México está preparado para dar alternativas laborales a repatriados

Alfonso Navarrete Prida aseveró que el gobierno mexicano cuenta con programas y convenios con varios países centroamericanos para atender el problema de la migración laboral, desde una óptica de la realidad económica

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México está preparado para recibir y ofrecer alternativas laborales a los mexicanos repatriados de Estados Unidos, aunque no se ha observado un incremento sustancial en este fenómeno en los primeros días del nuevo gobierno estadounidense, afirmó el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida.

En conferencia de prensa, en la que entregó la toma de nota a la nueva dirigencia de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), aseveró que el gobierno mexicano cuenta con programas y convenios con varios países centroamericanos para atender el problema de la migración laboral, desde una óptica de la realidad económica.

Detalló que en los últimos ocho años la deportación de connacionales fue de 2.5 millones y el país ha podido absorber esa mano de obra y en los primeros días del gobierno de Donald Trump no se observan flujos mayores.

El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) refirió que un programa específico es de apoyo a repatriados que incluye entrega de dinero para el transporte a sus lugares de origen y para que ingresen al Servicio Nacional de Empleo, donde generalmente obtienen varias opciones laborales y las aprovechan.

“Estamos preparados para ayudar y asistir a nuestros connacionales con este programa de la STPS y otro que firmó la Secretaría de Gobernación con la iniciativa privada para generar bolsas de trabajo”, subrayó.

Dijo que en octubre de 2016 la Secretaría del Trabajo firmó un acuerdo con los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador) en materia laboral, a fin de avanzar hacia una migración ordenada y que servirá también para mitigar la contención de entrada de personas de esas naciones a Estados Unidos.

Navarrete Prida citó también el caso de 60 mil migrantes de Haití que se estancaron en Tijuana y no pudieron pasar a Estados Unidos y a quienes las autoridades mexicanas han dado cabida y opciones laborales.

Del mismo modo, refirió un convenio firmado con el gobierno de California, donde radican y trabajan el mayor número de migrantes mexicanos, para facultar a la Secretaría del Trabajo en la inspección y supervisión del respeto a los derechos humanos y laborales y ofrecerles asistencia y apoyo para evitar la explotación.

El funcionario comentó también el programa de trabajadores agrícolas temporales entre México y Canadá, que es una muestra mundial de migración legal y ordenada y que lleva ya 40 años de existir y de fortalecerse, con beneficios para ambos países.

En otro tema, el titular de la STPS señaló que en materia de salarios y el impacto que pudiera haber tenido en ellos el aumento al precio de los combustibles, “esperarán al análisis que hagan instituciones como el Coneval y el INEGI, para saber de qué tamaño es la afectación”.

Adelantó que con cifras de la STPS se calcula que el salario mínimo ha sufrido una pérdida de su poder adquisitivo de hasta 3.0 por ciento y se cree que podría alcanzar una baja de hasta 5.0 por ciento, luego de haber recuperado hasta 18 por ciento en los últimos cuatro años, tras décadas de sufrir un descenso de hasta 70 por ciento.

Incluso, sostuvo que con esas cifras oficiales, si se comprueba esa tendencia de afectación se volverán a reunir con los factores de la producción (empresarios y sindicatos) para analizar las formas de contenerla e incluso revertirla.

De momento, señaló que en las primeras revisiones de los salarios contractuales se ha observado la voluntad de empleadores y sindicatos para no caer en una escalada de precios y salarios, pues han alcanzado acuerdos de incrementos razonables y justos.

Sobre el posible nuevo ajuste en el precio de las gasolinas previsto para febrero y con ello nuevas manifestaciones sociales, Navarrete Prida subrayó que el gobierno de México es respetuoso del derecho de los ciudadanos a expresar su malestar y demandas legítimas.

Empero, subrayó que lo que sí rechaza es que dichas actividades afecten a terceros, se hagan con violencia y se cometan delitos, y dijo que sin caer en la represión, las autoridades buscarán aislar a quienes incurran en esas prácticas.

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