WASHINGTON.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos colocó a dos hijos del capo mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán en la lista de cabecillas del narcotráfico y embargó todos sus bienes en el país.
Los hijos del “Chapo” fueron identificados como Archivaldo Guzmán Salazar, quien fue arrestado en 2005 bajo cargos de lavado de dinero, pero luego liberado, y Ovidio Guzmán López, quien juega un “papel significativo” en el cártel de Sinaloa, según el Departamento del Tesoro.
El director de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC), Adam Szubin, señaló que Estados Unidos se lanzará “agresivamente” contra todos quienes faciliten las operaciones de tráfico de drogas de esa agrupación.
“Junto con el gobierno de México, seguimos firmes en nuestra resolución de desmantelar la organización de tráfico de drogas del ‘Chapo’ Guzmán”, dijo.
El Departamento del Tesoro incluyó, además, en la lista a Noel Salgueiro Nevares, identificado como jefe del cártel en el estado de Chihuahua, así como a Ovidio Limón Sánchez, actualmente bajo arresto y mencionado como lugarteniente en Sinaloa.
Limón Sánchez fue detenido por autoridades mexicanas en noviembre de 2011; en 2009, una Corte de California emitió un encausamiento en su contra por acusaciones múltiples de tráfico de drogas.
Se trata de la quinta ocasión en el último año que la OFAC ha focalizado y expuesto el apoyo a las estructuras del cártel.
En enero, el Tesoro colocó en la lista de cabecillas del narcotráfico a los presuntos narcos mexicanos miembros del cártel Oscar Álvarez Zepeda y Joel Valdez Benítez, de Culiacán, Sinaloa, así como al colombiano Carlos Mario Torres Hoyos, de Medellín.
En septiembre pasado, la OFAC sancionó al mexicano Alfredo Vázquez Hernández como coordinador del trasiego de dinero en efectivo del “Chapo”.
Desde 2001, “El Chapo” Guzmán fue incluido en la lista por el entonces presidente George W. Bush y en 2009 fue incorporado el cártel de Sinaloa en su conjunto.
La designación de los presuntos lugartenientes de “El Chapo” como parte de la legislación de cabecillas del narcotráfico incluye un embargo de sus bienes en Estados Unidos y la prohibición de cualquier transacción con entidades o personas norteamericanas.
La violación de las regulaciones implica penas civiles individuales de un millón de dólares por incidente; en el caso de las empresas, las multas son de por lo menos 5 millones de dólares y penas de 30 años de prisión.