> Además, en correos electrónicos hay evidencias de que compradores y vendedores armaron un ‘carrusel’ de empresas para sacar dinero de ICA y, al final, parte de ese recurso devolverlo a diversas cuentas bancarias

 

Los accionistas e inversionistas del Grupo Ingenieros Civiles Asociados (ICA) cuentan con elementos para sospechar que la compra de la autopista Río de los Remedios-Ecatepec en 2012 fue un fraude de Pedro Topete y Paulo Díez, en el que, incluso, pueden estar involucrados ex directivos y funcionarios de la empresa, como José Luis Guerrero y Alonso Quintana.

Los elementos que abogados de algunos accionistas tienen sobre la mesa, y en análisis, de posibles denuncias legales van desde el hecho de adquirir una empresa (Viabilis Infraestructura S.A. de C.V.), desoyendo la advertencia de que existía un litigio en torno a la falsedad del poder notarial que estaba usando la parte vendedora, hasta la configuración de un “carrusel” de pagos a empresas para realizar extraños movimientos con al menos una parte del dinero de la operación.

Grupo ICA anunció en septiembre de 2007, a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y a su similar de Nueva York, haber consolidado las negociaciones iniciadas en abril anterior para adquirir el 50 por ciento de la empresa que tenía el contrato de construcción y operación de la autopista Río de los Remedios; para esto  desembolsó, inicialmente, 20 millones de dólares.

Con esos recursos, ICA obtuvo el control de la construcción de la autopista y en 2012 procedió a liquidar el total de la compra, entregando otros mil millones de pesos a la parte vendedora, representada por el empresario Pedro Topete Vargas.

Sin embargo, una serie de documentos en poder de los accionistas, y cuyas copias han sido enviadas a IMPACTO, revelan que la parte vendedora no estaba legalmente facultada para realizar la operación y utilizó un poder notarial falso, a espaldas de los accionistas de Viabilis Infraestructura, S. A. (Ver IMPACTO edición 3445, del 13 de marzo pasado).

Aún más, el Notario Público número 8 del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, Mario Pedro Velázquez Barrera, que supuestamente había dado fe de la legalidad del documento, declaró ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de México que dicho poder notarial no nació nunca a la vida jurídica; faltaba la expresión de la voluntad de los otorgantes mediante firma.

El notario interpuso una denuncia penal por uso ilícito de documentación falsa ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, que quedó registrada en el expediente 16/TLAX/1/430/2012.

Pese a ello, lo extraño de todo no es tanto que los directivos de ICA, como José Luis Guerrero y Alonso Quintana, hicieran a un lado todas las advertencias de que no deberían firmar la compra-venta, pues el vendedor estaba usando un documento falso, sino que una vez pagados los primeros anticipos se procedió a realizar, de manera conjunta, una serie de esquemas en sociedad para mover a diversas empresas parte de los 20 millones de dólares liquidados en la compra-venta, lo que lleva a pensar a accionistas e inversionistas en un posible esquema de defraudación y de despojo.

Según las evidencias, Topete y su socio Díez enviaron a diversas empresas en un proceso financiero donde una empresa paga a otra, y a otra, al menos 5 de los 20 millones de dólares recibidos por ICA como parte de los primeros pagos de la operación.

Al final, una empresa de Topete devuelve, presuntamente a ICA, 5 millones de dólares y se queda sólo con el IVA de esa cantidad.

Todo indica que los 5 millones de dólares que habrían sido devueltos a ICA o a sus directivos, y que generaron la creación del esquema de pagar a diversas empresas para encubrir ese movimiento, fueron producto del tercer pago, que, para efectos fiscales, la empresa compradora y la vendedora llamaron “honorarios” de entrada de la constructora a la concesión de la autopista.

Ese dinero se habría depositado después del 28 de abril de 2007, cuando Mayela Tinajero Quintana, desde su cuenta de mail mayela.tinajero@ica.com.mx, escribió a

Topete Vargas: “En relación a los $5MDD que ICA te va a depositar, me puedes enviar los datos de la cuenta en donde quieres que se haga la transferencia; te lo agradezco mucho”.

