Abogacía y sociedad

Asunto de la justicia no puede ser el último de la agenda nacional; desarrollo, bienestar, democracia, concordia, soberanía y paz dependen, ante todo, de principio

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De manera muy poco merecida, mis paisanos mexiquenses me confirieron la condecoración Isidro Fabela. La recibí con enorme gratitud y aquí comparto algunas de las ideas que expresé en mi intervención de agradecimiento.

Me referí a la falsedad del conflicto entre los medios y los fines cuando está referido al Estado de derecho. La justicia nunca puede triunfar parcialmente. Si descuida los fines por atender los medios, o si claudica en los medios por obstinarse en los fines, habrá vencido en fracciones, y cuando la justicia triunfa a medias, en realidad, quien ha vencido es la injusticia.

Sin embargo, por otra parte, tengamos las suficientes dosis de realismo. El discurso de la legalidad es bello, pero puede ser engañoso. Seduce, pero no siempre cumple porque un análisis más profundo nos previene y nos advierte sobre un posible embeleco colectivo.
Si lo decimos con claridad, en verdad, ¿todos los gobernados quieren que nuestros gobiernos apliquen las leyes? ¿Todos los gobernantes quieren legalidad, honestidad y justicia? ¿Todos los mexicanos, de verdad, quieren castigo para el infractor? No creo que podamos estar seguros de ello.

El clamor por el Estado de derecho es unánime, pero no en todos es sincero porque hay muchos que se benefician con el No-Estado-de-Derecho porque trafican, porque corrompen, porque invaden, porque usurpan, porque defraudan, porque subvierten y porque medran.

Esta relación entre poder y justicia la sintetizo en lo siguiente. Hay quienes dicen que el gobernante ejerce un poder que proviene de las atribuciones que le confiere la ley. Es decir, que el poder político proviene de la potestad jurídica.

Por el contrario, hay quienes afirman que la fuerza efectiva de una ley proviene de la voluntad aplicativa que le imprime el gobernante. Es decir, que la vigencia jurídica proviene de la regencia política, pero nada impide la posibilidad de que la relación sea recíproca. Que el poder requiere de la ley para ser aceptado y que la ley requiere del poder para ser aplicada.

Si esto es cierto, hoy, los mexicanos estamos como el gato que perseguía a su cola porque lo menos que puede exigírsele a un Estado, hoy en día, es que tenga un mínimo de gobernabilidad política como para lograr el cumplimiento de la ley.

Quizá no se pueda exigir ni culpar a un Estado por no remitir la pobreza que él no instaló, por no ganar la guerra que él no provocó o por no superar el atraso que él no indujo, pero es innegable que, de perdida, está obligado a aplicar la ley que el propio Estado expidió por considerarla la idónea, la ideal o, por lo menos, la posible.

Es muy duro decirlo, pero el gobernante que no puede ni siquiera poner en vigencia sus propias leyes ya está perdido.

Y surge la grave interrogante. ¿El orden proviene de la autoridad o la autoridad proviene del orden? Esto no es un enigma académico.

De ello depende mucho de nuestro programa gubernamental, de nuestro programa político y de nuestro programa histórico.

Lo primero es el pensamiento de casi todos los pueblos occidentales modernos. Estados Unidos, Canadá y casi toda Europa han instalado su autoridad a partir de la previa presencia del orden, así como en Italia y en América Latina, con frecuencia, hay poca autoridad porque hay poco orden.

Por el contrario, lo segundo es el pensamiento de casi todos los pueblos orientales contemporáneos. Desde Rusia hasta Japón, pasando por China, India y los países árabes, piensan que sólo con una recia autoridad se puede instalar un orden confiable y duradero.

Los pueblos que no aciertan en la resolución de este enigma se confunden y se extravían, viviendo largas épocas de mucha autoridad y poca libertad, así como otras de mucha libertad y poca autoridad.

En efecto, las dos peores derrotas a las que puede enfrentarse un sistema político contemporáneo son el fracaso de su autoridad y el fracaso de su libertad. El triunfo de ambas no es sencillo, sino complejo. En muchas ocasiones, el triunfo de la autoridad se paga con cargo a la libertad, así como, en muchos eventos, la victoria de la libertad se paga con cargo a la autoridad.

Qué bueno que los abogados trabajemos para evitar la gran catástrofe de no haber consolidado la plena potestad de nuestra autoridad, al tiempo de no haber entronizado el adecuado uso de nuestra libertad.

Por ello, la necesaria reafirmación del compromiso vital de servir mejor porque eso, y no otra cosa, es la profesión jurídica. De compromiso y servicio se forman el perfil y la naturaleza del abogado. Compromiso y servicio con las causas encomendadas, y con las de la justicia, como sistema de vida. Quien no se compromete con la justicia no podrá bien servir a sus causas de encomienda. Quien no se compromete con sus causas tampoco servirá con plenitud a la justicia.

No puede ser el asunto de la justicia el último de la agenda nacional. El desarrollo, el bienestar, la democracia, la concordia, la soberanía y la paz dependen, ante todo, de la justicia. Ella es factor de factores y presupuesto ineludible.

Hoy más que nunca se debe tener presente que la justicia requiere acompañarse de fortaleza, de prudencia y de templanza. Y que nunca triunfa cuando se le pretende asociar con los falsos símiles de aquéllas:

Con la fuerza, que a veces aparenta ser fortaleza; con el temor, que en ocasiones pretende disfrazarse de prudencia, y con la mera abstención, que suele tener ansia de engalanarse como verdadera templanza.
Por eso, bien se ha dicho que la justicia es mejor que la victoria.

Abogado y político
[email protected]
twitter: @jeromeroapis

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