Alfredo del Mazo y el riesgo de perder el Edomex

Emilio Álvarez Icaza; AHORA va por la anulación

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De los tres procesos electorales locales del 2017 para renovar igual número de gubernaturas, dos estuvieron severamente manchados por el fraude electoral y el dispendio de recursos para favorecer a Alfredo del Mazo Maza, en el Estado de México, y a Miguel Riquelme Solís, en Coahuila,  ahora gobernadores espurios electos.

De Del Mazo hay demasiadas evidencias que lo hacen inelegible, a lo que se suma la pronunciada posibilidad de anular la elección, cargada de intromisiones del aparato de Estado, pero ¿cuál es la definición de Estado? La más simple, y que la ilustra con diáfana claridad, es la contenida en el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al respecto, la Carta Magna establece: “El Estado -Federación, estados y municipios- impartirá educación…”. A partir de esta precisión puede establecerse quiénes participaron en concierto para hacer ganar a Del Mazo en una elección de Estado.

Documentadas están las más de 100 visitas presidenciales y de secretarios de Estado durante el 2017 para aparentar unidad y fortaleza cuando tanta parafernalia era síntoma de debilidad.  Los programas sociales del gobierno de Eruviel Ávila para condicionar el voto del hambre.  El Congreso local para amenazar con la cuenta pública a los presidentes municipales y obligar a operar en favor de Del Mazo.  Y, como corolario, la vergonzosa sumisión de los órganos electorales “autónomos” para inclinar la votación en favor del candidato priísta.

Nada de tan dispendiosa intromisión política y de dinero fue suficiente para hacer ganar a Del Mazo, pero sí para imponerlo.  Los resultados posteriores a la elección así lo evidencian.  Con todo y el excesivo uso de recursos públicos, el aparato de Estado apenas logró que votara la mitad de los 11.5 millones de electores.  Y, de ese voto, Del Mazo apenas pudo obtener el 33 por ciento de la votación total.

Del Mazo, como candidato sólo del PRI, perdió ante Delfina Gómez.  Tan sólo obtuvo 2 millones 48 mil votos, lo que significa que tuvo 57  mil 308 votos menos que la candidata de Morena.  Ello quiere decir que hubo necesidad de recurrir a votos artificiales, procedentes de los partidos Verde Ecologista, Encuentro Social y Nueva Alianza.  Esa suma apenas fue suficiente para recibir 226 mil 298 votos adicionales, con los cuales “ganó”, pero nadie creyó en su triunfo.

Ahí está la diferencia de votos a favor de Gómez.  Si Del Mazo “ganó” por 160 mil 900 votos, sin esos 226 mil, su derrota habría sido por más de 57 mil sufragios.  Sólo que el costo para los partidos satélite fue haber perdido su registro por no haber alcanzado la votación requerida.

Las cifras eran tan irrefutables que ninguna de las casas encuestadoras se atrevió a publicar sus resultados, pues en todas se daba como ganadora a Gómez.  Así de ese tamaño fue el fraude, en el que se evidenció también la complicidad de los encuestadores con el gobierno mexiquense y federal, y el poder del dinero.

Lo malo para el aún gobernador electo es que se le acumulan las evidencias para anular la elección, ser destituido del cargo y reponer la elección, en la que Del Mazo ya no sería candidato, y Gómez sí.  Recientemente se ha introducido en la elección del Estado de México un factor externo sorpresivo, llamado Emilio Álvarez Icaza y Alfredo Figueroa Fernández.

El peso moral y político de ambos es incuestionable.  Álvarez Icaza fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en tanto que Figueroa Fernández ocupó el cargo de consejero del Instituto Federal Electoral.

Creadores de la iniciativa ciudadana AHORA, han documentado gran parte del fraude electoral que llevó a Del Mazo a un triunfo todavía en veremos.  Su alegato tiene sustento y sentido.  El ilícito viene de 1992, cuando el gobierno del Estado de México hizo una aportación de 50 millones de pesos para indemnizar a los propietarios de terrenos que resultaron afectados cuando se construyó el tramo carretero Chamapa-Lechería.

Pasado el tiempo, esos 50 millones de pesos se convirtieron en 3 mil 566 millones de pesos que el gobierno del Estado de México trató de recuperar cuando Felipe Calderón era Presidente de la República.  El argumento del gobierno federal para no pagar tan abultada cantidad se sostuvo en el decreto de rescate carretero emitido en 1997, por el cual excluían de la indemnización las aportaciones hechas por los gobiernos estatales.

Sin embargo, esos 3 mil 566 millones de pesos aparecieron, en el 2017, como pago de indemnización al gobierno mexiquense.  Lo malo fue que en lugar de utilizarse en obra pública, u otros ramos de interés social, terminaron en las cuentas de campaña de Del Mazo, como para dejar sin duda la elección de Estado perpetrada en contra de los electores del Estado de México.

Ante tan escandaloso fraude, Álvarez Icaza, Figueroa Fernández, el poeta Javier Sicilia y la politóloga Denise Dresser presentaron una queja ante la Comisión de Fiscalización y Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE).  Entre otras tantas pruebas aportadas por los denunciantes está la tarjeta “La Efectiva” y otros pagos en efectivo con cantidades superiores a los 4 mil millones de pesos.  Para corroborar el dato es muy sencillo.  Por disposición constitucional, el INE, cuando se trata de movimientos bancarios irregulares, está facultado para ir más allá de los secretos bancario y fiscal, con el propósito de determinar el origen lícito o ilícito de dinero en campañas electorales.

Con todo y esa prerrogativa constitucional, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda le negó al INE toda información relacionada con esos 3 mil 566 millones de pesos.  Ante la reiterada negativa, el INE se declaró incompetente, con lo que Lorenzo Córdova le quitó el carácter ciudadano y autónomo a un organismo que debería ser garante de la legalidad electoral.

Sepultado el INE por el peso del poder, Álvarez Icaza y Figueroa Fernández promovieron un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal con evidencias suficientes e irrefutables que ponen en riesgo la elección en el Estado de México bajo cinco causales debidamente probadas para proceder a su anulación.

El uso ilícito de recursos públicos, el rebase a los topes de los gastos de campaña, la compra de votos a través de la tarjeta de débito “La Efectiva”, el recuento de votos como resultado de una diferencia menor de 5 por ciento entre el primero y segundo lugares, y también cuando la cantidad de votos anulados es mayor que esa diferencia entre el primero y segundo lugares. Ampliaremos…

 

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