Allanan propiedades de ex presidenta de Argentina

El juez Claudio Bonadío ordenó los operativos luego de haber recibido la autorización del Senado, que la noche del miércoles votó por unanimidad los allanamientos

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La justicia argentina allanó hoy tres viviendas de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de una causa en la que está acusada de haber encabezado una asociación ilícita.

El juez Claudio Bonadío ordenó los operativos luego de haber recibido la autorización del Senado, que la noche del miércoles votó por unanimidad los allanamientos.


La cámara alta debía analizar el pedido del juez, ya que la ex mandataria es senadora y goza de fuero, que impide este tipo de procedimientos sin previo aval.

Los operativos se realizaron bajo numerosa custodia policial en un departamento que la expresidenta tiene en Buenos Aires, y en dos casas en la patagónica provincia de Santa Cruz.

En la notificación oficial, el Senado le pidió al juez “cumplimentar las diligencias procesales con la debida diligencia, prudencia y decoro, tutelando los derechos y garantías constitucionales involucradas, en particular el derecho a la intimidad”.

Añadió que “se trata de un deber en todos los casos, en el marco de medidas de orden restrictivo como la presente y en particular en atención a tratarse de una senadora de la nación que fue dos veces presidenta de la República”.

Mientras se realizaban los allanamientos, la expresidenta permaneció en la casa de su hija menor, Florencia Kirchner, en la ciudad de Buenos Aires.

El caso, que ha provocado una conmoción en Argentina, comenzó con la publicación de ocho cuadernos escritos por Óscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, uno de los exfuncionarios más influyentes de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández (2003-2015).

En esas páginas, que un amigo de Centeno entregó a un periodista de La Nación y este al fiscal Carlos Stornelli, el chofer registró durante años a dónde, cuándo y con quiénes llevaba a Baratta, presuntamente para recoger sobornos que empresarios pagaban en efectivo.

De acuerdo con las anotaciones, Baratta recolectó por lo menos 200 millones de dólares que, en su mayoría, terminaron en manos de los Kirchner.

La investigación involucra a decenas de exfuncionarios y empresarios, muchos de ellos ya confesaron los delitos y se ampararon en la figura del “arrepentido” para poder seguir en libertad hasta que comiencen los juicios.

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