Inhibe procuraduría capitalina denuncia

Ministerio Público parte más débil donde se rompe la eficacia del sistema penal

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El Ministerio Público es la autoridad encargada de investigar los hechos criminales, así como encontrar al responsable o responsables, ofrecer pruebas ante un juez y buscar una sanción conforme a la ley.

La tarea que consiste en investigar los delitos es todo un fracaso en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX).

Las irregularidades que enfrenta la Procuraduría capitalina, especialmente la descarada corrupción de los servidores públicos, es factor que puede llevar a las personas a decidir no denunciar.

El Ministerio Público es la parte más débil donde se rompe la eficacia del sistema penal y es muy evidente que es un total desastre en la Ciudad de México.

 

¿CORRUPCIÓN O INCOMPETENCIA?

Es mucho lo que falta en la Procuraduría, pero lo que más sobresale en los Ministerios Publicos es la falta de preparación académica, los bajos salarios, inexistencia de controles y la extrema corrupción con la que se manejan.

El trabajo de los ministerios públicos es realmente lamentable y condenable, y lo más absurdo es la exhortación del propio Ministerio Público hacia la víctima para que se desista de proseguir con su denuncia, como es el caso de PNA (quien omitimos su nombre por razones obvias), quien ha enfrentado todo tipo de obstáculos y violaciones a sus derechos humanos por parte de las autoridades capitalinas.

Para muestra un botón: En las denuncias que interpuso PNA con el número de carpeta CI-FDTP/TP-1/UI-1C/D/00031/03-2017 en contra de VÍCTOR MANUEL VELÁZQUEZ RANGEL y JORGE CRUZ ROMERO, los ministerios públicos que han tenido a su cargo dicho expediente, no han realizado las investigaciones pertinentes, alteraron el expediente intencionalmente, es decir, escribieron argumentos inventados en los expedientes que la víctima no dijo y omitieron escribir lo que sí comentó y que son datos clave para acreditar el delito.

Posteriormente la Procuraduría capitalina hizo un desglose de la Fiscalía de trata de personas a la Fiscalía de delitos sexuales (es decir, no clasificaron bien el delito) con la finalidad de esconderle a la víctima las carpetas de investigación por un año.

Esta medida es muy extraña, todo indica que se hizo con el claro propósito de beneficiar a los imputados; ahora, si no fue así, pues es más grave todavía, pues eso quiere decir que hay incompetencia en los ministerios públicos y esto propicia que no haya justicia en favor de las víctimas.

 

A COLACIÓN

Esto viene a colación porque la Ministerio Público Lic. CLOTILDE GARCÍA MARTÍNEZ determina el “no ejercicio de la acción penal” en las dos carpetas de investigación de PNA con delitos considerados graves en la ley… y aún teniendo el dictamen hecho por la propia Procuraduría, en donde se acreditan los daños que tiene PNA, adicional a esto se inventan una firma para acreditar que la víctima fue notificada de dicha determinación cuando en realidad nunca se le notificó.

Esto es muy grave, pues es una señal de que hay complicidad entre la MP y la propia defensa de los imputados, Víctor Manuel Velázquez Rangel y Jorge Cruz Romero.

Ante esta situación PNA interpone un Juicio de Amparo, mismo que gana y en la resolución de amparo se señalan todas las anomalías del Ministerio Público conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, así como la violación a sus derechos humanos.

En el mismo sentido, dos jueces del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, radicados en el Reclusorio Oriente,  ordenan notificar a PNA, el 7 de junio de 2019 y el 11 de julio de este año, y dichos jueces ordenan abrir la carpeta de investigación, así como realizar las investigaciones pendientes para esclarecer los hechos que denunció PNA.

Cabe resaltar que la decisión de los jueces le valió ‘máiz’ a la MP, pues ni siquiera pasó un mes cuando la Lic. ANA MARÍA GUTIÉRREZ DOMÍNGUEZ, sin realizar las investigaciones ordenadas por el juez, ni aceptar las pruebas que la víctima ofrece, acuerda que se cierre la carpeta buscando nuevamente hacer todo un camino de obstáculos a PNA para que renuncie a su derecho legítimo de tener justicia.

De ese ‘tamaño’ el Estado le niega a la víctima la certeza jurídica.

Por esta situación hay muchas veces que no hay justicia en México, porque todo se mueve con el poder del dinero.

Esa es la explicación para que anden libremente y gozando de impunidad Velázquez Rangel y Cruz Romero, pues sólo basta con que el abogado Rafael Anzures Ortiz se acerque a los MP y lleguen a un buen arreglo para que estos se detengan y no los investiguen.

 

EXAGERADA IMPUNIDAD

Lo inverosímil y lo increíble es cómo los propios servidores públicos son los promotores de la exagerada impunidad que existe hoy en día.

Por casos como este y los miles que existen en todo el país, es que aumenta día tras día la indignación, las protestas y el enojo de todas las mujeres que han sido víctimas de agresiones sexuales, pues a las autoridades capitalinas no les importa hasta dónde se arriesga una víctima al hacer una denuncia.

La gravedad de estos casos es que de una forma más que descarada se dedican a lucrar con las carpetas de investigación, ya que nadie vigila a los ministerios públicos y no ponen atención en sus maniobras de corrupción con los imputados.

Por eso el clamor de ya basta a la impunidad, ya no más violencia de género, ya no más feminicidios.

Desde la sociedad civil debe existir una consecuencia legal. No es posible que los ministerios públicos, que en estricto sentido son quien representa el interés legítimo de los ciudadanos y principalmente de las víctimas, se mantengan en su puesto cuando no procuran la justicia, colaboran a encubrir delincuentes, no respetan la ley, por lo que tienen un alto porcentaje de pérdidas de casos ante los tribunales.

La función primordial de los MP es velar por la justicia de las víctimas, pero no es así, se lucran las carpetas de investigación y eso es corrupción, el cáncer que ataca día tras día el Presidente Andrés Manuel López Obrador desde que tomó posesión el 1 de diciembre del año pasado.

No se vale que malos funcionarios pongan en entredicho la labor de Claudia Sheinbaum, quien siempre ha dicho estar del lado de las víctimas, y de Ernestina Godoy, que siempre trabaja para aplicar todo el peso de la ley a los responsables de cometer delitos.

Es innegable que el caso PNA pone a prueba al Poder Judicial. ¿Quién ganará: el poder de la ley o el poder del dinero? Ya lo sabremos.

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