Jueves 17 de mayo de 2012 Última actualización: hace 1 minutos

Nacional

Entregan a la Cámara expediente sobre irregularidades y presión por obra del Bicentenario

Lujambio protegió corrupción por la 'Estela de la luz'

Autor: Redacción

El arquitecto Carlos Pérez Becerril presenta documentos a Pablo Escudero, presidente de la Comisión de la Función Pública. 'Me han presionado para que no revele corrupción', afirma

Aunque el costo inicial de la columna ‘Estela de la Luz’ era de 400 millones de pesos, el precio se habría elevado a más de mil millones

Aunque el costo inicial de la columna ‘Estela de la Luz’ era de 400 millones de pesos, el precio se habría elevado a más de mil millones

Un legajo de documentos acreditaría irregularidades y corrupción en el otorgamiento del diseño, concesión y ampliación del costo de la Estela de Luz del Bicentenario.

La documentación fue hecha llegar por el arquitecto Carlos Pérez Becerril, a quien se encargó el diseño de la obra, a Pablo Escudero Morales, presidente de la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados.

En el legajo, el profesionista da cuenta de las presiones, “de distintas formas”, de las que ha sido objeto por parte del propio titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Alonso Lujambio, de su personal, de la empresa I.I.I. Servicios y del corporativo Gutsa, para que no hable ante los medios de comunicación ni denuncie la corrupción existente.

Así, una vez que revisara parte de la documentación que se le hizo llegar, Escudero Morales, legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aseveró que, de inicio, el gobierno federal no debió permitir la participación de Gutsa en la licitación para la Estela de Luz, que, dicho sea de paso, si bien debía estar lista para los festejos de septiembre pasado, aún está en construcción, “debido a que está inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública”.

E hizo notar:

“El costo inicial de la columna era de 400 millones de pesos, y aún así el gobierno le entregó a Gutsa un anticipo de 200 millones; después acordaron una ampliación del contrato por otros 400 millones con la misma compañía. Así, le volvieron a entregar otro anticipo de 200 millones, lo cual explica, en parte, por qué el precio se ha elevado a más de mil millones de pesos”.

Ante la gravedad de la situación, Escudero Morales dijo haber solicitado la certificación del legajo ante notario público para acreditar su autenticidad y evitar que la SEP “después los declare desaparecidos o inexistentes”.

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