LA ‘OPERACIÓN CARRUSEL’ A DETALLE

El 2 de mayo de 2005, Enrique Aguilar (eaguilar@viabilis.net), ejecutivo de Viabilis y asesor financiero de Topete, envió a Antonio Sordo, funcionario de ICA (antonio.sordo@ica.com.mx), un correo en el que habla sobre la planeación financiera a la que identifica con el nombre de “carrusel” y explica no sólo qué objetivos persigue, sino las fechas de pago.

De acuerdo a los correos enviados entre los empresarios, 5 millones de dólares no se pagarían a la empresa que vendió sus acciones y se asoció a ICA (Viabilis Infraestructura), sino a Viabilis Holding, otra empresa de Topete, quien al final, según los correos, se quedaría con 750 mil dólares del IVA y devolvería los 5 millones de dólares presuntamente a CONOISA, la empresa subsidiaria de ICA.

Expone:

“Toño:

“En mi opinión, el concepto de ‘carrusel’ se basa en los siguientes principios:

“1.- ICA adeuda a los accionistas de Viabilis Infraestructura 750,000 USD que, contractualmente, debieron de haberse pagado en la fecha del primer pago de honorario de participación (noviembre de 2006).

“2.- ICA no puede justificar el pago del honorario a persona diversa (Viabilis Holding), que no está directamente vinculada a la sociedad a la que se va a subir como accionista ICA (Viabilis Infraestructura), ésta última dueña del contrato de obra que justifica el pago de honorario.

“3.- Para resolver este problema, ICA y Viabilis Infraestructura desarrollaron, conjuntamente, el concepto de “carrusel”, con el objeto de buscar un mecanismo que dejara fuera a Viabilis Holding y que integrara en la operación a los inversionistas de Viabilis Infraestructura.

“4.- Para evitar que el desembolso adicional de ICA fuera superior a 750,000 USD, adeudados en cada vuelta, se acordó que los movimientos de dinero en el carrusel siempre se limitaran a 750,000 USD, en 7.66 vueltas.

“5.- En el esquema que le propusimos, ICA va desembolsando y en cada vuelta del “carrusel” va cubriendo una porción proporcional del adeudo que tiene con Viabilis Infraestructura. Por tanto, en cada vuelta del “carrusel”, los accionistas de Viabilis Infraestructura reciben el pago de 100,000 USD, con excepción del último pago, en el que se quedan con 50,000 USD. En esencia, ICA va desembolsando el adeudo de manera gradual conforme se desarrolla el carrusel.

“6.- El concepto de equidad se logra por el hecho de que se va cubriendo el adeudo de manera gradual, conforme se desarrolla el ‘carrusel’ y no al final del proceso, como tú propones, que, en sí, me parece menos equitativo, considerando la duración del ‘carrusel’ y el tiempo que ha pasado sin que se haya cubierto este monto (6 meses).

El correo termina cuando Enrique Aguilar expresa al ejecutivo de ICA su deseo de que la explicación aclare los puntos sobre el tema.

En su respuesta, Antonio Sordo celebra lo claro de la explicación, pero aclara: “Consideramos que el fin último de este ‘carrousel’ (sic) es realizar un pago lo antes posible y no efectuar abonos a lo largo de un mes”.

“En este sentido -añade- sometemos a tu consideración el esquema propuesto por ICA, pero con la diferencia de que los ciclos de pago se efectúen, vía transferencia electrónica, en 1 día (en lugar de pagos en plazos de 3 o 4 días)”.

El ejecutivo de Ingenieros Civiles Asociados añade que, de esa manera, “la totalidad del IVA quedaría regularizada en 1 semana (en lugar de 1 mes)” y que “en lugar de recibir 7 pagos de 100,000 (+ un 8º pago de 50,000) a lo largo de 30 días, recibirás los 750 mil en una semana. Consideramos que esta alternativa nos conviene a ambos”.

Al parecer, el “carrusel” estaría creado para efectos de “recuperación” de un IVA, pero hay indicios de que también funcionaría para devolver una fuerte cantidad de dinero en dólares a ICA o a sus directivos.

SALE DINERO DE ICA Y REGRESA… ¿A ICA?

Y es que otro correo de fecha 5 de mayo, del mismo Antonio Sordo, dirigido a Juan Manuel González Bernal, yerno del entonces CEO de ICA, José Luis Guerrero, sería un indicio firme que confirmaría el arreglo de devolución entre compradores y vendedores, algo común cuando se hace negocio con dinero público o de accionistas.

