Amador Rodríguez Lozano, defensor de leyes inconstitucionales

Desaciertos jurídicos exhiben su corto entender y su propensión al engaño a la ciudadanía y al electorado

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Baja California y el estado de Tabasco se han convertido en el centro de las noticias nacionales. El primero por su ya famosa “Ley Bonilla” y el segundo por su represiva “Ley Garrote”. En ambos casos se trata de la expedición de leyes personales por encima de lo que establece el régimen constitucional mexicano: “Las leyes deben ser generales, abstractas e impersonales, lo que quiere decir que no se dirigen a nadie en particular”. Están ahí para aplicarse cuando la conducta de alguien se ubique en el supuesto que establece la ley.
Contrario a la generalidad de la ley, la “Ley Bonilla” ha sido concebida para beneficiar, directamente, al gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, para ampliar su mandato de dos a cinco años. En el año 2014, el gobierno del panista Kiko Vega hizo una reforma constitucional para reducir el mandato sexenal a dos años. Fue, desde luego, un exceso puesto que no había motivo político, jurídico, cronológico ni constitucional para proponer un mini sexenio.
En defensa de tan aberrante reforma bonillense ha salido el afamado mapache electoral Amador Rodríguez Lozano, de trágicos antecedentes en el estado de Chiapas y responsable de la tragedia que hoy vive el estado. Operador electoral de Juan Sabines en el 2006, propició que un vicioso asaltara la gubernatura para depredar el tesoro público y dejar una deuda de 40 mil millones de pesos que duplicó la pobreza del 39 al 78 por ciento.
Aliado también de Manuel Velasco Coello, “La Cuija”, se convirtió, otra vez, en gran gurú para hacer gobernador a Rutilio Escandón, quien no tenía la menor posibilidad de ganar. Hubo que transferirle votos de José Antonio Aguilar Bodegas (Frente por Chiapas) y Fernando Castellanos (PVEM) para abultarle a 940 mil sus apenas raquíticos 482 mil sufragios.
Los saldos para el estado son terroríficos. Hoy, Chiapas es uno de los estados más inseguros del país y Tapachula la ciudad más peligrosa de México, incluso por encima de Tijuana y Ciudad Juárez. Ampliaremos esta patética historia de fraudes electorales en Chiapas.
Según el leal saber y entender de Amador Rodríguez Lozano, la reforma electoral para beneficiar al usurpador constitucional Jaime Bonilla Valdez es legal y legítima. Su insostenible argumento lo basa en que cuando se reformó la Constitución de Baja California en el 2014 no se notificó a los ayuntamientos para enterarlos y que dieran su aprobación.
En contra de esa reforma se interpuso el correspondiente recurso para dejar sin efecto la reducción, de seis a dos años, del periodo constitucional. En una de sus tantas ignorancias jurídicas, Amador Rodríguez defiende a su nuevo amo, Bonilla Valdez, con el cuento de que el Tribunal Electoral Federal jamás entró al fondo del asunto y que el recurso se rechazó por extemporáneo.
Ignorante y torpe al extremo, como es Amador Rodríguez Lozano, no entiende que si el recurso fue desechado por extemporáneo, la justicia electoral no tiene obligación ni es procedente analizar si los agravios expuestos son ciertos o no. De nada serviría concederle la razón a quien interpusiera el recurso si lo hizo fuera de tiempo, ya que la reforma seguiría vigente.
En otra de sus alucinaciones jurídicas, Amador Rodríguez Lozano defiende al usurpador Bonilla con una resolución amañada del Instituto Electoral de Baja California que había aprobado la prolongación del mandato de dos a cinco años. Sólo que tres días antes de la elección, el Tribunal Electoral Federal revocó esa determinación, otra vez, por extemporáneo. Si dos veces ha sido revocado un recurso por las mismas causas no hay razón para intentarlo una tercera vez.
Patético como siempre ha sido, Amador Rodríguez Lozano recurre, cada vez más, a burdas e inútiles maniobras. Según el mapache bajacaliforniano, los electores no saben si votaron por dos, cinco o seis años, porque en ninguna parte de la boleta (sic) dice si el término fue por dos años. Así de grave. La lambisconería produce las más desafortunadas apreciaciones personales. Aun cuando los electores ignoraran el tiempo por el cual sufragaron, hay un principio de derecho insalvable: “La ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento”. Y la ley electoral de Baja California, al momento de la elección, precisaba dos años de mandato constitucional.
Otro desacierto jurídico más de Amador Rodríguez Lozano exhibe su corto entender y su propensión al engaño a la ciudadanía y al electorado. Dice el “brillante jurista”: Nadie ha dicho qué artículo de la Constitución se ha violado. Por espacio, en próxima entrega se abordarán las opiniones de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, del ministro en retiro José Ramón Cossio Díaz y del investigador, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Miguel Carbonell, todos ellos en contra de las aberraciones jurídicas de Amador, el manipulador de la ley.
Basta con decirle a este delincuente electoral que en observancia del pacto federal, el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata que la “elección de los gobernadores de los estados será directa y en los términos que dispongan las leyes electorales”.
Si Bonilla Valdez fue electo por dos años, exactamente el 30 de octubre de 2021 fenece su periodo constitucional. A partir del 1 de noviembre de 2021 quedaría en la hipótesis de una reelección de facto, sujeto a juicio político y acreedor a la desaparición de poderes por flagrante violación al pacto federal.
La otra ley personalizada, la “Ley Garrote”, bajo la autoría de Adán Augusto López Hernández, gobernador de Tabasco, lleva dedicatoria. La reforma al artículo 308 del Código Penal del estado de Tabasco evidencia la intención de inhibir todo brote de inconformidad y de protesta social que se oponga a la construcción de la refinería de Tres Bocas.
Concebida como parte de los proyectos faraónicos sexenales (los otros son el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía), el descontento social y empresarial es evidente ante lo que se anuncia como proyectos fallidos anticipados. Hoy, López Obrador reprueba lo que utilizó como medio para llegar a la Presidencia de la República: El bloqueo de carreteras, la toma de pozos petroleros en Tabasco, los asentamientos indefinidos en el Zócalo del Distrito Federal y los machetes de San Mateo Atenco para impedir la construcción del aeropuerto en la capital de la República mexicana.
Así, el beneficiario directo de ambas leyes es Andrés Manuel López Obrador. La “Ley Bonilla” explora la posibilidad de la reelección y, junto con la revocación de mandato, en el 2021 se espera un anuncio espectacular: “El pueblo me pide continuar al frente de la Presidencia”. Y no hay mejor mensajero que Jaime Bonilla, el amigo personal de AMLO, a quienes han visto juntos en algún partido de beisbol de los Padres de San Diego.
Las leyes personales dirigidas a actores específicos forman parte de la tragedia histórica-política de México. Atrás quedaron los abusos del poder en contra de Agustín de Iturbide, ejecutado como destinatario de una ley personal, o cuando Juárez emitió una ley para fusilar a Maximiliano, Miramón y Mejía. Funestas experiencias que no deben de volver a repetirse. Ampliaremos…

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