César Rodríguez Robles, cantinero en funciones de juez

Así se aplica en Chiapas la justicia contra magistrados que ejercen su autonomía

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Jueza Isabel Álvarez Ramos

El 8 de junio de 2013 asesinaron en la ciudad de San Cristóbal a la joven Viridians Flores Ramírez. Como responsable del feminicidio señalaron a su pareja sentimental, Omar Fernando Rosales Toledano, con quien había procreado un hijo.

Lo grave fue que el dictamen del médico legista, Juan Rubén Hernández Chávez, concluyó que el cadáver sobre el cual se hizo la necropsia no era el de la víctima. Su opinión la basó sobre tres hechos irrefutables. El día que Rosales Toledano rindió supuesta declaración inculpatoria se encontraba inconsciente, internado en el hospital de especialidades Vida Mejor con lesiones, intoxicación y deshidratación.

El informe de la policía establece que un ministerio público llegó con hojas impresas para tomarle las manos e imprimirle las huellas de ambos pulgares. Sólo que por su estado de inconciencia no podía firmar como exige la formalidad procesal. Sin embargo, después apareció una firma que la pericial correspondiente determinó que no era la de Omar Fernando Rosales Toledano.

El otro dato exculpatorio a favor de Rosales Toledano es la ausencia del cuerpo del delito. El peritaje del médico legista concluyó que el cadáver no era el de Viridians Flores Ramírez, puesto que no tenía dos cicatrices. Una, por la intervención quirúrgica para extirpar el apéndice en su niñez y, la otra, por la ausencia de una cesárea para interrumpir un embarazo.

Y el último razonamiento del facultativo desvirtuó el supuesto lanzamiento del cuerpo de Flores Ramírez desde una altura de 250 metros, en el puente San Cristóbal. Diría el médico legista: “El cadáver no presenta lesiones graves como para haber caído de esa altura. Por lo tanto concluyo: No es el cuerpo de Viridians Flores Ramírez”.

Bajo esos argumentos irrefutables, la jueza Isabel Álvarez Ramos dictó sentencia absolutoria en ejercicio de su independencia jurisdiccional. Sólo que por no acatar las consignas de órdenes superiores, Álvarez Ramos ha sido sometida a una persecución administrativa y judicial. Primero, el Consejo de la Judicatura la separó del cargo sin tener facultades para tan aberrante determinación. La jueza se negó a acatar la orden de Rafael León González de dictar sentencia condenatoria (Hojas Libres de 28 de abril de 2019).

Como no se doblegó resultó acusada, ante el Ministerio Público, por delitos cometidos en la administración de justicia, según previene la fracción I del artículo 422 del Código Penal: “Dictar, a sabiendas, una resolución de fondo o una sentencia definitiva contraria a las actuaciones seguidas en juicio”. El numeral no es aplicable a la actuación de la jueza. Consta en el expediente penal que no hay un solo elemento que incrimine a Omar Fernando Rosales Toledano. A pesar de ello, el Ministerio Público pidió al juez penal, Gabriel Grajales Pascasio, una orden de cateo y aprehensión por el delito descrito. Sin ningún sustento, el juez concedió solícito la petición planteada.

Lo que debió de haber sido un simple citatorio para iniciar un proceso de investigación se convirtió en un calvario de carácter penal y de represión física y psicológica para la jueza Isabel Álvarez con actos difamatorios y de escarnio público aun cuando no se le ha determinado responsabilidad penal ni administrativa.

El falaz argumento para proceder a su detención fue que se le citó cinco veces para acudir ante el Ministerio Público y nunca compareció. Otra vez la trampa y la mala fe. Se le notificó en un domicilio de la ciudad de Cintalapa, en donde la autoridad sabía que ya no vivía desde hacía 25 años. Consta en el Consejo de la Judicatura de Chiapas la expedición de su credencial para acreditarla como jueza, con domicilio en Prolongación Insurgentes número 125, en la ciudad de San Cristóbal. Con todos esos artilugios, y acusada de rebeldía, se procedió a su detención.

