Basurero tóxico, negocio letal

Alarmante rezago en tratamiento y reciclaje de desechos; política ambiental de los gobiernos federal y estatales carece de un programa serio para enfrentar amenaza creciente de los desperdicios

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¡El afán desmedido de riqueza vence cualquier escrúpulo! No se repara en considerar el efecto o daño que se causa ni, a quién o a quiénes, van a hacerles pagar el costo de su beneficio o enriquecimiento. Es el caso de los que, contando con grandes recursos económicos líquidos, ya sea por azar de especulación financiera o complicidad con negocios turbios, incluyendo los que se hacen con servidores públicos en obras, proveedores o servicios sobrepagados no prestados, pero cobrados, que se destinan a multiplicarse en otras fuentes de riqueza en actividades económicas, sobre todo las relacionadas con las oportunidades que en nuestros días existen en la materia ecológica.

Nadie desconoce que entre muchos atrasos que padecemos está el del rezago en el tratamiento y reciclaje de desechos, basura de todo tipo y nivel de toxicidad. En la política ambiental de los gobiernos nacionales y estatales no ha habido un programa serio para enfrentar esa amenaza creciente de los desperdicios. Se creó la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para cumplir con una moda internacional pero, su operación y efectividad, salvo honrosas excepciones, ha sido nula al grado que los titulares de la especialidad han sido compromisos o componendas políticas para acomodar a compadres como es el caso ahora, de Rafael Pacchiano.

Este grave vacío de nuestros gobiernos ha dado lugar al nacimiento de toda clase de negocios con supuestos servicios para el manejo de los desechos, basura y desperdicios, siempre con el máximo afán de lucro ofreciendo a quienes las producen en el sector industrial incluyendo Pemex, CFE, minas, industria transformadora, etcétera, que en vez de preocuparse por reutilizar, reciclar o al menos neutralizar los efectos tóxicos y peligrosos de esos residuos, los confinen o guarden en lugares apartados para que pocos se den cuenta, y ahorren grandes sumas de lo que les costaría el tratamiento o reprocesamiento, pagándole al dueño del gigantesco basurero una cantidad menor, incluyendo ya la mordida para Semarnat y Profepa.

Con esta lógica nace en General Cepeda, Coahuila, un municipio agropecuario con turismo de interés paleontológico por sus vestigios y paisajes (sin industria), el proyecto de un macro basurero de desechos de alto riesgo y toxicidad no biodegradables propiedad de la familia Calvert de Saltillo, que es conocida por regentear también inmundos basureros municipales en Arteaga, Coahuila. El nuevo gigantesco basurero se localiza en un predio de 30 hectáreas a la vera de la carretera Saltillo-Torreón, justamente colindante con el ejido la Noria de la Sabina. Los Calvert, con socios e influencias en el gobierno de Coahuila, lograron también la complicidad de Semarnat que, sin el menor recato, les concedió el permiso para abrir un Centro de recepción o confinamiento de desechos y desperdicios tóxicos. El negocio era redondo: Compraron tierras a bajo precio y bajarán todavía más con las ampliaciones que se requieran porque la infestación a los alrededores, en las tierras del ejido, se convertirá en eriales que serán abandonados por sus pobladores.

Lo que no contaron los voraces buitres de la ecología es que los campesinos se iban a defender y con el apoyo de don Raúl Vera de la diócesis de Saltillo y del padre Pedro Pantoja de la Casa de Belén para migrantes, se organizaron con todos los ejidos circundantes e interpusieron un recurso de nulidad administrativa ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, mismo que, ante la insuficiencia de los soportes científicos, técnicos y sociales, que se contenían en los supuestos estudios que los Calvert presentaron, decretó la nulidad de la autorización y la suspensión inmediata de la operación del confinamiento por el daño ecológico trascendente que está causando y que será irreversible. La sentencia emitida en febrero pasado cuenta también como un valioso precedente para exigir seriedad, rigor científico y de protección ecológica y social al querer establecer un negocio que afecta directamente el derecho, a un medio ambiente sano.

Bien dijo el doctor en hidrología subterránea del Instituto de Geografía de la UNAM, doctor Joel Carrillo: Los sitios susceptibles de ser destinados a confinamiento de residuos peligrosos deberán estar localizados previamente por la autoridad en función de la eliminación de cualquier riesgo de contaminación de aguas subterráneas exclusivamente en los lugares donde esto fuera posible con garantía de los estudios serios al respeto. Nunca dejar al gusto de los negociantes irresponsables, situarlos en donde les produzcan más ganancias. Sobre todo, la necesidad de confinamiento debe ser marginal, respecto de lo que debe ser reutilizado mediante los procesos conducentes.

El derecho humano al agua limpia de los mexicanos se encuentra reconocido en el artículo 4° párrafo quinto de la Constitución y éste no puede ser transgredido por quienes deciden acrecentar sus fortunas envenenando a familias de campesinos que por su lejanía pueden pasar desapercibidos.

Por ello, el día 7 de febrero se reunieron en conferencia de prensa los campesinos venidos de General Cepeda y denunciaron que en sus ejidos, a sólo unos meses de haberse abierto el basurero de los Calvert, los niños, mujeres y ancianos no sólo no aguantan la pestilencia que produce, sino que padecen ya diarrea crónica por el agua que beben de los pozos de su comunidad. Imelda Becerril dijo: “Somos pobres y nos quieren hacer más pobres, nosotros pedimos que la basura tóxica se guarde donde se produce, no en nuestros sitios dedicados a la agricultura y al ganado menor”.

 

 

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