Con muchas ganas de entender las presiones del Ejército en la lucha contra el crimen organizado, el ataque a la familia De León, en la carretera Monterrey–Nuevo Laredo, parece más que un exceso de nervios, en un ataque sin justificación aparente.

El Presidente Felipe Calderón no puede suprimir una de las libertades fundamentales de los ciudadanos: El libre tránsito, por una especie de estado de excepción, donde todos los mexicanos somos sospechosos de ser delincuentes mayores.

La acumulación de errores del Ejército en actividades civiles se anota como triunfos del crimen. No es posible resignarse a falta de tacto, al hecho de que los militares no están formados para eso, y que el Presidente Calderón no tiene otra institución más confiable.

De resultar culpables en la investigación del Ministerio Público federal o el militar, los involucrados que dispararon serán sentenciados de 30 a 60 años de prisión. Tan injusto para alguien que cumple órdenes como para las dos víctimas: Vicente de León y su hijo Alejandro, de 15 años, más la familia herida.

Esperemos que en estos días el Presidente no recicle la oratoria que sentencia: No retiraré al Ejército de las calles, aunque me lo pidan. No puede echar a andar una maquinaria que observa, juzga y aplica en un instante juicios sumarios. No es el primer gran error, ni el segundo o tercero, y al parecer el criterio que aplican los militares en las calles se está distorsionando cada vez más, por estrés o lo que sea.

A todos los mexicanos nos consta que en desastres naturales son imprescindibles, que apoyando a la población en crisis sanitarias son organizados y eficientes; pero también los vimos en acciones donde fueron asesinados estudiantes del Tec de Monterrey, y los niños Almanza en Tamaulipas. En Sinaloa han abatido a jóvenes, niños y padres de familia, ejerciendo el derecho constitucional al libre tránsito; que en ese momento al Ejército le pareció sospechoso, pues alguien es responsable por una mala operación; que Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León son lugares infestados por el narcotráfico, sí, pero la inmensa mayoría de los pobladores no tiene nada que ver con la delincuencia organizada.

¿En qué medida los mexicanos tendríamos que renunciar a los derechos civiles para subsanar deficiencias del método impuesto por el gobierno federal al combatir el crimen organizado? Yo pienso que en ninguna.

Es admirable la nobleza de José Luis de León Castellano, hermano del joven Alejandro, abatido ayer; y de los padres de los estudiantes del Tec de Monterrey. Todos dicen comprender la guerra contra el crimen, sin embargo, no cabe en el concepto de nación democrática, de Estado no fallido, que en el tránsito cotidiano, el estrés de unos militares apostados en un retén carretero, o en un convoy en las afueras de cualquier zona urbana, masacren a ciudadanos como usted y yo.

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