Sólo que con esa orden de cateo y aprehensión, el Ministerio Público y el juez Gabriel Grajales Pascasio incurrieron en el delito de Ejercicio Ilegal de Funciones Públicas, sancionado por la fracción IV del artículo 417 del Código Penal, el cual previene: “El servidor público que ejerza funciones que no le correspondan o se exceda en el ejercicio de las que tiene conferidas”.

Como esa función no les corresponde al Ministerio Público y a Grajales Pascasio, de facto se convirtieron en un Tribunal Federal Colegiado de Circuito de última instancia para concluir que la jueza es penalmente responsable aun cuando apenas se encuentra en etapa de investigación.

Que recuerde Gabriel Grajales que él mismo sufrió persecución política y judicial cuando el bandido de Rolando Ramos Rovelo usurpaba el cargo de Presidente del Tribunal Superior de Justicia. En ese entonces, Grajales Pascasio fue separado del cargo de juez y sometido a averiguación previa. De lo que tanto se dolió, hoy repite esa funesta experiencia en contra de una compañera de trabajo, y bajo consigna. Carlos Alberto Bello Avendaño y Gabriel Grajales Pascasio habilitados como ejecutores de canibalismo jurisdiccional.

El contubernio y la consigna continuaron a cargo del juez César Rodríguez Robles. El pasado 6 de junio, a la jueza Isabel Álvarez Ramos se le trasladó del penal de El Amate al penal de Chiapa de Corzo. El espectáculo no podía ser más humillante y ofensivo. Se le presentó en audiencia totalmente esposada, como si se tratara de una delincuente peligrosa, en violación absoluta de sus derechos humanos y de sus garantías individuales.
Públicamente defendió su causa y dijo ser víctima y perseguida cuando, sin ningún temor por la represión de Estado, sentenció: “Esta es la más grande de las injusticia”, y simultáneamente alzaba los brazos para enseñar las esposas sobre sus manos sin ninguna justificación.

César Rodríguez se comportó como un vulgar cantinero en funciones de segundo juez de consigna. Como nunca, parte de la audiencia se encontraba de pie por el interés que ha despertado la injusticia contra la jueza Álvarez Ramos. Rodríguez Robles amenazó con sacar a todo aquel que se encontraba parado, pero sin justificar en qué ordenamiento legal fundamentaba su absurda petición, sobre todo porque jamás se alteró el orden público.

Con voz ronca, y fuera de contexto, propinó un manotazo sobre la mesa. Sin el mallete que utilizan los jueces para decir se levanta la sesión continuó la sesión espetó iracundo: “No voy a permitir nada que altere el orden en la sala. Y voy a castigar severamente cualquier desorden”.

¿Castigar severamente? ¿Iba a recluir a todos? ¿Los iba mandar a fusilar? Quien realmente ofendió a la audiencia con esa actitud fue este delincuente jurisdiccional.

Como se esperaba, la jueza Álvarez Ramos terminó vinculada a proceso y sin derecho a fianza, a pesar de tratarse de un delito menor, no grave. El argumento del cantinero es de ridiculez extrema. Se le niega la fianza porque puede poner en riesgo la investigación (aun cuando está bajo control de la procuraduría y del Poder Judicial a través de los dos jueces de consigna), puede poner en riesgo a la víctima (aun cuando ya está muerta y, hoy, la víctima es el Estado represor) y para evitar que los testigos sean amenazados (aun cuando la amenazada con el poder del Estado es la propia jueza).

Así, el 6 de junio es un día fúnebre para la procuración y administración de justicia en Chiapas ante tan funesto mensaje. JUEZ Y MAGISTRADO QUE NO ACATEN ÓRDENES SUPERIORES TERMINARÁN COMO ISABEL ÁLVAREZ RAMOS. Ampliaremos…

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