Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, entre el desorden y la corrupción

Tragicomedia municipal castellanista de casi dos años y medio es, en exceso, evidente

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El pasado 4 de febrero, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, se destapó para un cargo de elección popular en la contienda del 2018.

Por el enorme acarreo, el uso indiscriminado de recursos públicos y la leyenda que lo cobijaba “Todos con Fernando por Chiapas”, se entiende que aspira a la gubernatura de la entidad.

El acarreo fue obsceno para la pobreza de Tuxtla. El diario Contra Poder destacó: “Indigna el acarreo en el destape de Fernando Castellanos”.

Era su segundo destape. El primero fue en el estadio zoque Víctor Manuel Reyna, el 29 de octubre de 2017, bajo el patrocinio de la organización Antorcha Campesina, el grupo más violento del estado. El procedimiento fue el mismo. Reclutar a la pobreza de Chiapas para ir a vitorear a quien no conocen y menos saber a qué fueron.

La tragicomedia municipal castellanista de casi dos años y medio es en exceso evidente.

Mientras en Tuxtla, capital del estado, languidece con robos y asaltos a plena luz del día, calles con enormes baches, colonias polvorientas sin pavimentar, grandes zonas sin agua, autorización de fraccionamientos a los que no se les puede dotar de agua y drenaje y con un deficiente servicio de limpia.

Sin embargo, Fernando Castellanos gasta carretadas de dinero para promover su desgastada imagen.

En casi dos años y medio de su trágica administración ha destinado cerca de 80 millones de pesos en publicidad, mientras los servicios básicos municipales continúan en espera de ser resueltos.

Pero el gasto para atención ciudadana también se diluye para beneficiar a incondicionales y amigos.

Al inicio de su gestión, nombró como coordinador de asesores a Mauricio Gándara Gallardo, antiguo colaborador del ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía como secretario de Seguridad Pública.

La prensa local denunció su negro pasado de persecución y represión al lado de Salazar y lo obligaron a renunciar.

Para ayudarlo y cubrir el expediente con una retribución generosa, el edil Castellanos Cal y Mayor le sugirió crear una consultoría con la promesa de requerir permanentemente de sus servicios.

Nació así GTR Consultores, en la que Mauricio Gándara Gallardo aparece como director general y su esposa, María Antonieta de la Torre Domínguez, en funciones de representante legal.

Un negocio personal y familiar  con todo el apoyo de su patrocinador: Fernando Castellanos Cal y Mayor.

Para desquitar su dadivoso salario, presentó a su protector un documento ridículamente llamado: “Informe anual 2016 y propuesta económica 2017”.

El título invita a pensar que se trataba de una iniciativa o un plan para mejorar la administración municipal. Pero no. Todo el documento gira en torno a mejorar el peculio personal de la familia Gándara de la Torre.

Durante el gobierno municipal de Juan Sabines Guerrero se privatizó el servicio de limpia. La concesión, con pésimos resultados, se otorgó a la empresa proactiva.

El 16 de noviembre de 2010, con Jaime Valls Esponda, en funciones de munícipe tuxtleco, se autorizó un incremento de 17 a 20.74 pesos por tonelada de basura, bajo el argumento, entre otros varios, de que por el retraso en las obras de la estación de transferencia y mayor distancia en el recorrido los costos habían aumentado notablemente.

Cuando Fernando Castellanos protestó como edil la deuda con Proactiva ascendía a 187 millones de pesos. Ello permitió a Mauricio Gándara, en su informe 2016 y propuesta 2017, solicitar un aumento en  sus honorarios de 51 mil 724 pesos a 103 mil 448, con el cuento de que un millón 242 mil pesos anuales era apenas el 0.66 por ciento de la cantidad en litigio.

Pero Gándara fue todavía más allá. A su ingreso mensual por la ocasional consultoría, propuso un 10 por ciento sobre los 35 millones que calcula ahorrar, como resultado de su éxito en el juicio iniciado por Proactiva en contra del municipio.

La propuesta es un abuso. Mauricio Gándara como consultor está obligado y sujeto a honorarios fijos, pero sobre todo porque casi como aviador únicamente ha participado en la elaboración del Bando de Policía y Gobierno, aunque indebidamente se atribuya la elaboración del Reglamento de la Administración Pública Municipal y el Reglamento de Tránsito.

Falta ahora ver si Fernando Castellanos le cumpla su ilícito propósito de regalarle tres millones y medio de pesos.

Pero la corrupción en el municipio tiene también otra vertiente. En las puertas de los pasillos de la presidencia municipal, se observan varias leyendas de intentos anticorrupción: “No al diezmo”, “denuncia la mordida”.

Lo malo para Fernando Castellanos es que el diezmo y la mordida revisten otras características más sofisticadas.

En la coordinación de Política Fiscal, despacha Silvia Arely Díaz Santiago, quien se ostenta como maestra en derecho. En esa dependencia se han cometido los más grandes atracos en contra del patrimonio de las personas, bajo el inmoral artilugio de falta de pago del impuesto predial.

Por hoy solamente se hará referencia al remate improcedente de una casa-habitación, propiedad del señor Salatiel Morales Granados. El bien se encuentra ubicado en la avenida Cedros del fraccionamiento Arboledas, uno de los más exclusivos de Tuxtla Gutiérrez y de mayor precio inmobiliario.

La propiedad de Morales Granados alcanza un valor superior a los 10 millones de pesos y guardaba un adeudo por concepto de impuesto predial de 35 mil pesos.

Sin conocimiento de que Salatiel Morales tenía un juicio en su contra, y sin alguna explicación, fue desalojado de su propiedad y puesta a remate por la ridícula cantidad de un millón 190 mil pesos, o sea, menos de un quinto de su valor real.

Lo relevante de esta trama es que por instrucciones de la “maestra” Silvia Arely, la propiedad la compró un sujeto de nombre Bernabé Espinosa Córdova, quien curiosamente es, o era, sirviente doméstico en casa de Silvia Arely.

La exitosa artimaña continuó cuando Bernabé casi de inmediato vendió la propiedad a Andrés Tovar Pulido, cercano a los afectos de Díaz Santiago.

Para poder oír y vencer en juicio a cualquier persona, lo primero es notificarle personalmente, pues la falta de notificación personal constituye una de las violaciones procesales más graves a las garantías del gobernado.

Ese abuso le dio a Salatiel Morales el derecho de solicitar amparo ante la justicia federal.

Al rendir su informe Díaz Santiago ante el juez federal, justificó su proceder con una notificación supuestamente firmada por Morales Granados.

En sus alegatos Morales Granados negó ser suya la firma y pidió una pericial para demostrar la falsificación. De prosperar el alegato, la Ley de Amparo sanciona con 2 a 9 años de prisión la rendición de informes falsos ante el juez de distrito y la falsificación de documentos públicos.

Independientemente del resultado del peritaje.

Es evidente que los dos adquirentes son de mala fe, con el apoyo, el patrocinio de Silvia Arely y la complicidad de Fernando Castellanos.

Pero hay más. Está ahí el terreno, entre otros inmuebles más, El Divisadero adquirido por María de Lourdes Vázquez Marroquín, mamá de Saulo Ocaña Vázquez, secretario particular de Silvia Arely Díaz Santiago, y de Paulina Ocaña Vázquez, empleada en la coordinación de Política Fiscal.

Y sigue el recuento de nunca acabar con fiscales en funciones de asaltantes a los inermes vendedores fijos y ambulantes del centro de la ciudad de Tuxtla.  Ampliaremos…

 

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