Baja California, ampliación de 2 a 5 años, reforma inconstitucional

Yucatán, Michoacán, Puebla y Veracruz, reducción de periodo gubernamental

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El sistema político mexicano permite, y ha permitido, todo tipo de modificaciones y violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por derivación, a las constituciones de las entidades de la República.

Bajo el insostenible argumento de la necesidad de empatar las elecciones de gobernador con la de Presidente de la República, diversos estados de la Federación reformaron su Constitución sin ningún fin práctico ni sustento constitucional, pero sí, en más de un caso, con la única finalidad de intereses personales del gobernador en turno.

En 1994, el gobierno del estado de Yucatán reformó su Constitución para que el priísta Federico Granja Ricalde fuera gobernador únicamente por 18 meses, entre 1994 y 1995. La supuesta adecuación no tuvo ningún sustento. El gobernador tomaba posesión 10 meses antes que el Presidente de la República, con lo que, en esencia, coincidía el periodo presidencial con el que en el pasado se llamó la hermana república de Yucatán.

El otro intento de empate local con el presidencial fue el realizado en el estado de Michoacán. En el año 2008, Leonel Godoy resultó electo para un periodo reducido a cuatro años, para coincidir, en el 2012, con el inicio de la presidencia de Enrique Peña Nieto. Nada de bueno hubo con este otro experimento, que pretendió la coincidencia de periodos nacionales y locales. Michoacán siguió tan deteriorado como siempre y nada hubo que pudiera justificar la reducción de seis a cuatro años de gobierno.

Veracruz fue otro de los estados que redujo el sexenio a apenas dos años de periodo gubernamental. Miguel Ángel Yunes, primero, resultó derrotado por el recluso Javier Duarte en una elección de apenas una diferencia del 2.7 por ciento en el 2010. En previsión de que su candidato, Héctor Yunes, terminara derrotado por el candidato del PAN, Miguel Ángel Yunes, o por el morenista Cuitláhuac García, Javier Duarte fue otro de los adelantados para promover una reforma constitucional en reducción del periodo de gobierno. Así, Yunes Linares apenas fue gobernador de 2016 a 2018 sin ninguna justificación política, jurídica o social.

Puebla también modificó su Constitución, pero con miras a la sucesión presidencial del 2018. Rafael Moreno Valle derrotó a Javier López Zavala en la elección de 2010. Terminó su periodo de gobierno en febrero de 2016 y dejó como sucesor, a modo, a José Antonio Gali López con la encomienda de hacer gobernadora a su esposa, Martha Erika Alonso.

Fue el primer paso de Moreno Valle para buscar la candidatura presidencial del PAN. Gali López, un incondicional que durante la gestión de Rafael Moreno había sido presidente municipal de Puebla entre el 2014 y el 2018, solamente fue gobernador del 2016 al 2018.

Gali López cumplió, puntualmente, la instrucción de hacer gobernadora a Erika Alonso por encima del candidato de Morena, Miguel Barbosa, quien documentó, fehacientemente, todas las trampas electorales para hacer ganar a la esposa del ex gobernador Moreno Valle. Puebla se convertiría así en la principal fuente de recursos en caso de que Moreno Valle asumiera la candidatura presidencial del PAN. Los resultados de la desaseada elección terminaron con el fatídico accidente del 24 de diciembre de 2018.

Ahora, las puertas de graves violaciones constitucionales a la Carta Magna y a la Constitución del estado de Baja California se han dado con la inadmisible ambición del gobernador electo de Morena, Jaime Bonilla Valdez, de prolongar, por anticipado, su periodo de gobierno de dos a cinco años con la complicidad de los diputados locales del PAN y, desde luego, los de Morrena.

La complicidad viene también del presidente Andrés Manuel López Obrador, que sin ningún recato ha dicho que “el asunto ameritaba estudio, ya que prevalecen distintos puntos de vista”. Ni estudio ni diversos puntos de vista. El orden constitucional no está sujeto a discusión. El artículo 116 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos mandata que los gobernadores de los estados no podrán durar en su encargo más de seis años, lo que interpretado a contrario sensu permite cubrir un periodo sexenal menor, como el que ahora deberá de cumplir, forzosamente, Bonilla Valdez. La misma impunidad y las mismas imposiciones del prolongado periodo priísta.

El mismo numeral 116 establece que la elección de los gobernadores será directa y en los términos que dispongan las leyes respectivas. Traducido este dispositivo constitucional, quiere decir que si el periodo de Bonilla Valdez fue de dos años, ese es por el que votaron los electores y del cual tenían conocimiento al momento de concurrir a las urnas, y, por lo tanto, debe de respetarse sin restricciones.

Ampliar el periodo constitucional equivale a una reelección anticipada de facto y sancionada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de una acción de inconstitucionalidad prevista en el artículo 105 de la Carta Magna. Corresponde ahora promover esa acción a los partidos políticos interesados, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, obligatoriamente, al Fiscal General de la República como garante de la observancia de la Constitución federal.

Hoy, Baja California vuelve a estar en el centro del debate nacional, como cuando en 1989 se sacrificó a Margarita Ortega para entregar la primera gubernatura al panista Ernesto Ruffo Appel como pago a la sumisión del dirigente nacional del PAN, Luis H. Álvarez. Se iniciaban así las famosas concertacesiones para legitimar la espuria presidencia de Carlos Salinas de Gortari, vencido por Cuauhtémoc Cárdenas. En aquélla memorable elección de 1988, Cárdenas pidió al dirigente nacional del PAN únicamente 10 votos para anular la elección presidencial.
Luis H. Álvarez se negó y obtuvo su primera antidemocrática gubernatura. La segunda antidemocracia fue el interinato de Carlos Medina Plascencia en Guanajuato, nombrado por solamente 14 meses y artificialmente sostenido hasta cumplir seis años como gobernador. Esa es la historia olvidada y la traición de don Luis a los electores mexicanos que habían sancionado en las urnas a un Carlos Salinas sin la menor posibilidad de ganar en la elección presidencial de 1988.

Cualquiera de los actores jurídico-políticos legitimados para interponer la acción de inconstitucionalidad tienen todas las posibilidades de revertir el grave desacato constitucional cometido en el estado de Baja California, pero más grave aún todavía, por parte del gobernador electo Jaime Bonilla Valdez, es la violación a la ley reglamentaria de la fracción V del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ese ordenamiento establece que una de las causales de la desaparición de poderes es el quebrantamiento de los principios del régimen federal y cuando se prorrogue la permanencia en el cargo después de concluir el periodo para el que fueron electos y no se hubieren celebrado elecciones para elegir a los nuevos titulares.

Bonilla Valdez se encuentra en esa hipótesis constitucional. Ha violentado el principio federalista, y si por una improbable razón no procediera la acción de inconstitucionalidad, el periodo de gobierno fenece, indefectiblemente, en dos años. Lo anterior quiere decir que a partir del último día del segundo año de gobierno, de facto han desaparecido los poderes en Baja California al no haberse realizado nuevas elecciones con motivo del término constitucional. Ampliaremos…

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