Trabajadores y empresarios venezolanos rechazan resolución de Maduro

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Trabajadores y empresarios venezolanos rechazan la resolución 9855 emitida por el presidente Nicolás Maduro, que ordena a las empresas privadas facilitar a los empleados que se requieran para trabajar en procesadoras de alimentos en manos del Estado.

“Es una medida arbitraria que intenta emular a la que se implementó en la Cuba de los años sesenta para incrementar la zafra de la caña de azúcar”, precisó Manuel Martínez, presidente de la Asociación de Industriales del Estado Lara (AIEL).

La medida del Ejecutivo publicada en Gaceta Oficial el pasado 22 de junio obliga a las empresas a suministrar sus trabajadores para que laboren durante 60 días, prorrogables, en “aquellas entidades objeto de medidas especiales implementadas para fortalecer su producción”.

Martínez dijo que esta resolución profundizará la escasez de alimentos y productos en el país porque despoja a las empresas privadas del personal capacitado que necesitan para mantener eficientemente su operatividad.

Martínez alertó además acerca de la posibilidad de que la fuerza militar se lleve a los campesinos y operarios de las plantas para la recuperación de otras instalaciones del sector agroalimentario expropiadas y “que el mismo gobierno llevó a la quiebra”.

“Además de la apropiación de empresas, mercancía, producción y equipos, el sector privado es sometido ahora a la confiscación de su mano de obra calificada, con el falso argumento de fortalecer la agroindustria”, precisó el dirigente empresarial .

Por su parte, representantes de los sindicatos del sector agroalimentario se declararon en desobediencia y han convocado asambleas de trabajadores como reacción a la resolución 9855, la cual consideran inconstitucional.

Pedro Ríos, directivo del sindicato de trabajadores del Maíz del oriental Estado Zulia, informó que la Ley Orgánica del Trabajo dispone que “cualquier decisión aprobada por los trabajadores en asamblea debe ser acatada por los patronos y las autoridades del trabajo”.

Calificó la resolución de “abuso” y cuestionó que no le hayan consultado a los trabajadores ni a sus representantes (los sindicatos) las necesidades y los alcances de una medida de tal naturaleza y que por supuesto les afecta.

“No permitiré que me alejen de mi familia en un traslado de la fábrica donde trabajo con un buen contrato colectivo a otro sitio por el capricho del gobierno”, manifestó un operario de una conocida procesadora de harina de maíz, quien pidió el anonimato.

Otro empleado, Luis Custodio Tapia, obrero de una factoría de alimentos, con 20 años de servicio, dijo a Notimex que no lo podrán obligar a dejar la planta donde tiene servicio médico y comedor, para ir a otro lugar.

“Ni bajo fusilamiento me voy yo de aquí”, sentenció Tapia.

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