Le dice: “Entiendo que mañana te reunirás con Paulo (Díez) para discutir el Convenio de Accionistas; en este sentido, agradeceré que también puedas discutir (y analizar) la Terminación del Convenio de Asociación (en la cual Viabilis Holding devuelve los 5´) y el convenio de Asociación con las nuevas S. A. -que son requisitos para estar en posibilidades de iniciar el ‘carrousel’ (para regularizar el primer pago)”.

Un correo del 14 de mayo enviado por el propio Antonio Sordo a Enrique Aguilar confirmaría que por lo menos 5 millones de dólares 750 mil pesos (con el IVA incluido) serían movilizados saliendo de ICA, y a través del esquema del multicitado carrusel, al parecer como una especie de devolución o de compensación de los vendedores hacia empresarios que participaron en las negociaciones en nombre de la parte compradora.

“Adjunto la propuesta de ‘carrousel’ (sic) con la que procederíamos; agradeceré tu visto bueno. El ‘carrousel’ inicia una vez que se hayan cumplido las demás condiciones precedentes a ese punto (firma convenio terminación, firma nuevo convenio accionistas, compra-venta acciones Viabilis)”, se lee en el documento.

El plan para devolverle a funcionarios de ICA los 5 millones de dólares, más el IVA, estaba proyectado a realizarse en 8 pagos, a través de dos sociedades anónimas no identificadas en la tabla que se elaboró para esos efectos; el primero al día 1, de inicio del carrusel, y los siguientes los días 5, 9, 13, 17, 21, 25 y 29.

El funcionario de Ingenieros Civiles Asociados agregó tres observaciones en el correo electrónico: “1.- Las dos S. A. entregan facturas a CONOISA (la empresa subsidiaria de ICA) por cada pago recibido bajo concepto: Pago de acuerdos de convenio de Asociación de fecha 18 de agosto de 2006; 2.- ICA devuelve factura a Viabilis Holding cuando termine ‘carrousel’ (sic) de pagos y haya recibido la última factura, así como los recursos que correspondan; 3.- Ambas partes buscarán reducir el plazo total para la ejecución del carrousel (sic), es decir, no necesariamente 4 o 5 días por ciclo”.

TOPETE, LA CARA VISIBLE DEL FRAUDE

Pedro Topete Vargas es la cara visible del fraude, pero hay evidencias de que la “operación carrusel” fue supervisada. de cerca, por su socio y abogado, Paulo Díez Gargarín, quien habría hablado con Juan Manuel González Bernal, que a nombre de su suegro, José Luis Guerrero, habría estado al tanto de las negociaciones.

Hasta hace unas semanas se sabía muy poco de Topete, a pesar de ser un empresario que hizo las negociaciones aquí reseñadas con ICA para venderles la concesión de la autopista Río de los Remedios con un poder notarial falso.

Informaciones oficiales indican que es socio de al menos 23 empresas, entre ellas Infraiber, la compañía contratada por el gobierno del Estado de México, en 2011, para auditar el flujo de vehículos en las autopistas concesionadas de esa entidad. El contrato, valuado en 4 mil millones de pesos, le fue adjudicado a pesar de que no tenía experiencia en el ramo y que la empresa se había constituido apenas en diciembre anterior, es decir, 90 días antes.

El gobierno mexiquense canceló dicho contrato en 2013 y ejecutivos de OHL denunciaron a la PGR que a raíz de esa medida, Topete Vargas contactó con ellos para pedirles que lo ayudaran a recuperar el contrato o, de lo contrario, amenazó, les lanzaría ataques en prensa que minarían el prestigio de la empresa, cosa que ha venido ocurriendo, y sigue ocurriendo, en estos días, con acusaciones falsas ante autoridades de México y de España, así como la filtración de llamadas telefónicas.

De acuerdo a fuentes de la PGR, en el expediente que se sigue contra Topete y Díez por extorsión se acreditaron, hace algunos días, elementos adicionales de prueba, tales como lugar, fecha y participantes, así como un documento en el que se presentaban las pretensiones económicas del empresario extorsionador y que excedían más de 500 millones de dólares.

La historia aquí descrita tiene mayores implicaciones que el engaño, despojo y el fraude entre particulares.

Esta situación abre expedientes muy delicados para la justicia penal y, especialmente, la posible comisión de delitos fiscales que las autoridades habrán de investigar a partir de los elementos en poder de IMPACTO.

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