Chiapas y Baja California leyes personales e inconstitucionales

Amador Rodríguez, de mapache electoral

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Cuando, en 1988, Patrocinio González Garrido tomó posesión como gobernador del estado de Chiapas promovió una reforma constitucional para ampliar el periodo, por una sola vez, de presidentes municipales y diputados locales, de tres a cuatro años, entre 1991 y 1994.
La reforma, aunque personal, era constitucional, puesto que los electores votarían, en 1991, por un periodo cuatrienal legislativo y municipal, contrario a lo que ahora ocurre en Baja California, que se amplía, artificialmente, el periodo de Jaime Bonilla Valdez de dos a cinco años cuando los electores votaron por un bienio.
Lo malo es que don Patrocinio incluyó, dentro de esa reforma, un interinato inconstitucional de gobernador del estado por un año y ocho días. El periodo constitucional del general Absalón Castellanos Domínguez concluía el 7 de diciembre de 1988 y el de González Garrido el 7 de diciembre de 1994.
A partir del término de su mandato, don Patrocinio propuso un interinato de un año y ocho días, del 8 de diciembre de 1994 al 16 de diciembre de 1995. El argumento de tan desaseada determinación se la dio a la destacada periodista Isabel Arvide en su libro “23 Diálogos con Gobernadores”. Ahí, el gobernador Patrocinio González expuso una tesis insostenible: “Es un reclamo muy viejo de Chiapas como consecuencia de que había la tradición de que el gobernador entrante era, en muchos casos, resultado en un poder presidencial saliente”. Esta aserción es una gran falacia, pero, por hoy, no hay espacio para desvirtuarla y queda pendiente para otra ocasión.
Según González Garrido, como el Presidente de la República y el gobernador de Chiapas tomaban posesión al mismo tiempo, mientras el gobierno federal se estructuraba y ponía en marcha sus planes, Chiapas perdía un año en tanto pasaban, simultáneamente, los periodos de adaptación y aprendizaje entre Federación y estado. Es esta reforma constitucional uno de los ejemplos más emblemáticos de ejercicio legislativo para la expedición de leyes personales.
Lo cierto es que don Patrocinio, un hombre irracional y autoritario, previó evitar la posibilidad de un juicio político ante una administración pública fallida, como realmente ocurrió. Esta figura aplicable al mal desempeño de los servidores públicos es procedente constitucionalmente durante el tiempo de su encargo y un año después.
Así, cuando González Garrido dejara el cargo tendría dos beneficios: Trataría de imponer al sucesor interino y ya habría pasado un año y ocho días para quedar fuera del alcance de la justicia constitucional, aun cuando atentara en contra del Pacto Federal y del mandato que obliga a elecciones libres, auténticas y periódicas.
Sus planes se vinieron abajo cuando, primero, fue nombrado secretario de Gobernación en enero de 1993 y, después, cuando, el 1 de enero de 1994, el levantamiento zapatista obligó a la contrarreforma para regresar al periodo original de elecciones en ese 1994 y hubo de renunciar a la secretaría de Gobernación.
El otro intento de atraco constitucional lo cometió el alucinado de Juan Sabines Guerrero. En agosto de 2007, los electores votaron para que los presidentes municipales cumplieran un trienio, del 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2010, y los diputados locales del 16 de noviembre del 2007 al 15 de noviembre de 2010.
Acostumbrado a violar la ley, Juan Sabines promovió una reforma a la Constitución Política de Chiapas para que, sin elección de por medio, los presidentes municipales prolongaran su mandato hasta el 30 de septiembre de 2012 y los diputados locales permanecieran al 15 de noviembre también del 2012.
Para lograr su propósito, el Congreso del estado de Chiapas sesionaba clandestinamente, sin la presencia de la ciudadanía y sin información a los medios de comunicación para evitar interferencias que dieran a conocer reformas inconstitucionales. Como parte de los artilugios legislativos se cambiaba constantemente la hora de apertura de las sesiones del Congreso. De las ocho de la noche se adelantaba para las cuatro de la tarde y, de pronto, la de la tarde se pasaba para la noche. La publicación en el periódico oficial número 188 se hizo a escondidas para evitar su impugnación.
Juan Sabines terminó derrotado cuando, a través de la correspondiente Acción de Inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la inconstitucionalidad del proyecto sabinista y ordenó que el proceso electoral debería de realizarse en el año 2010.
La experiencia de Chiapas del 2009 es la que más se parece a lo que hoy ocurre en Baja California y, desde luego, la obligación de la Suprema Corte de anular la Ley Bonilla. Hace unos días, en el programa de José Cárdenas, se entrevistó al gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla Valdez. Una de las preguntas fue en el sentido de por qué el Congreso bajacaliforniano había sesionado fuera del recinto legislativo de noche y en completa secrecía.
El usurpador anticipado dio una respuesta que evidencia la abierta intención de violación constitucional y, al estilo de Amador Rodríguez Lozano, diría Bonilla: “El Congreso tiene facultades de sesionar a la hora y en el lugar que quiera”. Cierto, pero, bajo las actuales circunstancias, una sesión secreta conlleva a la certeza de que se sesiona para violar la Constitución mexicana y la de Baja California. Tan es así que de esa reunión salió la decisión congresional de hacer gobernador a Bonilla por cinco años, en lugar de los dos por el que sufragaron los electores.
Amador Rodríguez Lozano hace los más ridículos malabares retóricos para justificar lo que connotados juristas, como la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, el ministro en retiro José Ramón Cossío y el destacado investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Miguel Carbonell, califican como un atentado a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Entre tantas barbaridades dice Amador: “Los estados son libres y soberanos con un poder legislativo en ejercicio de su soberanía”. “En Baja California hay un Congreso que entiende a su pueblo”. Se requiere más tiempo para poder hacer todo lo que se propone un gobierno”. “Hay que servir a este estado para atacar la corrupción”.
Rodríguez Lozano, además de cínico, se promueve como ignorante. La Ley Bonilla viola los artículos 40 y 41 de la Carta Magna. Los estados no son libres y soberanos; son autónomos para darse su propia Constitución y emitir sus leyes, pero siempre en observancia de la Constitución Mexicana y del pacto federal.
Cuando Amador el pequeño dice que el Congreso entiende a su pueblo habría que preguntarle cuando se le consultó para avalar la Ley que usurpa disposiciones constitucionales.
Amador tampoco puede hablar de honestidad, y menos cuando se pronuncia para atacar la corrupción, cuando dejó funestas experiencias de corrupción como ministro de Justicia en Chiapas. Por hoy basta con señalar aquel episodio cuando dio a conocer que se habían incautado dos toneladas de cocaína para después desmentirlo e informar que realmente se trataba de lactosa.
Así, las leyes personales parecían enterradas en el pasado. Lo lamentable es que la Ley González Garrido, la Ley Sabines, la Ley Bonilla y la Ley Garrote remiten al México del siglo XIX. Ampliaremos…

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