Anularán a Topete concesión de ‘La Bestia’

La ruta del tren fue comprada de manera ilegal por el empresario acusado de extorsionar a OHL e investigado por lavado de dinero

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La Secretaría de Comunicaciones y Transportes determinó, el pasado 1 de marzo, reservar, por un lapso de 12 años, toda la información concerniente a la concesión del tren Chiapas-Mayab, mejor conocido como “La Bestia”.

La decisión del Gobierno federal se tomó en virtud de que esa licencia federal, en manos de Pedro Topete Vargas, empresario acusado de extorsión y chantaje e investigado por lavado de dinero, se encuentra cuestionada y, muy probablemente, en proceso de anulación.

La dependencia federal consideró que hacer pública cualquier información relacionada a la licencia federal que Topete Vargas compró, de manera ilegal, a la empresa norteamericana Genesse & Wyoming “puede entorpecer el proceso deliberativo que actualmente se está llevando” a cabo.

En respuesta a una solicitud de información vía las leyes de transparencia en vigor, la SCT considera que cualquier dato, dictamen, documento o pronunciamiento sobre este expediente de investigación abierto puede llegar a vulnerar “las acciones y decisiones implementadas por los sujetos que intervienen en las diversas etapas de dicho proceso hasta en tanto la resolución respectiva no cause estado o ejecutoria”.

En su argumentación para mandar a reserva el expediente, agrega la dependencia a cargo de Gerardo Ruiz Esparza que se puede ocasionar un daño presente, consistente en que “hacer pública dicha información representaría una ventaja a la contraparte que desconoce de la misma, ya que en sí misma (sic) registra las acciones y/o decisiones que las partes implementan a efecto de acreditar sus pretensiones”.

La ruta férrea Chiapas-Mayab es el segundo tren de importancia en el país y corre de la frontera con Guatemala al centro del país, a lo largo de 1,549 kilómetros de vías.

Originalmente, fue una concesión que el Estado Mexicano entregó a una empresa norteamericana, que para poder operar en el país, bajo las leyes nacionales, constituyó la Compañía de Ferrocarriles Chiapas-Mayab, en 1999.

La concesionaria norteamericana operó con normalidad hasta el 2005, cuando los efectos del huracán “Stan” produjeron daños en 241 kilómetros de vías y en 19 puentes.

Debido a esa condición crítica, la empresa comenzó a tener pérdidas y el 25 de junio de 2007 envió un comunicado al Gobierno federal renunciando a la licencia, pues sus operaciones “no son las de un negocio financieramente viable”.

Fue entonces, ya en el gobierno panista de Felipe Calderón, cuando funcionarios de la SCT comenzaron a orquestar un proceso para vender la concesión (en contra de lo que establece la Constitución General de la República) operando con otra empresa la ruta, dejando antes reconstruidas las vías dañadas, generando una cartera de deuda millonaria y compromisos de inversión por 6 mil millones de pesos para el siguiente sexenio.

Aunque la Constitución prohíbe vender las concesiones federales, lo que encontraron esos funcionarios fue un resquicio legal: Lo que iban a vender no era la concesión, sino la empresa S. A., que fundó la empresa norteamericana Genesse & Wyoming para operar.

Sin embargo, los planes de servidores públicos de alto nivel se vinieron abajo cuando el jefe de la Unidad de Servicios Jurídicos de la SCT, Gerardo Sánchez Henkel, se alió con Pedro Topete Vargas y con el abogado Paulo Díez para que fueran a Nueva York, a la sede de G&W, a ofrecer 2.5 millones por el tren, en las condiciones en que estaba.

Los dueños del Grupo Infraiber obtuvieron recursos para adquirir la S. A., propietaria de la concesión, y, ya aliados con Sánchez Henkel, comenzaron a gestionar la devolución de la ruta que, al ser abandonada por el concesionario original, se entregó para su operación, desde 2007, a la empresa estatal Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec, que ahora, todavía, la detenta.

Sánchez Henkel, quien habría recibido diversos apoyos de parte de Paulo Díez y Pedro Topete para que desde dentro de la SCT fuera su abogado, entre ellos un cheque por 150 mil pesos que el ex funcionario no se ha atrevido a desmentir, se encargó de revisar todos los escritos presentados por los presuntos nuevos dueños del tren y, como funcionario, les dio trámite positivo.

Con ese invaluable apoyo, documentado en una serie de correos electrónicos que confirmarían la corrupción del gobierno calderonista y la impunidad con la que actuaron Sánchez Henkel y sus superiores, la resolución del caso fue favorable y la SCT no sólo reconoció a Pedro Topete como nuevo concesionario, sino que le reconoció una deuda millonaria y le amplió de 30 a 50 años el título de la concesión.

Sin embargo, el hecho de que hace apenas tres meses se haya decidido enviar a reserva el expediente confirma lo que se comenta en círculos empresariales y, en especial, en el mundo de las empresas dedicadas a la comunicación ferroviaria: El gobierno parece estar decidido a anunciar, en breve, la cancelación de la concesión, habida cuenta de que aun cuando Topete Vargas logró el reconocimiento de nuevo dueño durante el gobierno de Felipe Calderón, la empresa que ahora detenta no tiene la experiencia que se requiere para manejar la ruta férrea.

La SCT considera, en los oficios con los que ha dado respuesta a solicitantes de información vía el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), que si entrega al público la información del tren se “puede entorpecer el proceso y la decisión que se tome dentro del procedimiento de referencia”.

Lo anterior significa sólo una cosa: El gobierno calderonista dejó al de Peña Nieto la carga de tener que devolverle el tren al empresario acusado de extorsionar a la compañía española OHL, pero ésta administración analiza otra decisión, muy probablemente, dicen nuestras fuentes, la anulación del permiso federal por el cúmulo de irregularidades comprobadas en el proceso posterior a que la concesionaria original dejó abandonado el servicio por los daños ocasionados por el huracán “Stan” .

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