad de México, también suscita los mismos extremos. Ambas se discutieron acaloradamente en dos meses la primera y, en cuatro la segunda. Finalmente fueron aprobadas por unanimidad. Las dos han sido criticadas por su amplitud al llegar la redacción de sus articulados a un excesivo detalle que pareciera propio de una ley reglamentaria y no del tronco constitucional. La similitud mayor es la de que la nacional y la local, acentúan derechos sociales a cargo del gobierno del estado, el que, financiera y organizativamente, es todavía incapaz de cumplirlos a cabalidad.

La de la Ciudad de México, al igual que lo hizo la de Querétaro, aportó innovaciones drásticas como la revocación del mandato y la limitación del periodo del cargo del Presidente del Tribunal de Justicia a sólo un año, además de incluir un Consejo Ciudadano en las decisiones de antaño reservadas a su consejo de la judicatura. En la anterior, algo parecido ocurrió en sentido inverso, cuando la materia educativa, agraria y laboral quedó reservada al Ejecutivo para el cumplimiento de postulados revolucionarios. Así, ayer como hoy, el constituyente recoge aspiraciones populares para consignarlas y hacerlas realidad en el texto supremo.

Lo cierto es que el balance es promisorio. El que se haya logrado que la Ciudad Capital del país, después de tantas décadas de intentos haya podido integrarse a la Federación como la trigésima segunda entidad federativa o estado (que para los fines constitucionales es lo mismo) y que, en su condición de sede de los poderes federales, no se haya atado a un estatus mutilado en sus derechos ciudadanos y de autonomía en el ejercicio de su régimen interno. El solo rescate de la denominación primigenia de “la muy noble, leal y digna Ciudad de México” significó, nuevamente, para todos los mexicanos volver a su origen y fuente cultural de una plena identidad nacional.

Por lo que se refiere a las controversias planteadas ante la Suprema Corte de Justicia, podría hablarse bien de la conquista de una instancia ante un tribunal constitucional que no existía en la Constitución del 17 pero que en estricto sentido, no puede interponerse en el caso contra un acto soberano fundacional de una entidad federativa que en uso de sus atributos, convoca y conforma su pacto político con el mayor número de condiciones democráticas cumplidas. El único vicio visible de origen lo fue la integración de 40 de los 100 constituyentes por la vía de la designación de los poderes y no por sufragio popular, lo que no obstante se purga al convalidarse la aprobación unánime del acto constitutivo y su formal promulgación para hacerlo irreversible.

En cuanto a varios de los preceptos aprobados que han sido impugnados con el argumento de que rebasan el marco de la constitución federal; el tema es atinente para dilucidarlo a partir del sentido mismo del concepto que se tenga del modelo federal y del régimen constitucional. Si la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es un máximum o un mínimum de derechos y garantías y si, el acuerdo federal constriñe a los estados a la limitación absoluta o justamente, les permite el avance en el ámbito jurisdiccional respecto de los derechos de sus ciudadanos. La historia constitucional muestra cómo, por ejemplo, instituciones como el amparo nacieron antes en constituciones locales como fue la de Yucatán, para después ser adoptadas a nivel federal.

Por cuanto derechos políticos tan elementales como son el combate a la corrupción por diferentes vías, incluyendo la votación para la revocación del mandato o la limitación del tiempo del ejercicio del cargo en la presidencia del Poder Judicial, son respuestas del constituyente de la Ciudad de México que bien pueden servir para ser trasladadas al ámbito federal antes que rechazarse porque no se ajustan al anacronismo del ordenamiento general. Habría ceguera imperdonable de los constituyentes que aprobaron como legítimo el derecho ciudadano y, ahora arrepentidos, se retraen por el miedo de la capacidad democrática de una decisión popular para reducir el daño que un ejercicio desviado del poder puede inferir a un pueblo que tiene que soportar como inamovible un periodo inicial, que ahora estará condicionado a cumplirse a cambio de que honren en los hechos las promesas de la campaña electoral.

El tema de la revocación del mandato, como el de la permisibilidad del uso de la mariguana para fines terapéuticos, la integración del cabildo por los alcaldes y el jefe de gobierno, la modernización del sistema de justicia penal, etcétera tendrán posibilidad de ser conocidos en sus verdaderos alcances una vez que la Asamblea de la Ciudad de México emita las leyes reglamentarias respectivas. En todo caso, podrán ser recurridas en amparo si lesionan derechos fundamentales constitucionales o acuerdos internacionales pero, por ahora, anticipar vísperas no tiene caso por correrse el riesgo de no proceder la controversia constitucional propiamente dicha y, por la otra, porque pudiera resultar ociosa si en la ley secundaria se conocen los términos exactos que pudiera tener el postulado constitucional que suscita dudas.

Finalmente, no deja de ser cuestionada la autoridad moral de la Suprema Corte de Justicia, ya que, en el supuesto sin conceder, que dé curso a ésta instancia, mal la inicia aventurando que la autoridad responsable, que era el extinto Congreso Constituyente, sea ahora la Asamblea de la Ciudad. Todavía está fresco el recuerdo de la consulta para la revocación de la reforma energética del poder legislativo que le negó al pueblo quien conforme a la fracción VII del artículo 35 de la Constitución la solicitó y fue desechada con el pretexto de que caía en la excepción de ingresos y gastos del estado.

 

 

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