Colima: 7 policías, una diputada y un juez federal

Al Gobierno Federal se le fue de las manos Guanajuato, y comienza a írsele otro estado considerado tranquilo. Los únicos referentes para garantizar la paz son el Ejército y la Marina. La Guardia Nacional, apenas, y Alfonso Durazo tranquilo, muy tranquilo. En dos semanas…

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1 de junio. Localizan los cuerpos de siete policías secuestrados.epidemia ya la “domó” su gobierno. 3 de junio. Encuentran en una fosa clandestina el cuerpo de la diputada local Francis Anel Bueno. 16 de junio. Ejecutan al juez federal Uriel Villegas Ortiz junto con su esposa.

> Para dar una muestra de que la “conquista” del nuevo territorio va en serio, los últimos hechos son un reto no solo para el Secretario de Seguridad nacional, sino para el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Colima comienza a arder, i no es que ya está en llamas

> En la medida que los meses pasan y la supuesta nueva estrategia no asoma por ningún lado, el crimen organizado se sirve con la cuchara grande. Hasta despensas reparte en plena libertad.

Desde hace meses sostengo que Guanajuato ya no fue responsabilidad de los sexenios pasados, sino del actual.

Un estado primordialmente cultural, industrial, turístico, enfrentó sus primeras acciones de violencia hace unos tres años, pero la mayor parte de la ola criminal a alto nivel ocurrió a finales del 2018, y fue brutal en el 2019.

Hace dos semanas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador culpó a los sexenios pasados. Lo llamó, como a todo, herencia. Casi como cuando afirman que atendieron la epidemia de Covid-19 desde enero, una mentira.

Si en realidad el nuevo gobierno contara con un plan infalible, Guanajuato sería el lugar ideal para probarlo, pero la verdad es que, parece, que ni con plan, verdaderamente estructurado, se cuenta.

El hecho de expresar una quimera como es desear que cambien las condiciones sociales para que las bandas criminales no prosperen, es un buen plan, pero no ataca la inmediatez.

Para que los pobladores que habitan donde imperan las bandas de grupos armados puedan decir que tienen un nivel de vida que no los empuje a actividades ilegales para sobrevivir, faltan décadas.

Para que en México dé un vuelco la condición social, la disminución de la tan marcada línea de estratos, se requieren varias generaciones, pero, además, no un líder con ideas más aterrizadas, sino todo un aparato que empuje el crecimiento económico para llegar al Bienestar, sin que eso signifique volver al pasado o retomar ideas fallidas del PRI o del PAN.

En la medida que los meses pasan y la supuesta nueva estrategia no asoma por ningún lado, el crimen organizado se sirve con la cuchara grande.

Han sido tantos los abrazos, más que balazos (“porque la violencia no se combate con violencia”), que todo pasa por episodios increíbles que en otros tiempos no muy lejanos habrían desatado la indignación total. Como por ejemplo la liberación de Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo”, en octubre del año pasado, para evitar un derramamiento de sangre, justificó el Gobierno Federal, y que por cierto en la “mañanera” de este viernes el Presidente reiteró contundentemente “yo di la orden”.

O el saludo del Presidente López Obrador durante una visita al municipio de Badiraguato, Sinaloa, el 29 de marzo, precisamente día de cumpleaños de Ovidio Guzmán.

Pero si observamos detenidamente que durante la epidemia de Covid-19 diversos grupos armados, cárteles, han tenido la plena libertad de distribuir despensas y otros artículos a la población en distintos estados del país, pues se entiende que efectivamente no hay guerra contra el crimen organizado. Vaya, hasta podría sugerirse que están integrados ya a la sociedad con el beneplácito del Gobierno Federal.

Entre estos grupos están el Cártel Jalisco Nueva Generación, el del Golfo, el de Santa Rosa de Lima, La Familia Michoacana; en Michoacán también “Los Viagras”; el de una supuesta hija de “El Chapo” Guzmán repartiendo víveres en cajas con el rostro de su padre. En Chihuahua “Gente Nueva”, en Veracruz “Los Zetas”.

Durante la confinación por la epidemia de Covid-19 varios cárteles acudieron a colonias y pueblos a obsequiar despensas. Nada los detuvo.

La clientela, por no decir que el mandado, el crimen organizado se la quita al gobierno en, al menos, Sinaloa, Jalisco, Morelos, Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Colima, Michoacán, Guanajuato y Chihuahua.

Sí, antes era hablar de Chihuahua, Nuevo León, Michoacán, Veracruz, Quintana Roo. De Sinaloa, siempre. Pero llegó el turno a Guanajuato y la cosa se puso fea.

El año pasado la frecuencia de ejecuciones en grupo en ese estado, sobre todo en bares, antros, talleres y centros de rehabilitación fue diaria.

Actualmente, Guanajuato ocupa el primer lugar en violencia en el país según datos de la Comisión Nacional de Seguridad y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La principal confrontación se da entre miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Santa Rosa de Lima. En la entidad prolifera el narcotráfico, la extorsión, el secuestro y el robo de combustible.

