Esta semana se celebrará el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en Querétaro. El proyecto de la nueva Constitución formulado por el presidente Venustiano Carranza fue presentado a los diputados constituyentes, quienes, tras intensos y encendidos debates, le introdujeron trascendentes reformas, destinadas a recoger las inquietudes y anhelos, los resentimientos y esperanzas, de un pueblo levantado en armas. Aprobaron un nuevo contrato social para reinstalar la paz  y fincar  las bases para la convivencia de los mexicanos. Fue, en rigor, un gran pacto político para  instaurar la Tercera República.

La nueva  Constitución no quedó ceñida a las formas convencionales sobre garantías individuales y organización del gobierno mediante la división de poderes. Fue más lejos; estableció los derechos sociales de los mexicanos y le confirió al gobierno federal la facultad de constituirse en el motor del desarrollo nacional. Entre las normas relevantes podemos mencionar: Respetar la propiedad privada, con sujeción a las modalidades que dicte el interés público; obligar al gobierno a proceder al fraccionamiento de latifundios y al reparto de la propiedad agraria; restituir, a favor de la nación, el dominio de los recursos del subsuelo; exigir el cumplimiento de las conductas propias del Estado laico y someter al dominio de la ley los ceremoniales religiosos; velar y tutelar los derechos de los asalariados en las relaciones obrero-patronales; impartir, gratuitamente, la educación elemental; imponer la obligación a los capitales extranjeros de someterse al orden jurídico nacional; implantar un Banco Central como coadyuvante de la tareas del desarrollo; impeler al Estado mexicano a desempeñarse como promotor del desarrollo, facultándolo para crear las instituciones necesarias tendientes a cumplir con su cometido; proteger la economía popular de las prácticas monopólicas; cuidar del patrimonio nacional; respetar las garantías individuales y promover el empleo de los mexicanos.

Como marco normativo, el cumplimiento de los preceptos constitucionales fue el espacio natural para la formidable transformación de México: En el curso de casi medio siglo, la economía nacional se multiplicó por 17 y, gracias a la capilaridad social y ocupacional, la sociedad fue abandonado su perfil predominantemente rural para avanzar hacia una sociedad preeminentemente urbano-industrial, una sociedad de clases medias.

La Iglesia, los terratenientes y las empresas petroleras, sectores beneficiarios de un trato preferente por parte del ancient regimen, expresaron, de inmediato, su desacuerdo con el nuevo mandato nacional y emprendieron luchas activas de resistencia pública y militar con dolorosos saldos de sangre.

Empero, desde hace una generación, los gobiernos fueron abandonando los compromisos fundacionales de la nación. Ignoraron los términos del contrato social pactado. Reflejo de este viraje, la Constitución ha sido víctima de más de 500  reformas y enmiendas a tal grado trascendentes que han abrogado su esencia.  Si bien muchas de ellas están relacionadas con el sistema electoral, los capítulos esenciales de la Constitución han quedado anulados: La no reelección; conceder a particulares nacionales y extranjeros la explotación de los hidrocarburos y la prestación del servicio público de electricidad; reconocer la personalidad jurídica de las iglesias; la supresión del reparto agrario y el abandono de la política de fomento agropecuario; la benevolencia hacia los patrones en los conflictos con los obreros; el enfermizo reencuentro de los representantes del Estado con la Iglesia católica y la exhibición de sus  concupiscentes preferencias confesionales; la violación sistemática a los principios constitucionales de la política exterior; la supresión de las limitantes de la inversión extranjera; la reelección de diputados y presidentes municipales, y la pasividad del Banco Central. En fin, la llamada Carta Magna ha sido acotada a un mandato convencional, muy similar el establecido en 1857. El mexicano ha quedado reducido a un Estado Contemplativo, dedicado a labores policiales que, por lo demás, no ha sabido cumplir a cabalidad y ha colocado a la ciudadanía en calidad de rehén de la delincuencia, aterrada ante la exhibición de una carnicería humana de atroces dimensiones.

Una comparación puntual, artículo por artículo, del texto vigente a finales de 1982 y el vigente demostrará la magnitud de la regresión histórica. El contrato social pactado en 1917 ha sido revocado. No es, por ende, una exageración afirmar que hoy asistimos a las prolongadas, deslucidas, exequias de la Constitución.

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*Ex regente del DDF y ex director general del ISSSTE

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