Nicaragua tiene su ‘Día de furia’: 17 muertos

Suspenden mesas de diálogo por agresiones físicas a obispos

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La Conferencia Episcopal de Nicaragua, mediadora y testigo del diálogo nacional, suspendió este lunes las mesas de trabajo creadas para superar la crisis que vive ese país debido a la agresión física que sufrieron los obispos en la basílica de San Sebastián, en la ciudad de Diriamba.

El Episcopado había citado este lunes a la mesa de Verificación y Seguridad, así como a la mesa Electoral, no así a la de Justicia, para reiniciar el diálogo nacional, pero optó por aplazar los dos grupos de trabajo tras los sucesos en Diriamba, 42 kilómetros al sur de Managua.


Este lunes un grupo parapolicial irrumpió violentamente en la basílica de San Sebastián, donde agredió a varios obispos, entre ellos el nuncio apostólico en Nicaragua, Stanislaw Waldemar Sommertag, el cardenal Leopoldo Brenes y el obispo Silvio Báez, además de periodistas.

La agresión ocurrió cuando los obispos viajaron a Diriamba para liberar a un grupo de enfermeros y misioneros franciscanos sitiados por los parapolicías en el templo.

La situación se presentó después de que una delegación de la Iglesia Católica, acompañada por la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), entró en la plaza central de Diriamba, cuya basílica estaba rodeada por unos 200 encapuchados paramilitares y parapolicías, así como decenas de policías fuertemente armados y algunos de ellos también con los rostros tapados.

Se pudo constatar que cuando la delegación eclesiástica llegó al lugar los agentes uniformados desaparecieron para dar paso a centenares de encapuchados civiles y simpatizantes del presidente Daniel Ortega.

“El Estado de Nicaragua funciona y seguirá funcionando y hará uso de su deber constitucional, su obligación institucional para mantener el orden, la seguridad y la paz”, dijo el canciller, Denis Moncada, al salir del Seminario Nuestra Señora de Fátima, en Managua, tras suspenderse las mesas de trabajo del diálogo nacional.

“Lo que hemos denunciado son actos de terrorismo que se cometen contra nicaragüenses, secuestros, extorsiones, vejámenes, asesinatos por ser sandinistas, contra policías, quemas de edificios públicos, casas privadas”, declaró.

 

ONCE MUERTOS UN DÍA ANTES

Al menos 11 muertos, dos de ellos policías, ha dejado como saldo un ataque armado del Gobierno de Nicaragua en las ciudades de Diriamba y Jinotepe, en la zona Pacífico, informó este lunes el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

Las muertes sucedieron durante ataques simultáneos a Diriamba y Jinotepe, que iniciaron de madrugada y se extendieron hasta la noche de este domingo, en vísperas de la reanudación del diálogo nacional para intentar resolver la crisis que atraviesa este país centroamericano.

“Manejamos 11, de ellos siete están identificados; hay otros dos que sabemos que fueron asesinados con una granada de mano, y otros que están en la morgue. Estos datos no son definitivos sobre lo que ocurrió hoy”, dijo a Efe una portavoz del Cenidh.

Los activistas del Cenidh coincidieron con los manifestantes “autoconvocados” de ambas ciudades, en señalar que la mayoría de las muertes fueron provocadas por las “fuerzas combinadas” del Gobierno, conformadas por policías, agentes antimotines, parapolicías, paramilitares y grupos oficialistas, fuertemente armados.

La Policía Nacional únicamente informó de dos fallecidos en el ataque, ambos policías, y atribuyó las muertes a grupos de “terroristas”.

Esta misma noche las “fuerzas combinadas” también atacaron la sede de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), donde “secuestraron” al menos a tres estudiantes, según el Cenidh, que no califica como “arrestos” las detenciones ilegales del Gobierno.

La embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, Laura Dogu, confirmó que hubo un tiroteo cerca de su casa, al sur de Managua, pero precisó que la vivienda “no fue el objetivo de los disparos” y dijo estar bien.

Ataques similares a los de Jinotepe y Diriamba han sufrido ciudades como Estelí, La Trinidad, Granada, Jinotega, León, Managua, Matagalpa, Masaya, entre otras, donde existen manifestaciones contra el presidente Daniel Ortega.

Hasta el viernes pasado la cifra de fallecidos por la represión en Nicaragua era de 310, según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) han responsabilizado al Gobierno de Ortega por graves violaciones de los derechos humanos.

La CIDH ha señalado “asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país”, lo que el Gobierno de Nicaragua rechaza.

El país centroamericano está sumergido en la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Ortega también como presidente.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.

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