Preocupación en Brasil por impactos de intervención militar en Río de Janeiro

'En la realidad urbanística de Río muchas veces se da una orden para entrar en una casa y el criminal huye. Por lo que se necesita tener un mandato de búsqueda y detención colectiva, que ya se hizo en otras ocasiones, para una mejor actuación de las Fuerzas Armadas y la policía', justificó el ministro de Defensa, Raul Jungmann

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El Gobierno brasileño pedirá a la Justicia que autorice la emisión de órdenes de detención “colectivas” y entradas en domicilios de calles o incluso barrios enteros por parte de las Fuerzas Armadas en Río de Janeiro, donde las autoridades decretaron la intervención federal por la inseguridad que se vive en el estado.

“En la realidad urbanística de Río muchas veces se da una orden para entrar en una casa y el criminal huye. Por lo que se necesita tener un mandato de búsqueda y detención colectiva, que ya se hizo en otras ocasiones, para una mejor actuación de las Fuerzas Armadas y la policía”, justificó el ministro de Defensa, Raul Jungmann.

Este tipo de órdenes judiciales podrían permitir, en teoría, que los militares puedan entrar en casas sin autorización judicial específica para el domicilio, lo que genera dudas sobre eventuales abusos por parte de las fuerzas de seguridad y violaciones de derechos humanos.

“Esto es muy peligroso”, dijo el senador Humbero Costa, de la oposición de izquierda, que advirtió que “las órdenes colectivas permitirán que los órganos de represión puedan entrar en casas de sospechosos y no sospechosos”.

El ministro de Defensa dijo, sin embargo, que ello no supone una “carta blanca” para los militares en sus operaciones de garantía del orden.

“La realidad es que más de 800 comunidades en Río viven un régimen de excepción, bajo el control del crimen organizado, de las milicias y del tráfico de droga. Esos cariocas no tienen derechos y garantías constitucionales”, agregó el ministro.

El presidente de Brasil, Michel Temer, firmó la semana pasada un decreto para intervenir militarmente el estado de Río de Janeiro y, de esta forma, intentar retomar la seguridad en una región emblemática del gigante sudamericano que “el crimen organizado casi se apoderó”, según sus palabras.

El Congreso brasileño debe votar este lunes el decreto y refrendarlo para que, de esta forma, pase al Senado, probablemente el miércoles, y así sea rubricado por el Legislativo antes de que entre en vigor en los próximos días.

El decreto de intervención, previsto por la Constitución brasileña, supone que las Fuerzas Armadas serán desplegadas en el estado y pasarán a comandar a las policías militar y civil, incapaces de contener el repunte de la violencia que sufre Río de Janeiro desde después de los Juegos Olímpicos de 2016.

El despliegue de militares en Río ya se produjo puntualmente durante eventos como los Juegos o la visita del Papa Francisco en 2013, pero es la primera vez que el despliegue se produce por cuestiones de seguridad y por un largo plazo, ya que el Ejército estará desplegado en el estado hasta final de año.

El estado de Río de Janeiro y su capital homónima viven desde finales de 2016 un recrudecimiento de la violencia, y en las últimas semanas la situación empeoró con tiroteos entre criminales y policías que no cesan de causar víctimas civiles inocentes y cerrar vías expresas.

En 2017 hubo 138 policías muertos en el estado y más de 500 personas murieron por disparos de la policía, mientras los asaltos, robos violentos y homicidios crecen a ritmos cercanos a los dos dígitos, según datos oficiales.

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