Preocupa a empresarios salud de finanzas públicas en presupuesto

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Una de las principales preocupaciones en el análisis del Paquete Económico para 2020 es la salud de las finanzas públicas en un entorno de menor crecimiento, porque es una variable fundamental para mantener la estabilidad macroeconómica, consideró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

Destaca, por un lado, la baja en los ingresos del gobierno tanto los petroleros como los provenientes de impuesto; por otro, una caída en el gasto en exceso puede ser dañina si entorpece la actividad del gobierno en favor de la economía, como en el caso de la provisión de servicios de salud, ecológicos y educativos, por ejemplo, o si la contracción se da en la inversión pública.

Con datos de la Secretaría de Hacienda, expuso que las finanzas públicas para el periodo enero-julio, tuvieron resultados un tanto sorpresivos en materia de ingresos, que registraron una caída anual de 2.7 por ciento; de manera específica, en julio, el total de ingresos del sector público cayó 19.2 por ciento real en comparación con el mismo mes del año pasado.

El origen principal de la caída de los ingresos públicos en julio está en los ingresos no tributarios, particularmente en el rubro de aprovechamientos, que se redujo en 82.1 por ciento, respecto a julio de 2018, debido a que el año pasado hubo un importante ingreso no recurrente por concepto de ingresos excedentes (probablemente petroleros).

La segunda causa de la disminución de los ingresos públicos de julio pasado, añadió, fue la caída de 26 por ciento anual en los ingresos petroleros, debido a la disminución en la producción de crudo, la menor venta interna de petrolíferos y al menor precio del petróleo de exportación.

De acuerdo con dicho centro, lo que podría generar mayor preocupación es la disminución de 7.5 por ciento en los ingresos tributarios registrados con relación a julio de 2018, especialmente por la baja de 10.1 por ciento en la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y de 7.9 por ciento en la del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Por otro lado, el gasto público en julio tuvo un incremento anual de 6.4 por ciento, que fue su primera alza en lo que va del año y reflejó principalmente el comportamiento de tres rubros del gasto; subsidios, transferencias y aportaciones que creció 36.9 por ciento anual, otros gastos de operación, 31.1 por ciento, y costo financiero de la deuda, 12.4 por ciento.

No obstante, la tendencia del gasto público se mantiene a la baja; el gasto primario público (que excluye costo financiero) bajó 4.1 por ciento en enero-julio en términos anuales.

De hecho, el constante recorte al gasto, o ahorro como lo definen las autoridades, ha sido significativo en lo que va del año, ya que representa una diferencia negativa de casi 200 mil millones de pesos respecto a lo programado para ese periodo, indicó el organismo del Consejo Coordinador Empresarial en su Análisis Económico Ejecutivo semanal.

“La reducción del gasto gubernamental es bienvenida en la medida que significa un ahorro y una racionalización en el uso de los recursos públicos. Pero puede ser excesiva y dañina si entorpece la actividad del gobierno en favor de la economía o si la contracción se da en la inversión pública. De hecho, para el periodo enero-julio ésta fue 15.8 por ciento menor a la del mismo periodo del 2018”.

Adicionalmente, abundó, es posible que el magro ritmo de crecimiento de la economía derive, a su vez, en mayor debilitamiento de las fuentes de recursos del sector público.

“Ello pondría en riesgo el cumplimiento de las obligaciones del gobierno con la población y dificultaría el mejoramiento del bienestar de la población”, aseveró.

Los programas sociales y de infraestructura pública requieren una importante cantidad de recursos, ciertamente, pero para que sean efectivos, se requiere que sean evaluados respecto a su rentabilidad social.

El logro de los objetivos de balance primario y deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) es pertinente y necesario para la estabilidad económica, para lo cual es necesario racionalizar el gasto público y en muchos casos reducirlo, pero también es necesario hacerlo más eficiente, a fin de que realmente impacte positivamente el crecimiento del PIB y asegure los objetivos deseables respecto al bienestar social.

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