Concede SCJN a Banxico suspensión de efectos de Ley de Remuneraciones

Determinación luego de que el ministro Alberto Pérez Dayán admitiera a trámite controversia constitucional que promoviera

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió al Banco de México (Banxico) la suspensión de los efectos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019.

Lo anterior, luego de que el ministro Alberto Pérez Dayán admitiera a trámite la controversia constitucional que promovió el Banco Central contra dicha ley y el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2018.


En un comunicado, la SCJN informó que el ministro instructor acordó de manera favorable la solicitud formulada por el Banxico para suspender los efectos del presupuesto combatido.

En ese sentido, precisó que por lo que hace a la ley, prevalece lo dictado en las acciones de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018, es decir, se debe estar a aquel proveído en el que ordenó la suspensión de los efectos y consecuencias de ese ordenamiento.

Por lo que hace al Presupuesto de Egresos, concedió la suspensión para el efecto de que lo dispuesto en el Artículo 16 no se utilice como parámetro para determinar las remuneraciones de los servidores públicos del Banco de México.

Lo anterior, hasta en tanto se resuelva el fondo de la controversia, de ahí que subrayara que no se suspende en lo general dicho presupuesto.

La Corte indicó que la medida cautelar tiene como consecuencia que esas remuneraciones se fijen observando lo dispuesto en el Artículo 127 de la Constitución Federal.

Es decir, sus límites y excepciones, en el entendido de que ningún servidor público podrá recibir remuneración mayor a la establecida para el presidente de la República.

En el propio acuerdo se hace referencia a la autonomía del Banco de México en el ejercicio de sus funciones y su administración, en virtud de que su Junta de Gobierno aprueba el presupuesto de gasto corriente e inversión física, en términos de la ley que le rige.

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