Pero Guanajuato ya está saturado, ya es territorio cuando menos “mapeado” por las instituciones que están tras sus actividades, principalmente el Ejército y la Marina. Por ello, estos grupos y otros buscan “nuevos horizontes”, y ya encontraron uno.

Se llama Colima. Y para dar una muestra de que la “conquista” va en serio los últimos hechos son un reto. Colima comienza a arder, si no es que ya está en llamas.

COLIMA EL INFIERNO

No son los primeros casos, pero sí de los más graves que instalan a Colima en el nivel de alerta al que ya llegaron otros estados y lo superaron gracias, entonces, al Ejército y la Marina, hoy de regreso a las calles. O en el que está, sin tregua, Guanajuato.

En las cifras manejadas por las autoridades federales, Colima presentaba, hasta hace tres semanas, un panorama engañoso.

En diciembre pasado, Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, daba a conocer que el índice de crecimiento de homicidios dolosos en el país fue de 0.1 por ciento en 2019.

En ese reporte mencionó que Colima era la entidad con el mayor índice de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes.

Esa tendencia se mantuvo en los reportes de los primeros meses del 2020.

La medición, que no reflejaba el nivel de atrocidad de la violencia, se enfrentaba a otra, también revelada por Durazo, las cifras absolutas, en donde Guanajuato ocupa el primer lugar, después Chihuahua, Baja California, Jalisco y Baja California.

¿Qué reflejaba Colima? Un ambiente de inseguridad como el padecido por otros estados, en donde, definitivamente, el afectado es el ciudadano, pero en el que la falla está en la estrategia local.

El asunto sube de tono cuando el crimen organizado es capaz de pasar por encima de quienes representan o defienden al pueblo.

Uno de los primeros grandes avisos ocurridos en Colima fue el 1 de junio, horas después de la participación de Durazo en la conferencia matutina en Quintana Roo, durante la gira de AMLO por el sureste. Ese día, se dio a conocer el hallazgo de los cuerpos de siete policías de Colima secuestrados días antes.

El segundo, con nivel de agravio a las autoridades federales, lo reveló el propio Presidente López Obrador, también en conferencia matutina en la misma gira.

El cuerpo de la diputada local Francis Anel Bueno, desaparecida semanas antes, fue hallado en una fosa clandestina.

Pero ahí no paraba todo. El martes pasado la ofensa fue mayor. Uriel Villegas Ortiz, juez federal, fue ultimado en la puerta de su casa. En el ataque murió también su esposa, y el crimen se perpetró frente a las dos hijas menores del matrimonio.

El riesgo latente en Colima es que el índice de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, se conviertan en absolutos, como ocurre en Guanajuato y los estados que le siguen.

El tamaño de las agresiones de las últimas tres semanas, sugieren una atención más cercana de parte del Gobierno Federal a la entidad.

Hasta hoy no existe una respuesta clara de quiénes ejecutaron a los siete policías, a la diputada local y al juez federal.

LA TRANQUILIDAD DE DURAZO

La mejor frase de Alfonso Durazo siempre que da su informe sobe Seguridad en el país es ya hay “una línea de contención muy por debajo de la tendencia histórica”.

Sin excepción la menciona cada vez que toma el micrófono, y sin excepción afirma que existe desde diciembre de 2018, cuando inició el actual gobierno.

Colima es hoy la mayor referencia de que el crimen organizado busca nuevos territorios donde apostarse haciendo ruido. Porque no es secreto que el puerto de Manzanillo ha sido uno de los puertos favoritos para el trasiego de todo tipo de droga o sustancias para procesarla.

Sin embargo, el crimen organizado no para su actividad en el resto del país. La semana antepasada fue secuestro en Puebla el General Brigadier José Guillermo Lira, liberado tras el pago de un rescate supuestamente de 5 millones de pesos.

Días después, en Celaya, la Guardia Nacional detuvo a un menor de edad transportando todo un arsenal de armas largas y equipo táctico, así como municiones, cargadores y más.

A principios de la semana pasada, durante una conferencia matutina, salió a relucir la trágica noticia del asesinato del juez federal Villegas Ortiz.

Sobre el homicidio expresaron sus condolencias y su preocupación el Presidente López Obrador y la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Pero quien estaba a unos metros, con cubrebocas, por aquello de la sana distancia, Alfonso Durazo, ni se inmutó. Como casi siempre, se mantuvo atento a su laptop y su celular, impasible.

Al final de la “mañanera”, como lo recuerda casi en todas, el Presidente presumió que de 6:00 de la mañana a 7:00 revisan los reportes diarios sobre la inseguridad en el país.

Pero al parecer no ocurre nada. Al menos nada que les preocupe.

En Colima los retan, matan a policías, una diputada y un juez federal en dos semanas. Quizá toda la adrenalina esté en la laptop de Durazo.

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