Antes de comenzar con el texto del presente artículo, vale la pena hacerse tres preguntas y preguntarle a la sociedad: ¿Para qué sirven las leyes? ¿Para respetarlas o violarlas? ¿Para qué sirven las instituciones? ¿Para proteger a los gobernados o conculcar sus derechos? ¿Qué es un Estado de Derecho?

Aunque la respuesta es obvia, es importante recordar a las autoridades que la organización jurídica y todas las leyes que de ella se derivan son para respetarlas y hacerlas respetar.

El principio de legalidad establece que la autoridad únicamente puede hacer lo que el orden jurídico le autoriza a hacer.

Las instituciones fueron creadas para defender a los gobernados de los excesos del poder y determinar a cuál de ellos le corresponde el derecho que uno reclama frente a otro.

Y por supuesto el Estado de Derecho comprende todo el orden jurídico, todas las instituciones y todos los órdenes de gobierno -Federación, estados y municipios- dentro de una entidad política estructurada y organizada jurídicamente, en que todo gobierno y toda autoridad deben necesariamente sujetar sus actos al orden constitucional.

Lo malo es que en Chiapas se camina en sentido inverso de la ley, de las instituciones y del Estado de Derecho.

El pasado mes de agosto, el Congreso y el Poder Judicial del Estado protagonizaron uno de los más graves atentados en contra del Constitucionalismo y la seguridad jurídica de los gobernados.

En el Poder Judicial hay un órgano denominado Consejo de la Judicatura. Corresponde a esta representación la responsabilidad,  entre otras más, el nombramiento, remoción y adscripción de jueces, magistrados, secretarios, actuarios y todo el personal que trabaja en el tercer poder, así como la administración de los recursos humanos, materiales y financieros del propio Poder Judicial. Es decir, todos los actos del Consejo afectan a la sociedad y a quienes van en demanda de justicia.

El 24 de agosto anterior, en grave violación a la Constitución del Estado de Chiapas, la Comisión Permanente del Congreso local, nombró a José Octavio García Macías, consejero del Consejo de la Judicatura. En ese momento era inelegible. El dispositivo Constitucional ordena y obliga que para ser consejero, no debe haberse ocupado el cargo de presidente municipal en todo el año anterior. García Macías ocupó ese cargo del 1 de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2015.

Esa simple referencia permite establecer que podía ser nombrado consejero hasta el 1 de octubre de 2016.

Más grave todavía es el nombramiento de Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, el 4 de agosto de 2016, como magistrada de la segunda sala penal del Tribunal Superior de Justicia.

Al igual que García Macías, doña Mirna resultaba inelegible. Había sido diputada local del 1 de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2015.

La Constitución de Chiapas mandata que quien haya sido diputado local no puede ser magistrado en todo el año inmediato anterior al día de la designación.

Pero la violación en la que incurrió la magistrada Camacho Pedrero se extiende incluso a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al respecto, el artículo 116 establece: “No podrán ser magistrados las personas de los Poderes Judiciales locales que hayan ocupado el cargo de (…) diputado local, en sus respectivos estados, durante el año previo al día de la designación”.

La pregunta obligada es, en el caso de García Macías, ¿por qué no esperar 37 días? para cumplir con el requisito de un año de haber cesado sus funciones como edil de La Concordia, Chiapas. Y para nombrar magistrada a Mirna Camacho bastaba con esperar 57 días y cumplir también con el año que exigen la Constitución de Chiapas y la Carta Magna.

Desde luego que anomalía tan severa es responsabilidad de ambos lados. Los aspirantes a consejero y magistrada tenían la obligación de manifestar el impedimento Constitucional para su designación. Y los siete diputados de la Comisión Permanente, verificar que se cumplían íntegramente los requisitos exigidos por ambas Constituciones.

Esa omisión deliberada del consejero y la magistrada, y la de los diputados Eduardo Ramírez Aguilar -presidente de la Comisión Permanente-, Judith Torres Vera, Silvia Guillén Garcés, Límbano Domínguez Román, Alejandra Cruz Toledo, Fidel Álvarez Toledo e Isaías Aguilar Gómez, los pone en el sendero del juicio político y el juicio de procedencia de carácter penal, por afectar los intereses públicos fundamentales de la sociedad y por excederse en el ejercicio de las funciones legalmente conferidas.

Ramírez Aguilar ha sido presidente municipal de Comitán, secretario de Gobierno, presidente del Partido Verde y actualmente presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.

En el mes de diciembre de 2015 promovió un evento en el que el ex procurador general de la República y ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Diego Valadés, llegó a Chiapas para iniciar los trabajos de las reformas a ese adefesio de Constitución siglo XXI, inventada por el bandido de Juan Sabines Guerrero.

Con el artilugio de realizar una consulta sobre las reformas a la Constitución de Chiapas, Eduardo Ramírez ha recorrido el estado para promover su candidatura a gobernador para el 2018.

Lo malo es que ya perdió autoridad moral para presentar una iniciativa de reformas a la ley que violó impunemente. La aprobación de los nombramientos de consejero y magistrada, con violación flagrante de dos leyes supremas, se lo impide.

Por omisión también tiene su cuota de responsabilidad el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rutilio Escandón Cadenas, al no llamar la atención del Congreso que el consejero Octavio García Macías y la magistrada Mirna Camacho Pedrero ejercen el cargo al margen de la ley.

En el exceso de procurar protección a la magistrada Camacho Pedrero, momentáneamente se le ha separado del cargo.  Comisionada por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, tramposamente se le ha adscrito a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, en espera de que llegue el 1 de octubre y asuma a plenitud una magistratura que no merece y que ya manchó.

A sabiendas de que no cumple con los requisitos constitucionales, el Consejo de la Judicatura también ya se involucró en la ilegalidad.

Sólo que el artilugio no le va a resultar. Mirna Camacho no tiene escapatoria. En funciones de magistrada ha firmado más de 20 apelaciones y ese descuido la incrimina para ser sujeta de juicio político o de declaración de procedencia.

Pero lo realmente lamentable y denigrante es que los legisladores hacen las leyes y son los primeros en violarlas, en tanto que al Poder Judicial corresponde la aplicación de la ley y su desprecio por la misma es evidente.

Ampliaremos…

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